Por Daniela Sánchez Lemus
Guatemala, 3 de diciembre de 2024. El sistema de justicia guatemalteco enfrenta fuertes críticas tras el reciente retroceso en el juicio por genocidio Ixil contra el general retirado Manuel Benedicto Lucas García. Este caso, que busca justicia por el asesinato sistemático de más de 1,400 mayas Ixiles durante los primeros meses de 1982, ahora deberá reiniciarse desde cero, un golpe devastador para las víctimas y sus familias que han esperado más de 40 años por un veredicto.
Un juicio plagado de pruebas y testimonios. Durante 99 días de juicio, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público presentó un robusto caso contra Lucas García, incluyendo 1,367 pruebas, 75 testimonios y 55 peritajes. Las acusaciones incluyen genocidio, delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada de al menos 70 personas, 36 de ellas encontradas en un destacamento militar en San Juan Cotzal. La fiscalía buscaba más de 2,800 años de prisión para el exmilitar, un símbolo del aparato represor que marcó el Conflicto Armado Interno (1960-1996).
Sin embargo, justo cuando el juicio estaba a punto de concluir, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió que el caso sea trasladado al Tribunal de Mayor Riesgo B, anulando todo el avance logrado y obligando a que las víctimas revivan nuevamente los traumas al presentar sus testimonios.
Un Ministerio Público bajo escrutinio. El desarrollo del juicio ha estado rodeado de controversias que han minado la confianza en la imparcialidad del Ministerio Público. Uno de los momentos más críticos fue la repentina destitución del fiscal Erick Giovanni de León Mortaya, justo un día antes de la presentación de las conclusiones por parte de la fiscalía. A esta acción se sumaron los traslados de los auxiliares fiscales Luis López, Edgar del Cid y Mario Rosales, quienes habían trabajado de cerca en el caso.
El 2 de diciembre, las remociones continuaron con la destitución de la agente fiscal Cándida Mercedes Morales Santos y el Fiscal de Sección, ambos directamente involucrados en la investigación de los crímenes de lesa humanidad relacionados con el genocidio Ixil. Estas decisiones, ejecutadas bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, han sido vistas por analistas nacionales e internacionales como intentos deliberados de frenar el avance del proceso judicial y beneficiar a los acusados. Porras, ya sancionada internacionalmente por presunta corrupción y obstrucción de la justicia, ha reforzado las críticas a su gestión con acciones que, según expertos, priorizan la protección de los victimarios sobre el acceso a la justicia para las víctimas.
Críticas a un sistema judicial en entredicho. Eleodoro Osorio Sánchez, presidente de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), calificó este fallo y las acciones del Ministerio Público como un ejemplo de «justicia selectiva que niega los derechos a los pueblos originarios». Osorio destaca que muchos familiares de las víctimas han fallecido sin ver justicia, mientras que las personas sobrevivientes continúan enfrentando una constante revictimización. Para Osorio, «el sistema de justicia en Guatemala no está hecho para atender a los pueblos mayas, sino para proteger a un pequeño grupo de poder”.
El impacto internacional. El fallo ha generado consternación entre observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos. Desde el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala hasta expertos internacionales, todos han manifestado su preocupación por la falta de voluntad del sistema judicial para condenar crímenes de lesa humanidad. La persistencia de la impunidad en casos como este proyecta una imagen sombría de la justicia guatemalteca en el ámbito global.
Las voces de las víctimas no se rinden. Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), expresó su frustración por este nuevo obstáculo.
“Las víctimas del genocidio han tenido que esperar más de 40 años para obtener
Nery Rodenas. ODHAG
finalmente una sentencia. El juicio, que ha iniciado en abril 2024, ha cumplido con
todos procedimientos legales. Nos preocupa que una sala con magistrados
vinculados con el Pacto de Corrutos tomó una decisión de esta índole. Los
sobrevivientes, las víctimas del genocidio Ixil han superado tantos obstáculos para
llegar al proceso. Hemos estado tan cerca de una sentencia, faltaban solamente
las conclusiones de la defensa y las declaraciones del acusado y querellante. No
es justo, no tiene ningún fundamente jurídico para botar todo el proceso”
Para las comunidades Ixiles, este no es solo un juicio; es una lucha por dignidad y memoria. A pesar del retraso, la AJR y la ODHAG estudian acciones legales para revertir esta decisión y continuar buscando justicia.
El desafío de Guatemala ante la historia. El genocidio Ixil es uno de los episodios más oscuros del Conflicto Armado Interno, descrito por expertos como el más cruel en toda Latinoamérica. El reconocimiento de estos crímenes y la condena de sus responsables no solo representa justicia para las víctimas, sino también un paso esencial hacia la reconciliación nacional.
La pregunta que queda es: ¿será Guatemala capaz de romper el ciclo de impunidad que durante décadas ha silenciado las voces de las personas más vulnerables? Mientras tanto, las víctimas continúan esperando, pero no en silencio.