por Manuel Chocano
El presidente Bernardo Arévalo denunció, en un mensaje a la nación, un nuevo intento de desestabilización promovido por lo que calificó como una “alianza criminal” enquistada en el Ministerio Público y en sectores del sistema de justicia. Acompañado por su gabinete y por diputados oficialistas que, por una noche, dejaron de lado la división entre Semilla y Raíces para mostrar un frente unido, el mandatario afirmó que estas estructuras buscan reinstalar un régimen de autoritarismo, corrupción e impunidad mediante resoluciones judiciales ilegítimas encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, a quienes señaló de intentar distorsionar los resultados de las elecciones de 2023 y propiciar la destitución inconstitucional de funcionarios electos, incluida la vicepresidenta y él mismo.
El mandatario afirmó que esta ofensiva incluye la persecución y encarcelamiento de líderes indígenas, periodistas, abogados y activistas, entre ellos Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Eduardo Masaya y José Rubén Zamora, como parte de una estrategia de intimidación y manipulación judicial.
En este sentido, la comunidad internacional, en múltiples ocasiones, ha realizado llamados para la liberación de los detenidos mencionados por el presidente, señalando vicios en sus procesos legales y cuestionando la objetividad del Ministerio Público y de jueces del Organismo Judicial, dejando en entredicho la actuación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente advirtió que los corruptos pretenden cooptar nuevamente las instituciones del Estado y preparar un posible fraude electoral, ante el temor de perder privilegios e impunidad. Frente a ello, hizo un llamado a la unidad nacional y a la defensa firme de la democracia, subrayando que lo que está en riesgo no es su gobierno, sino los cimientos del Estado de derecho.
Ejemplo de esta ofensiva judicial es el caso espurio contra catedráticos y estudiantes de la Universidad de San Carlos, impulsado por el Ministerio Público y sus alfiles dentro del Organismo Judicial. Liberar el control de la universidad debilitaría a la alianza corrupta en las próximas elecciones de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad y de Fiscal General en 2026.
Aunque Arévalo no lo haya dicho abiertamente, es evidente que en la CSJ y en la CC aún operan magistradas y magistrados dispuestos a proteger a actores políticos corruptos. Por eso pidió a la Corte Suprema de Justicia destituir al juez Orellana y a la Corte de Constitucionalidad hacer respetar la voluntad popular expresada en 2023. Esa exigencia busca exponer a una de las cortes más cuestionadas de la historia reciente, integrada por figuras como la abogada Leyla Lemus, quien presentó una hoja de vida con un título de maestría falso y actuó como operadora de Giammattei; y Roberto Molina Barreto, quien accedió al cargo tras una reforma al reglamento interno de la CSJ que antes impedía la postulación de candidatos con vínculos políticos. Molina Barreto fue además candidato a la vicepresidencia junto a Zury Ríos, consolidando así la red de intereses que intenta perpetuar su poder.
El pacto de corruptos atraviesa un punto de inflexión. Una de las decisiones del actual gobierno que más los ha incomodado es el acuerdo que permite al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos participar en la expansión y modernización del Puerto Quetzal. Para muchos analistas, este proyecto representa un golpe contundente al narcotráfico y a las redes que históricamente han controlado los puertos. Las cámaras empresariales, entre ellas el CACIF, han respaldado el acuerdo, interpretándolo como un paso hacia la competitividad logística y la reducción de costos de comercio. Sin embargo, su implementación limita los márgenes de maniobra de las estructuras ilícitas que, durante gobiernos como los de Morales y Giammattei, utilizaron los puertos para operaciones ilegales y obtención de comisiones millonarias.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa actuando con doble rasero: las denuncias contra funcionarios del actual gobierno, diputadas y diputados de Semilla, líderes mayas o periodistas avanzan con velocidad, mientras los procesos abiertos contra expresidentes como Jimmy Morales o Alejandro Giammattei y su círculo cercano, incluido Miguel Martínez, avanzan con lentitud. Los casos de corrupción de la era de Otto Pérez Molina también han sido manejados con desdén, facilitando la liberación de figuras como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
A través de la FECI, el MP ha abierto una investigación por un convenio entre el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por Q7,274 millones (unos US$944 millones). La selección de objetivos, la narrativa pública y la reserva judicial del caso han generado sospechas de politización y selectividad. La falta de evidencia técnica divulgada alimenta la percepción de que este proceso podría ser un instrumento político más que una investigación objetiva.
El comportamiento del sector empresarial organizado frente a los excesos del Ministerio Público ha sido contradictorio. Aunque las gremiales más visibles, como el CACIF, se pronunciaron a favor del respeto a los resultados electorales de 2023 y de la toma de posesión de Arévalo, algunas cámaras y empresarios siguen considerando a Porras una aliada, recordando su respaldo durante su reelección como Fiscal General bajo Giammattei. En años anteriores, la Cámara de Industria incluso la apoyó públicamente en momentos en que distintos sectores exigían su renuncia. Pese a su discurso democrático, persisten vínculos históricos entre parte del empresariado y Consuelo Porras, incluida su conexión indirecta con la Fundación Contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, que ha actuado como un brazo mediático y judicial del pacto corrupto.
Consuelo Porras dejó de ser una funcionaria judicial para convertirse en un actor político. Al anteponer los intereses de exfuncionarios, cárteles y aliados económicos, traicionó la objetividad que el Ministerio Público debería representar. Su papel como pieza central del entramado que protege a figuras como Giammattei, Morales, Baldizón, Baldetti, Sandra Torres o Joviel Acevedo la ha convertido en símbolo de impunidad y persecución.
La posición de Estados Unidos frente a esta crisis institucional será determinante. El gobierno de Arévalo ha impulsado acuerdos de inversión y cooperación que representan beneficios millonarios para el país del norte, pero que al mismo tiempo amenazan los intereses del pacto de corrupción que busca mantener el control interno de Guatemala. En ese marco, cualquier investigación internacional por mínima que sea podría exponer las conexiones entre sectores de la clase política, empresarial y estructuras criminales, incluidas redes vinculadas al narcotráfico y a las maras 18 y Salvatrucha.
Bajo la administración de Donald Trump, es probable que la Casa Blanca adopte una visión pragmática: proteger los intereses económicos estadounidenses por encima de consideraciones democráticas, pero también endurecer su política frente a quienes pongan en riesgo la seguridad regional. Al final, una cosa es figurar en la Lista Engel; otra muy distinta, ser considerado un actor vinculado a actividades terroristas.
Consuelo Porras no busca estabilidad ni justicia; su interés es preservar su poder y su inmunidad. Nunca investigó el enriquecimiento ilícito de Miguel Martínez ni las anomalías del contrato de las vacunas Sputnik ni las maletas con dinero que circularon en los gobiernos de Jimmy Morales y Giammattei. Su cruzada no es contra el gobierno, sino contra la ciudadanía que exige rendición de cuentas y que busca el fin de la impunidad.
Como se ha dicho antes, Porras ya no libra un conflicto político: libra una guerra contra la sociedad guatemalteca. En una institución debilitada y señalada internacionalmente por corrupción, su permanencia simboliza la resistencia del viejo régimen ante el cambio democrático.
La lucha, entonces, no es solo del presidente Arévalo. Es una lucha de la sociedad entera. Porque la pregunta que sigue abierta es: ¿qué haremos, como país, para poner fin al pacto de corruptos?