Víctor M. Ruano P.
Diócesis de Jutiapa
Jutiapa, 13 de agosto, 2020
La gestión del Ministerio Público en la administración de Consuelo Porras, cayó en niveles tan bajos que esta institución, fundamental para la justicia, se convierte en instrumento al servicio del Pacto de Corruptos que tanto daño le causa al país.
Perdidos en galimatías legales. Cuando la doctora Porras explica sus decisiones, según ella de grandes luces, se pierde en galimatías legales propias de un formalismo inútil que al final de cuentas, se traduce en trampa para la averiguación objetiva de la verdad, la aplicación estricta de la ley igual para todos y la búsqueda de la justicia pronta y cumplida.
Sus comunicados deberían ser claros, certeros, y pedagógicos para construir una cultura de legalidad y de apego al estado de Derecho en la población, quedan en “flatus vocis”*, sin ninguna incidencia más que para consolidar el Pacto de Corruptos, porque están plagados de argumentos pseudo-legales, con la única finalidad de engañar al pueblo y obstaculizar la justicia.
Admirable el desempeño de la FECI. Se salva de esa crítica la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por el jutiapaneco, originario de Agua Blanca, licenciado Juan Francisco Sandoval, un bastión de la justicia, estudioso del Derecho y digno servidor público, que, entre amenazas a su vida y a su trabajo, da testimonio de altura ética y sólida preparación jurídica para la función que desempeña, dentro de la cadena de administración de la justicia en nuestro país.
Mientras que es muy desteñido el trabajo de la Fiscalía contra la Corrupción, porque ni con la flamante Comisión Presidencial contra la Corrupción, logran levantar cabeza; la Fiscalía de Delitos Electorales, que permitió o promovió la salida de Oscar Schaad, le faltó la fuerza y la determinación para no dejarse jugar la cara por los partidos corruptos de la contienda electoral pasada; y la Fiscalía de Delitos Administrativos, que camina a paso de tortuga cuando se trata de investigar a los corruptos y hasta los fines de semana trabaja cuando hay que perseguir a quienes han expuesto su vida por devolverle la dignidad a la justicia, tan mancillada por las elites, que se han enriquecido a costillas del Estado. Esto tan solo por citar tres ejemplos.
Una gestión que no da la talla. Pero, es el conjunto de la gestión de Consuelo Porras, que no da la talla, ha fracasado y, ahora que la ciudadanía la percibe alineada con la alianza criminal que tiene cooptado el Estado, unido a su falta de entrega y compromiso con el país, vemos con gran preocupación que nos encaminamos al caos institucional, político, económico y social.
A la doctora Consuelo Porras, le quedó muy alto el nivel de desempeño de sus predecesoras Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Teníamos la esperanza que las superara con creces para el bien de todo el país, porque veíamos en la lucha contra la corrupción y la impunidad una ventana para hacer de la justicia, finalmente, un pilar fundamental de su democracia y su desarrollo integral para todos los pueblos que conforman nuestra nación. Acumulamos una frustración más y un golpe certero al despertar ciudadano del año 2015, cuando el mundo nos miró con admiración y respeto.
Los integrantes del Pacto de Corruptos. El Pacto de Corruptos, en el que participan políticos, empresarios, diputados, magistrados, fiscales, burócratas, militares y narcotraficantes fue el que sostuvo al gobierno mediocre de Jimmy Morales; además, invirtió millones de dólares para polarizar y engañar a la población, y se puso de culumbrón ante Donald Trump, el faraón tuitero, con el fin de expulsar a la CICIG que los perseguía por su trayectoria criminal.
Hoy ese Pacto de Corruptos se lanza contra los magistrados de la CC, teniendo como aliados a Consuelo Porras, a las cámaras empresariales agrupadas en el Cacif, al gobierno de Giammattei, a la directiva del Congreso y los partidos políticos en ella representados, y más de 80 diputados, entre los cuales están los tres que mal representan al pueblo jutiapaneco. También tienen como aliados a los magistrados de la CSJ, que fue negociada por Manuel Baldizon y Alejandro Sinibaldi, y las organizaciones militaristas, elitistas y racistas de ultraderecha.
El objetivo del Pacto de Corruptos. Su objetivo es claro. Desaforar a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes con su trabajo apegado a la Constitución, han impedido las estrategias de impunidad de diversas redes criminales de poder político-económico-militar; han reconocido los derechos a la propiedad y a la consulta de comunidades indígenas en la defensa de sus territorios y ante los proyectos mineros, y han protegido a diversas personas ante los abusos del poder. (Cf. Convergencia por los DDH, 7 agosto 2020).
Son tan perversos que la misma crisis del coronavirus les está sirviendo para sus siniestros planes, justamente cuando Giammattei anuncia que ha estado perdiendo el tiempo durante estos 5 meses y que ahora se va a dedicar a gobernar el país, es precisamente cuando siguen adelante con su macabro plan que traían desde antes de la elecciones, el cual lograron afinar en la finca Santo Tomas en Escuintla, el domingo 19 de julio y, ahora intensifican su implementación desde el viernes 7 de agosto, al presentar 118 solicitudes de antejuicio en contra de diputados y magistrados.
Con esta malévola acción la señora Consuelo Porras, experta en Derecho, no solo se lava las manos ante la responsabilidad que tiene de esclarecer la verdad y de ejercer la persecución penal, sino que se pone al servicio del Pacto de Corruptos, tal como lo hizo al perseguir a Thelma Aldana, al permitir la candidatura de Sandra Torres, al ser complaciente con Jimmy Morales y al mantener una conducta “vigilante”, pero pasiva, contra los corruptos del gobierno anterior y del actual.
Responsabilidad ciudadana. La lucha contra la corrupción y la impunidad está fracasando con la gestión de Consuelo Porras, se profundiza la crisis del Estado de Derecho, mafiosos y criminales arrebatan nuestra incipiente democracia, llevándonos al caos institucional y constitucional; entonces, la responsabilidad de los ciudadanos y las distintas organizaciones democráticas de la sociedad civil es enorme, al mismo tiempo que se convierte en un gran desafío.
Por eso, vemos con alegría y esperanza, crecer entre “las personas de convicciones democráticas”, su deseo de participar activamente haciendo planteamientos muy concretos, como los que se desprenden del pronunciamiento de diversas instancias de la sociedad civil, que ven con enorme preocupación este momento histórico, y plantean la urgente necesidad de exigir la renuncia de Alejandro Giammattei y de la Fiscal General; de pedir la destitución de la Junta Directiva del Congreso, por parte de aquellos diputados que no defienden los intereses del Pacto de Corruptos; y se hace un llamado a la comunidad internacional para que mediante los sistemas de que dispone, evalúe “la crisis constitucional ocasionada por intereses de impunidad en Guatemala”. (Convergencia por los derechos Humanos, 7 de agosto, 2020)
Conclusión
Como ciudadanos, aun en medio de la crisis de salud que vivimos por la COVID-19, nos corresponde exigir el respeto al Estado de Derecho, repudiar la corrupción, consolidar la unidad del pueblo y defender nuestra incipiente democracia. Es tan nefasto y destructivo el virus que difunden estos corruptos, como el coronavirus, que dejará devastada a la población guatemalteca.
*(“flatus vocis”)= Explosión de la voz
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