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La Mirada

La justicia está en riesgo, hoy más que nunca.

7 Min de lectura

Víctor M. Ruano P.

Jutiapa, 30 de Julio 2020

Vivimos momentos difíciles y desafiantes en el país, no solo por la pandemia y el erróneo modo como se ha manejado desde el principio por parte del gobierno, sino por el manoseo que pretenden seguir haciendo de la justicia las mismas autoridades. La justicia está en riesgo.

No estaban preparados para gobernar. En cuanto a la pandemia, ciertamente ningún país estaba preparado, mucho menos este gobierno, que a los pocos días de asumir el poder, le tocó enfrentar esta crisis, que no solo desnudó de un solo golpe la cruda realidad de nuestro pueblo, producto de la corrupción e impunidad, sino destapó lo poco preparados que estaban para gobernar el país después de 20 años de buscar el poder.

Estos son algunos signos. El cambio de ministros en menos de seis meses de gobierno, ministros con pocas luces pues es evidente su falta de protagonismo y mediocridad, el gobernar mediante medidas represivas como lo muestran los seis Estados de Sitio implementados en tan poco tiempo y con muy pobres resultados, ninguna iniciativa en el ámbito internacional ni siquiera la propuesta de una dinámica de integración a nivel centroamericano para enfrentar la pandemia, neutralizada la lucha contra la corrupción no obstante la Comisión Presidencial que crearon. Lamentablemente es un gobierno que va en picada hacia el fracaso y perdiendo credibilidad ante la población, y las últimas encuestas de opinión lo revelan.

Empeñados en mantener el régimen de impunidad. Pero lo más grave es constatar que, en medio de la pandemia, este gobierno y sus aliados del sector económico más poderoso, están empeñados en mantener el régimen de impunidad y corrupción que tiene a nuestro país entre los más empobrecidos del continente. No les importa luchar por mantener cooptado el sistema de justicia. 

No tienen interés en cambiar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni los magistrados de las Salas de Apelaciones, porque les resultan cómodos a sus intereses. Como recordarán los actuales magistrados fueron negociados el año 2014, e impuestos por Roxana Baldetti, Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. 

La mayoría de ellos están al servicio del Pacto de Corruptos, que ahora integran la Junta Directiva del Congreso y desde ese alto organismo del Estado, lideran la lucha por el control de las Cortes. Esta Junta Directiva responde a los intereses de los siguientes partidos: Vamos, Prosperidad Ciudadana, FCN, UCN, TODOS, VIVA, Unionista, Valor, PAN, Humanista y la fracción de la UNE que responde a los intereses de Sandra Torres y Gustavo Alejos Cámbara.  

Una vez que expulsaron a la CICIG, coparon el MP, atacaron a jueces y fiscales independientes que no se plegaron a ellos, conformaron un Tribunal Supremo Electoral a su servicio, nombraron un Contralor General de Cuentas que no pinta para nada y se apoderaron de la SAT, ahora van contra el Procurador de los Derechos Humanos y contra los magistrados de la CC, y están dispuestos controlar las nuevas Cortes. Así, son los Kakistócratas los que gobiernan Guatemala. 

Las consecuencias. Es todo el país que está en riesgo, porque la justicia está en manos de criminales que sirven a corruptos y, como controlan el poder y tienen dinero, están dispuesto a todo con tal de defender sus intereses y sus privilegios, tal como lo empezaron a hacer con el gobierno de Jimmy Morales. 

A esta clase política corrupta no le importa para nada la búsqueda del bien común, el Estado de Derecho, la consolidación de la democracia, el desarrollo integral del país, la paz en nuestra nación, la inclusión de los pueblos indígenas y las respuestas eficientes a sus legítimas demandas, la superación de los escandalosos niveles de pobreza, el abandono de los hospitales. En definitiva, no les importa el país, ni su gente.

A esa conclusión llegué después de haber participado en un foro virtual organizado el pasado 22 de julio por “Alianza por las Reformas”, coordinado por el periodista Ben Kein Chin, en el que participó la diputada Andrea Villagrán, el periodista Pedro Pablo Marroquín, del Diario La Hora, y Elenora Murralles de Alianza por las Reformas. 

Lo más destacado del foro. Es alentador constatar la claridad con la que se expresan estos líderes y profesionales de la sociedad civil de cara a la crisis por la que atraviesa la justicia en el país; el compromiso serio que tienen en favor de la ciudadanía desde las trincheras de cada uno; la convicción que muestran para no permitir jamás vivir en una nación donde unos pocos pretenden decidir sobre el futuro del país en base a sus espurios intereses.

Se habló de la necesidad de empoderar a los ciudadanos, propiciar información veraz y objetiva que llegue a todos, facilitar la organización y la participación de la población, salir de la indiferencia o apatía ante los problemas sociales y de justicia, fiscalizar la gestión de las autoridades. Con los diputados, ejercer el derecho de la presión social, conocer lo que hacen, tener el valor de exigirles, y sobre todo, saber por quienes van a votar en la elección de los magistrados.

La justicia, fundamental para la dignidad de los pueblos. El tema de la justicia es fundamental para la vida y dignidad del ser humano y de los pueblos. Los mayores riesgos que enfrenta le vienen del mismo sistema político que hemos forjado, un sistema disfuncional, frágil y corrupto que se deteriora progresivamente.

Lo más trágico es constatar que la misma autoridad es la que la pone en riesgo, junto a muchos estudiosos del Derecho, cuya erudición jurídica la ponen al servicio de estas mafias incrustadas en el Estado, dejando a la ciudadanía a la deriva, sin protección y a merced de los más poderosos. Sin justicia, como decían San Agustín, los Estados son bandas criminales.

¿Quiénes corrompen el sistema de justicia?. Políticos y partidos a quienes les interesa tener cooptado el sistema; abogados al servicio, no de la ley y la justicia, sino del crimen, de mañosos y corruptos; magistrados y jueces venales; diputados que nos les importa socavar el sistema de justicia con el fin de proteger sus negociosos y sus interesesAdemás, un Ejecutivo encabezado por el presidente que no tiene el carácter ni la determinación para fortalecer el sistema de justicia, más bien le conviene contar con un sistema de justicia ajustado a sus intereses.

A ello se suma una elite económica que, con tal de mantener sus negocios y sus privilegios, le importa un comino la situación de la justicia, no reconociendo que con esa actitud alejan la inversión de capital limpio, que requiere el país. Finalmente, un MP que perdió el dinamismo en favor de la justicia que traía desde la gestión de Claudia Paz y Paz. En este momento no está danto la talla.

La justicia está en riesgo porque los operadores de justicia independientes, apegados a la ley y a su genuino espíritu, corren peligro permanentemente por: los cacicazgos de políticos locales, por el poder que ejercen los narcotraficantes, por la ausencia de la institucionalidad del Estado, y por la poca valoración y estímulo de las altas autoridades del mismo sistema de justicia hacia jueces y fiscales independientes.

Tres hechos paradigmáticos, evidencian el riesgo de la justicia

  1. Prepotencia del gobernante. El primer hecho se visualiza en la prepotencia y el autoritarismo del Presidente de la Republica, frente a la autoridad de los pueblos originarios en San Juan Comalapa, Chimaltenango, donde las legítimas demandas de los pueblos indígenas no fueron escuchadas, sino calificadas de “sarta inconsistencias”, sin antes tener la delicadeza y la educación para escuchar. 

¿Cómo no va estar en riesgo la justicia cuando desde el mismo Presidente, que representa la unidad de la nación, ni siquiera escucha los clamores de su pueblo? Desde ese hecho tan deplorable los llamados a la unidad que hace el Presidente son palabras vacías y la pregunta en su discurso inaugural: “¿Y si nos unimos?”, resulta una ofensa. Este hecho revela la existencia de un Estado que se niega a ofrecerle justicia a los puebles originarios, con quienes tiene una deuda social histórica.

  • Acciones represivas. El segundo hecho es el Estado de Excepción, impuesto en los municipios de El Estor, Livingston, Morales, de Izabal; Panzós y Santa Catarina la Tinta de Alta Verapaz, bajo una Ley de Orden Público, que es anterior a la Constitución de la República de Guatemala. 

No se puede gobernar con acciones represivas, propias de regimenes militares, violando garantías constitucionales de los ciudadanos y de los pueblos. El que se impuso en la zona del Polochic, conlleva la alianza del poder económico con el poder político que va con toda su fuerza en esa zona tan vilipendiada en los pueblos originarios ahí presentes. 

¿Cómo no va estar en riesgo la justicia cuando la elite económica y poderosa de nuestro país en alianza con el Estado, se van como un leviatán contra la población más empobrecida y excluida de nuestro país?

Este hecho revela la injusticia del Estado en contra de los más empobrecidos, con el fin de proteger al poder económico minero y de la Palma Africana. 

  • Criminalización de líderes. El tercer hecho se refiere a la criminalización de parte del Estado de numerosos líderes sociales, que son la reserva ética del país en la lucha por la custodia de nuestra casa común, el planeta Tierra; por la defensa de los derechos humanos y de los pueblos; por el esfuerzo que hacen impulsando el desarrollo integral en sus comunidades; y por el interés que ponen por abrirle paso a un regimen democrático incluyente y participativo. 

En el municipio de Quesada, Jutiapa, tenemos un ejemplo de tantos que suceden en todo el país, de ciudadanos dignos que arriesgan hasta sus vidas por estas causas. Entonces, ¿cómo no va estar en riesgo la justicia, cuando los ciudadanos se involucran en estas tareas que buscan el “buen vivir” de sus vecinos y se enfrentan a la persecución del Estado? Este hecho revela la injusticia de un Estado excluyente, que niega el desarrollo integral y sostenible de sus ciudadanos, con tal de proteger el capital extranjero. 

Conclusión 

La lucha por la justicia constituye un imperativo ético y evangélico, porque en la conducta histórica de Jesús, el tema de la justicia está ligado intrínsecamente, a lo que fue el tema central de su propuesta de vida para este mundo que llamamos el Reinado de Dios y que Jesús presentó en parábolas para implicarnos sin tregua, en esa lucha, que es la voluntad de Dios, por una vida digna de los pueblos.

Audio : La justicia está en riesgo, hoy más que nunca/Padre Victor Ruano

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