El Ministerio Público registra más denuncias cada año, sin que esto implique mejor atención hacia ellas por parte de las autoridades.
Por Teresa Son, Factor4
La violencia contra la mujer en Totonicapán es uno de los delitos que se ha incrementado en los últimos años. La falta de recursos por parte de las autoridades desalienta a las víctimas a ratificar las denuncias.
Esto fue lo que le sucedió a M, una vecina de Xequemeyá, Momostenango, que tras cinco años de ser agredida por su marido y presentar la denuncia ante la sede del MP ubicada en la cabecera municipal, no pudo viajar a Totonicapán a ratificarla. Desplazarse a esa oficina “es para la gente que tiene dinero y tiempo”.
De acuerdo con la Agencia Fiscal de la Mujer, durante 2019 recibieron 675 denuncias en el departamento. Un año después, en tiempos de pandemia por la covid–19, fueron 747 y en los primeros cuatro meses de 2021 registraron 269.
Las mujeres presentaron su denuncia verbal en el MP, en un juzgado de familia, en subestaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) locales y en las instancias municipales. Acusaron a sus parejas de violencia doméstica, violencia psicológica, violencia económica y/o agresiones físicas. El problema está en que deben ratificarla en la sede departamental, y no todas tienen recursos para hacerlo.
Respuesta tardía
Presentar una denuncia ante la PNC no implica que las autoridades respondan en el momento. Desalojar a un agresor puede tomar entre tres a seis meses. Además, la implementación de las medidas de seguridad depende de la gravedad de la violencia sufrida, y esto lo decide el juez de turno.
Según informes del Departamento de Atención a la Víctima (DAV) de la PNC, en 2019 atendieron 107 casos de violencia contra la mujer. De estos, la mitad recibió medidas de seguridad. En 2020 los datos fueron 282 casos y 52%, respectivamente. En 2021, hasta el 13 de mayo, llevaban contabilizados 130 y 45% atendidas.
La oficial de turno de la DAV de la comisaría 44, explica que “la violencia contra la mujer es la denuncia más frecuente a nivel departamental. Estas provienen de las áreas rurales más alejadas de la cabecera departamental”.
De acuerdo con el ministerio de Gobernación, la PNC cuenta con 56 oficinas de Atención a la Víctima a nivel nacional, las cuales son atendidas por personal capacitado para recibir cualquier tipo de denuncia relacionada con violencia intrafamiliar y contra la mujer.
El protocolo de denuncia, indica la oficial de la comisaría 44, incluye convenios entre instituciones para proporcionar atención médica y psicológica, y asesoría legal. Si la mujer debe abandonar su hogar por seguridad, se implementan medidas de seguridad mientras se resuelve su caso.
Elaboración propia con datos al 7 de mayo de 2021, Totonicapán.
Procesos inciertos y onerosos
Xequemeyá, una aldea de Momostenango donde vive M, dista 30 minutos de la cabecera municipal y más de 100 de Totonicapán. Cuando su pareja la agredió físicamente optó por acudir a la oficina del MP ubicada en el centro del municipio a presentar la denuncia. Esta fue trasladada a la cabecera departamental y de inmediato coordinaron medidas de seguridad para ella: la PNC llegó a su domicilio.
Diez días después fue citada para seguir el proceso. Pero no lo hizo por falta de dinero, tiempo y asesoría. “(Ratificar una denuncia) es para quienes tienen recursos” asevera. “Viajar a la cabecera departamental me representa Q200 para cubrir los pasajes –debo tomar tres buses– y comida. Además, me acompañarían dos familiares porque no iría sola. Esto sería solo para un día y si debo regresar, ¿con qué? No puedo gastar ese dinero porque lo necesitan mis hijos”.
Al consultar sobre los criterios para acompañar las denuncias, en casos como el de M, la oficial a cargo de la DAV indica que solo existe una oficina como la suya a nivel departamental. Por eso, cuando las denunciantes llegan a las subestaciones las atienden los oficiales de turno que suelen ser hombres, y esto es una barrera.
“Cuando la mujer viene a la oficina, quiere que la escuchen y muestra vergüenza al hablar de su situación. Yo cierro la puerta para que se sienta en confianza, pero esto no se puede hacer en las subestaciones municipales, porque no hay espacio. Se necesita implementar la DAV en todos los municipios para que se pueda acompañar de cerca y con urgencia. Sin embargo, para eso se requiere financiamiento, y en Totonicapán urge”, asegura.
La historia de E, de 25 años, muestra otra faceta del mismo problema. Presentó la denuncia en la delegación del MP de San Cristóbal Totonicapán, porque era maltratada por su pareja constantemente. “Cuando llegué, como no mostraba golpes físicos, me preguntaron si tenía pruebas, les dije que sí y escucharon las grabaciones”.
Las autoridades dieron paso a su denuncia, viajó varias veces a la cabecera departamental para darle seguimiento. Ocho meses tomó escuchar la sentencia: el agresor no puede acercársele y debe dar una pensión alimenticia para su hija. “Recibí el dinero solo un año. Sé que debo ir al juzgado y pedir que me ayuden, pero no puedo. No sé cuánto tiempo me tomará y debo trabajar para sostener a mi familia”.
Al preguntarle de cómo había vivido esta etapa expresa: “Fue difícil, la inseguridad me perseguía y deseaba que fuera rápido pues no quería sufrir por esto”.
Desvestir un santo para vestir otro
La fiscal general Consuelo Porras anunció el pasado 9 de abril la presencia de delegaciones en todo el país, cinco nuevas en Totonicapán. Sin embargo, la medida afectó el funcionamiento de las existentes. De acuerdo con el fiscal de turno, “no hemos avanzado con los procesos porque se llevaron personal de aquí (la cabecera departamental) hacia las unidades municipales. Tenemos muchos expedientes pendientes”.
Si bien es una estrategia para atender a personas que viven en áreas rurales, (esta) “ha venido a complicar porque no existe una logística clara, de hecho, no sabemos si va a funcionar, pero seguimos órdenes.” Así lo atestiguan quienes experimentan a nivel institucional la sobrecarga de funciones.
D es madre de tres. Presentó la denuncia el 30 de abril en la DAV ubicada en la cabecera departamental. Estaba asustada, recién la había golpeado su conviviente y llevaba señales físicas. De inmediato se dio trámite a su denuncia, pero no quiso ir al hospital para que la examinaran. “No, gracias, yo me revisaré por aparte, no me quiero arriesgar a contagiarme de covid–19”. Las autoridades siguieron con el protocolo y omitieron el paso al que D renunció. “Nada nos asegura que vaya con un médico a revisar su estado de salud física y emocional, pero no podemos obligarla porque la gente no confía en el sistema de salud”, explica la oficial.
Para dar seguimiento al caso, se visitó a D para hacer la consulta. Relata que “ese mismo día me llamaron y vino una patrulla. Me dijeron que me llamarían el día que debía confirmar la denuncia. Fui junto a dos testigos el 11 de mayo. Solo me toca esperar para que el proceso siga, mientras tanto, seguiré trabajando para alimentar a mis hijos”.
Procesos a largo plazo
Al indagar con especialistas sobre cuáles son las causas por la que las denuncias por violencia contra la mujer presentadas ante el MP no avancen, estas son las respuestas.
Juana Tax, encargada de la sede regional de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), expone: “El desistimiento se da por miedo a sus agresores, por falta de recursos económicos, por apego emocional y por el tiempo que tarda un proceso”.
El servicio que brinda la Demi consta de atención psicológica, trabajo social y asesoramiento legal con una profesional en cada área. La oficina está ubicada en la cabecera departamental y el servicio es a solicitud. “Aquí vienen las usuarias porque son referidas. Algunas acuden antes de presentar la denuncia. Se les escucha, asesora y si ellas se sienten seguras, se les acompaña en la instancia correspondiente”. Cualquiera de las profesionales a cargo tiene la competencia de acompañar a la usuaria.
Desde la experiencia de la Demi, la situación de violencia contra la mujer es compleja. “Este tipo de denuncia es complicado. Las animamos porque es un gran paso porque quieren poner alto a ese sufrimiento. Les ofrecemos nuestros servicios y las animamos para que continúen con su proceso, principalmente a que presenten la denuncia. Pero ellas piensan en todas las consecuencias, porque los procesos normalmente son a largo plazo, por eso, luego de dar el paso desisten”, expone Tax.
La encargada de la sede regional lamenta la falta de presupuesto para cubrir todas las necesidades de las denunciantes. “Los procesos no son cortos”.
Esta situación –recursos financieros y humanos limitados– también afecta al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil, por ende, a las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja.
El departamento de Totonicapán cuenta con 418 569 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 53% son mujeres y el 51% viven en áreas rurales.
—–Este reportaje fue realizado en el marco del Taller de periodismo: “Informar, explicar y prevenir las violencias contra las mujeres”, organizado por Agencia Ocote en alianza con PNUD Guatemala y en coordinación con el proyecto regional PNUD-Infosegura.