Por Manuel Chocano Estrada
En marzo de 2025, Guatemala enfrenta una ola de protestas y bloqueos debido a la implementación de un seguro obligatorio para vehículos. Aunque la Ley de Tránsito de 1996 ya establecía la obligatoriedad de este seguro, su aplicación fue postergada durante décadas. Finalmente, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo decidió hacerla efectiva, exigiendo que todas las personas propietarias de vehículos contraten un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
La medida ha sido vista como arbitraria por amplios sectores de la población. En respuesta, las personas han buscado alternativas de movilidad, especialmente motocicletas, cuya popularidad ha crecido desde la desaparición de los buses rojos, que fueron el principal medio de transporte de la clase trabajadora.
El Gobierno no previó que la mayoría de los motoristas son trabajadores cuyos salarios no alcanzan para costear un seguro de varios cientos de quetzales al mes.
Aunque después de anunciar la medida se difundió información sobre los seguros, la decisión fue impopular desde el inicio. Basta con ver la reacción en redes sociales, así como el rechazo de colectivos campesinos y trabajadores, quienes consideran la exigencia una imposición desmedida que golpea la economía popular.
“…las manifestaciones serán siempre legítimas y necesarias, sin embargo, se debe evitar caer en manipulaciones de la oposición golpista y gremiales empresariales que solo buscan intereses particulares”.
— Factor 4 (@Factor4_GT) March 19, 2025
📢 El Consejo del Pueblo Maya (CPO) advierte que la propuesta de seguro… pic.twitter.com/aIWL27LiMS
El error del Gobierno fue no anticipar el impacto de la medida ni ofrecer alternativas accesibles. No promovió opciones de seguros asequibles ni estableció mesas de diálogo con entidades bancarias para facilitar soluciones.
Ese vacío fue aprovechado por el «Pacto de Corruptos», que avivó el descontento. Pronto, calles, avenidas y bulevares quedaron bloqueados por grupos que parecían más fuerzas de choque organizadas que ciudadanos espontáneos.
Las redes sociales no tardaron en señalar a los responsables, y una población harta de corrupción comenzó a identificar a los operadores del «Pacto de Corruptos».
Uno de ellos es Rocael Villalta, quien militó en el partido de Sandra Torres, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), durante las elecciones de 2023. En su momento, Factor 4 publicó pruebas de cómo Villalta afiliaba personas en la zona 1 de la capital. Actualmente, encabeza las protestas en la colonia Bethania, en la zona 7. Además, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, según consta en Guatecompras, Villalta fue proveedor del Estado.
Otra figura identificada en las manifestaciones es Iván Santos, quien incluso participó activamente en la quema de un bus del servicio urbano. Santos es un invitado frecuente en el medio dirigido por el opositor Carlos Hoffman y ha sido visto tomando fotos como si fuera consultor de comunicación de Nadia de León, diputada del Congreso e hija de Sandra Torres. Se define a sí mismo como barbero y activista.
Otro de los líderes identificados en las manifestaciones es Jonathan Sarceño, cercano a Nadia de León, hija de Sandra Torres, y a su esposo, el excandidato presidencial Rudy Guzmán. Sarceño también ha sido fotografiado con diputados de Semilla y aparece en un video junto al presidente Bernardo Arévalo.
En redes sociales se especula que Sarceño podría haber sido un infiltrado de la UNE dentro del partido Semilla. Además, su historial de movilización política incluye su participación en manifestaciones a favor de la secta Lev Tahor, cuyos líderes han sido acusados de forzar a menores a casarse con adultos. Uno de ellos incluso enfrenta una solicitud de extradición por parte de México.
Todo esto ocurre porque el Pacto de Corruptos busca remover al presidente Arévalo con urgencia.
El 2026 será un año clave: Consuelo Porras dejará de ser Fiscal General y la Corte de Constitucionalidad renovará a sus magistrados. Por eso, el 2025 definirá el futuro del país: o el fin de las viejas estructuras de poder apadrinadas por Giammattei, Torres, Ríos Sosa y Jimmy Morales, o su continuidad.
El Pacto de Corruptos no se lo pondrá fácil al gobierno de Arévalo. Buscan sacarlo antes de perder el control de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.