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Investigación

Covial y Caminos: El sendero de la corrupción.

13 Min de lectura

Durante los últimos dos años, Covial y la Dirección General de Caminos han otorgado contratos millonarios a constructoras que han sido señaladas por el Ministerio Público (MP), en casos de corrupción. La empresa SBI International Holdings AG, señalada en la fase 2 del caso Construcción y Corrupción obtuvo Q1 mil millones en 2018 y 2019.

Para Factor 4 Sonny Figueroa / Marvin Del Cid

Diagramación Factor 4.

*Esta investigación está dividida en 2 partes, cada una en su respectiva pestaña.

Covial y Caminos: Q1 mil 600 millones a constructoras con vínculos a corrupción

En dos años, siete constructoras con vínculos directos en casos de corrupción recibieron contratos por Q.1 mil 629 millones. SBI International Holdings AG señalada de dar Q.47 millones en comisiones ilícitas a Alejandro Sinibaldi, obtuvo contratos por arriba de los Q.1 mil millones. Construcciones Integrales de Avanzadas, Sociedad Anónima que tiene como dueño a Gustavo Alejos, procesado en cinco casos de corrupción, recibió Q.442 millones.

Además, cuatro constructoras de los exdiputados Oscar Armando Escribá Morales y Carlos Humberto Herrera Quezada, señalados en los casos Construcción y Corrupción fase 1 y Plazas Fantasma, registraron proyectos por Q81 millones.

La legislación actual prohíbe al Estado firmar contratos con empresas cuyos funcionarios hayan sido condenados por delitos que atenten contra la administración pública, pero no existe una inhabilitación temporal, mientras los casos continúan en un juzgado y se resuelvan, lo que permite que las empresas sigan obteniendo contratos millonarios.

SBI International Holdings AG: Q1 mil millones

El 14 de enero de 2018 fue presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la segunda fase del caso Construcción y Corrupción, que reveló que constructoras pagaron comisiones ilícitas al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, a través de Off Shore con el objetivo de obtener contratos.

La investigación detalla que las constructoras SBI International Holdings AG y Solel Boneh por medio de la Offshore Water Resources Development, realizó transacciones a las también Off Shore Calatraba Oil & Energy Corporation y Lenneberg Investment Corporation, en los años 2009, 2013 y 2014, que eran usadas por Sinibaldi para la recepción de sobornos en cuentas bancarias en Panamá.

(Una off shore es una empresa de cartón que está registrada en un país en el que no realiza ninguna actividad económica. Los países en los que están constituidas las off shore suelen ser paraísos fiscales, que ofrecen un pago mínimo de impuestos).

Solel Boneh y SBI International Holdings AG, pagaron en concepto de sobornos a Alejandro Sinibaldi la suma de US$.6 millones 116 mil (unos Q.47 millones 100 mil) mediante la simulación de acuerdos de asesoría. Un pago de US$.600 mil identificado en 2009 a Sinibaldi, corresponde a cuando fue diputado del Congreso y según la fiscalía, fue porque logró agilizar el pago por la construcción de un tramo carretero en la Franja Transversal del Norte, valorado en Q.2 mil 180 millones.

Esa misma investigación del MP y la Cicig, detectaron que SBI International Holdings AG financió ilícitamente al cancelado Partido Patriota (PP) en la campaña de 2011, por un monto de Q.134 mil distribuidos en ocho pagos.

El 11 de enero de 2019, fue detenido en Bulgaria, Azayira Levy, de nacionalidad israelí, quien fue gerente general para Latinoamérica de SBI International Holdings AG de 1999 a 2018. Fue el firmante del contrato entre la empresa y el Estado para la construcción del tramo carretero que se construyó en la Franja Transversal del Norte.

Azayira Levy fue capturado por la Interpol por los delitos de lavado de dinero, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) envío información al gobierno de Bulgaria, porque no existe un acuerdo de extradición entre ambos países.

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, explicó a Factor 4 que la fiscalía trasladó la información al Ministerio de Relaciones Exteriores para que llevara el expediente a Bulgaria, pero por atrasos en la traducción de los documentos, que duró más de 30 días, el gobierno búlgaro dejó en libertad al señalado por lo que actualmente se mantiene prófugo.

Por este caso se encuentran prófugos Ariel Aharon Saharabani, Yoseph Ahimas y Gabriel Adrián Gluschancoff por los delitos de lavado de dinero y cohecho activo. Ellos tienen vínculos con ambas constructoras.

A pesar de los vínculos de corrupción, la Dirección General de Caminos (DGC), le sigue otorgando adjudicaciones a SBI International Holdings AG. Durante el 2018 y 2019, les fueron concedidos siete contratos por Q.1 mil 40 millones.

En 2018, SBI International Holdings AG recibió contratos por Q.962 millones 999 mil. El 26 de marzo se hizo pública la adjudicación de cuatro concursos a favor de la constructora que fueron operados en 19 minutos en el portal Guatecompras, para lo cual se subieron las resoluciones del entonces Ministro de Comunicaciones, Aldo García Morales.

Los documentos que avalaron las adjudicaciones y firma de contratos por Q.682 millones 296 mil fueron firmados el 22 y 23 de marzo por García Morales. Posteriormente, el 11 de abril fue adjudicado un quinto concurso a la empresa por Q.217 millones 803 mil, cuya acta de adjudicación fue firmada por el entonces ministro, un día antes.

Estos cinco proyectos carreteros se financiaron de un préstamo de US$.100 millones, firmado con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, siglas en inglés) aprobado por el Congreso de la República en 2009. y estaban distribuidos de la siguiente manera:

Para el primer tramo tres empresas presentaron ofertas: La Constructora Carrillo Caycedo, Sociedad Anónima fue descartada por falta de documentación y la Constructora Nacional, Sociedad Anónima (CONASA), fue descartada porque su propuesta de Q.252 millones 955 mil superaba la oferta de SBI International Holdings AG deQ.189 millones 858 mil.

En la apertura de ofertas del segundo proyecto, la Constructora Carrillo Caycedo, S.A. también fue descartada por falta de documentos. Tras ser el único oferente que presentó toda la papelería, la construcción le fue adjudicada a SBI International Holdings AG por Q,162 millones 783 mil.

SBI International Holdings AG resultó beneficiado en el tercer proyecto luego de que la Constructora Nacional, S.A. fue descartada por no cumplir con los requisitos técnicos. El proyecto fue adjudicado por Q.217 millones 803 mil.

El cuarto proyecto fue fácil para la Junta de Licitación, porque la diferencia de Q.70 millones fue el factor determinante para que a SBI International Holdings AG se le diera el contrato, ya que presentó una oferta de Q.195 millones 883 mil, versus los Q.267 millones 426 mil de la Constructora Nacional, S.A.

En el último concurso tres empresas presentaron ofertas. Nuevamente a la Constructora Carrillo Caycedo, S.A. se le descartó por falta de documentación y la Constructora CODICO, Sociedad Anónima fue descartada porque su propuesta de Q.135 millones 415 mil superaba la oferta de SBI International Holdings AG deQ.133 millones 770 mil.

A excepción del tercer concurso, las Juntas de Licitación de los cuatro tramos fueron integradas por Julio Borneo Miranda Turuy, quien integró previamente 54 juntas; Mónica Isabel Nájera Socorec, quien participó en 251 y Edgar Amílcar Quiñónez Berganza, quien fue designado en 266.

Factor 4 solicitó a través de acceso a la información pública un listado de adjudicaciones. En ese documento el Ministerio de Comunicaciones aseguraba que no hubo otras empresas oferentes y solo SBI International Holdings AG presentó propuestas, sin embargo, al cruzar la información en Guatecompras, se encontraron los nombres de la Constructora CODICO, S.A., Constructora Carrillo Caycedo, S.A. y Constructora Nacional, S.A.

Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones durante una gira de prensa durante 2012. Crédito / Diario de Centroamerica

CIANSA: una constructora de Gustavo Alejos

Construcciones Integrales Avanzadas, Sociedad Anónima (CIANSA), fue constituida en febrero de 2008, y su primera sede fue una bodega ubicada en la calzada San Juan, zona 7 de la Ciudad Capital, propiedad de Gustavo Alejos. Tras los contratos millonarios recibidos por el Estado, ahora su sede queda en Europlaza, zona 14.

Una investigación de ConCriterio reveló que dos empresas Off Shore, que fueron compradas a la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en Las Islas Vírgenes Británicas, son las propietarias de CIANSA. Una de las Off Shore llamada Lashmar, S.A. le pertenece a Alejos.

Del 2008 al 2019, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha otorgado contratos por Q.879 millones 729 mil a la constructora. Solo las adjudicaciones recibidas en 2018 y 2019 representan el 50.34 por ciento (Q.442 millones 893 mil) del total, es decir, en los últimos dos años del Gobierno de Jimmy Morales, recibió lo que hizo en los diez años previos. La Dirección General de Caminos otorgó estos últimos proyectos.

En muchos concursos millonarios las Juntas de Licitación excluyen a empresas por pequeños errores dentro de la papelería. Estas exclusiones por fallos mínimos que pueden ser solucionados, y afectan las finanzas del Estado porque se paga más por las obras.

Un ejemplo de esto ocurrió en 2018, cuando Construcciones Integrales Avanzadas, Sociedad Anónima, tuvo un contrato de Q.96 millones 939 mil por la construcción de un tramo carretero en San Marcos. En el concurso participó la Constructora Nacional, S.A. (CONASA), cuya oferta fue rechazada porque en dos páginas faltaban sellos y firmas. SBI International Holdings AG también participó y su propuesta fue rechazada porque la Junta de Licitación aseguraba que había borrones en el cuadro de costos.

La otra empresa que ofertó fue Servicios Agroindustriales C.G.L. y lo hizo por un monto de Q.83 millones 564 mil. Su propuesta fue rechazada por la Junta bajo el argumento de que no contaba con el Registro de Proveedores de Guatecompras vigente, cuando sí lo tenía.

La empresa presentó una inconformidad, pero fue rechazada por la Junta integrada por César Augusto Hernández Pérez, Sandra Leticia Zavala Escarate y Herbert Dagoberto Leal Gálvez, quienes dieron el contrato a CIANSA a pesar de que su oferta era Q.13 millones más costosa que la de Servicios Agroindustriales C.G.L.

Eddi Cux, presidente de Acción Ciudadana, rama de Transparencia Internacional en Guatemala, señaló que existen dos formas para otorgar contratos a empresas de manera ilegal. La primera, es cuando existe dentro de la institución un grupo de personas cuya función es negociar con empresarios y la segunda, cuando los empresarios tienen contacto directo con la Junta de Licitación.

Hay distintas formas en las que se pueden dar concursos a empresas. Una puede ser porque dentro de las instituciones públicas hay operadores que tienen relación con empresarios que su función es esa: negociar los contratos y pagos. Y está la otra forma, que es cuando los empresarios tienen contacto con los miembros de la Junta de Licitación”, explicó Cux.

El abogado reiteró que la cultura de corrupción que hay en Guatemala es muy fuerte y que se dan por la falta de controles de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y porque la Ley de Contrataciones no es tan rigurosa. Explicó que esta poca intervención de las autoridades auditoras permite la relación entre funcionarios y empresarios.

Gustavo Alejos fue Secretario Privado del Presidente Álvaro Colom, por lo tanto, tiene vínculos con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y esto se demostró en la adjudicación del contrato para ampliar y rehabilitar la carretera CA-2 Occidente, que dejó abandonada la multinacional Odebrecht.

El proyecto había sido adjudicado inicialmente a la Constructora Nacional, S.A. (CONASA), por un monto de Q.38 millones 910 mil, pero tras una citación que diputados de la bancada UNE hicieron el 16 de mayo de 2018 al entonces Ministro de Comunicaciones, José Luis Benito y a la Junta de Licitación integrada por Herbert Dagoberto Leal Gálvez, Sandra Leticia Zavala Escarate y César Augusto Hernández Pérez, se adjudicó el concurso a la empresa de Gustavo Alejos que ofertó por Q.48 millones 834 mil, es decir, Q10 millones más.

Reunión de la Bancada UNE con los integrantes de la Junta de Licitación el 16 de mayo de 2018. Crédito / José Castro

*Continua arriba, (pestaña: Parte 2)

El artículo 80, de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que “las entidades cuyos representantes legales, directivos o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando, defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones internacionales de las que Guatemala sea signataria”, tienen prohibido concursar o firmar contratos con el Estado.

Este fue el argumento que la Junta de Licitación usó para quitar la adjudicación a CONASA, ya que el 4 de abril de ese año dos de sus ex directivos fueron condenados a cinco años de prisión conmutables y una multa por Q.500 mil por dar sobornos a Alejandro Sinibaldi a cambio de contratos. Esto fue revelado en la primera fase del caso Construcción y Corrupción.

CONASA presentó una inconformidad en la que explicó que ambas personas ya no trabajaban para la empresa y que por lo tanto dicha restricción no debería aplicarles. Sin embargo, su argumento fue rechazado por la Junta quien reiteró la adjudicación a CIANSA y tuvo el aval del ministro, José Luis Benito.

El fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval corroboró que no hay investigación penal contra la constructora de Gustavo Alejos, pero tampoco descartó que haya algún caso.

Gustavo Alejos durante una de sus audiencias.

Q.14 millones para empresa de Escribá

En septiembre de 2018, el Ministerio Público presentó una solicitud de retiro de inmunidad en contra del entonces diputado de Líder, Óscar Armando Escribá Morales porque se determinó que durante su paso como Director de la Unidad de Conservación Vial (Covial) y del Fondo Social de la Solidaridad (FSS) del Ministerio de Comunicaciones durante el Gobierno de la UNE, otorgó contratos millonarios a dos constructoras que le pertenecen, una de estas es Señalamiento Vial de Centroamerica, Sociedad Anónima (SEVICA, S.A.)

En el caso Construcción y Corrupción se detectó que desde 2009, la gerente administrativa de SEVICA, S.A. es Jessica Roxana Romero Guzmán, madre de los hijos de Escribá Morales. La otra empresa con la que tiene relación es Montañas Nacionales, Sociedad Anónima, la cual pertenece a Luis Alberto Beltetón Carías, pareja sentimental de la hermana de Escribá.

Según la investigación de la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad durante los años que Escribá Morales fue funcionario de Covial y el Fondo Social de Solidaridad se adjudicaron dos contratos a SEVICA S. A. y otros dos a Montañas Nacionales, S.A. por un total de Q.194 millones 391 mil.

Pese a tener una solicitud de antejuicio en su contra, en mayo de 2019 le fue adjudicado por Covial un contrato de Q.14 millones 976 mil para el “mantenimiento rutinario de la red vial”.  En dicho concurso participaron otras dos empresas, una de estas fue Fuentes Gómez, Ingeniería y Construcción cuya oferta fue de Q.14 millones 42 mil y fue rechazada por no contar con la experiencia en proyectos similares.

Óscar Armando Escribá Morales, se encuentra ligado a proceso por los delitos de concusión y fraude en concurso ideal, lavado de dinero u otros activos en forma continuada y falsedad en declaración patrimonial. Perdió su inmunidad de diciembre de 2019, y tras tener una orden de captura, se entregó en enero de 2020.

Armando Escribá durante audiencia de primera declaración.

CODICO: señalada de financiamiento electoral ilícito

El nombre de la empresa aparece en la segunda fase del caso Construcción y Corrupción. Según la investigación del MP, durante la campaña electoral de 2011, la empresa aportó Q.143 mil 200 al Partido Patriota que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El pago se entregó a la organización política a través de la empresa Impresos Urbanos, vinculada a Alejandro Sinibaldi. Por este caso fue capturado Oscar Augusto Guerra Villeda, ex representante legal de Codico, quien fue ligado a proceso por el delito de financiamiento electoral no registrado y goza de medida sustitutiva.

Luego de que se revelara el caso en 2017, la empresa no tuvo contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en 2018. Fue hasta el año pasado que La Dirección General de Caminos le adjudicó un contrato por Q.63 millones 578 mil. Siete empresas concursaron, pero CODICO no fue la empresa que ofertó más bajo. La Constructora Jireh, Sociedad Anónima presentó una oferta por Q.59 millones 421 mil, pero no se le adjudicó por razones que la Junta de Licitación no explicó.

Constructoras del exdiputado Herrera Quezada

En mayo de 2016, el exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada, electo por la Unión del Cambio Nacional (UCN), fue capturado luego de que la Feci y la Cicig, lo señalaran en el caso Plazas Fantasma, expediente que revelaba que la Junta Directiva del Congreso, del período 2015-2016, autorizó la contratación de personal que no llegaba a trabajar, pero cobraba.

La investigación determinó que Herrera Quezada, es propietario del Consorcio H que está integrado por las constructoras: Grupo Construyala Constructores, Grupo Edifica, CDM Vial de Guatemala, Dismar Constructores, Burgocons y Desarrollos Múltiples.

El caso reveló que cinco personas que trabajaban en el Consorcio H, tenían un contrato en el Congreso de la República, pero no se presentaban a trabajar ya que se dedicaban a sus actividades en las constructoras de Carlos Humberto Herrera Quezada.

A pesar que el exdiputado fue ligado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción, durante el 2019,tres de sus constructoras recibieron contratos por más de Q.67 millones de parte de Covial y la Dirección General de Caminos.

Grupo Construyala Constructores, S. A., recibió en 2019, dos contratos por un total de Q.29 millones. El primero fue por Q.21 millones 739 mil y fue adjudicado por Covial. En ese concurso participaron siete empresas de las cuales cuatro son de Herrera Quezada: CDM Vial de Guatemala, S.A., Burgocons, S.A., Grupo Construyala Constructores, S.A. y Grupo Edifica, S.A.

Las ofertas de las cuatro constructoras tenían una variación entre Q.100 mil y Q.1 millón 200 mil. El monto ofertado más bajo fue de Grupo Construyala constructores, S.A., quien al final recibió la adjudicación.

En 2019, CDM Vial de Guatemala, S.A., obtuvo un contrato por Q.17 millones 863 mil y también fue adjudicado por Covial. En este concurso ocurrió lo mismo, tres constructoras del exdiputado Herrera Quezada participaron: Grupo Edifica, S.A, Burgocons, S.A y CDM Vial de Guatemala, S.A., que obtuvo el proyecto.

En 2016, entraron en vigencia las reformas a la Ley de Contrataciones de Estado que crearon del delito de pacto de colusión en las adquisiciones públicas, el cual detalla que se comete el delito “cuando dos o más sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial o corporativo, según la definición de partes relacionadas, contenida en la Ley del impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición pública”.

A decir del jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, tras las reformas de 2016, las empresas son más cuidadosas para hacer este tipo de operaciones para beneficiarse con contratos, pero no descarta que las practicas continúen.

“Mientras se investiga se debe inhabilitarlos”

En enero de 2018, la diputada Andrea Villagrán presentó una iniciativa de Ley que tiene como propósito que todo funcionario o contratista del Estado, que haya sido condenado por delitos que atenten contra la administración pública, sean inhabilitados por 20 años para ocupar un cargo o ser proveedor del Estado.

Sobre los contratos por Q.1 mil 600 millones, adjudicados a empresas con vínculos a corrupción, Villagrán dijo que son sinónimo de impunidad.  “El hecho que se le sigan adjudicando contratos a empresas que están vinculadas a personas que han cometido delitos contra la administración pública, representa una promoción de la impunidad lo que es contrario a los principios constitucionales, que señalan que deben prevalecer los intereses del Estado”.

La congresista dijo que debe regularse en la Ley de Contrataciones, una inhabilitación temporal para las empresas mientras se investiga a sus funcionarios que fueron señalados en actos de corrupción y que en caso la sentencia sea absolutoria, esa prohibición se retira o en todo caso se incrementa a 20 años.

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