Por Padre Victor Ruano
Diócesis de Jutiapa, 06 de agosto, 2020
Desde el 26 de julio el gobierno dio un giro significativo en el manejo de la pandemia, dando inicio a la “desescalada”, con la apertura de la actividad económica. Este hecho fue ampliamente aplaudido por el sector económico, que se expresó jubiloso en los grandes medios informativos nacionales, mientras el rechazo del sector religioso, de epidemiólogos y personal de salud fue evidente, aunque encontró poco espacio en los medios.
Esta acción se da cuando aún la curva de contagios no desciende. En otros países, al existir la certeza que el virus se había controlado y el descenso de contagios ya no tenía retorno, abrieron ordenadamente y con protocolos claros sus economías, precedidos de una eficaz estrategia de información y comunicación a la ciudadanía.
Resultados pobres, después de casi 5 meses. Pasaron más de 4 meses, desde que informaron del primer caso del covid-19, el 13 de marzo, y los resultados son muy pobres. Afectaron seriamente la vida económica de los guatemaltecos y no lograron prepararlos adecuadamente para enfrentar la enfermedad, que sigue su marcha devastadora por todo el país. En el comienzo la ciudadanía mostró toda su disponibilidad y apertura a las disposiciones del gobierno, quizá por lo novedoso de la situación o por el miedo que generaba un virus desconocido.
Por las noticias que llegaban de otros países, sabíamos que provocaba altas tasas de morbilidad, principalmente entre la población de la tercera edad, y los índices de letalidad, también en ese sector, eran preocupantes. Poco a poco los ciudadanos bajaron la guardia y se fueron relajando, primero, empujados por la necesidad, en un país donde más del 70% de la población vive del trabajo informal, del día a día, de modo que si no trabaja no se alimenta; pero también, se dieron cuenta que el gobierno central no estaba manejando adecuadamente la crisis.
Entre gritos y regaños se decía una cosa en las cadenas oficiales, pero no se informaba ni comunicaba, y en la práctica se hacia otra, mientras la gente caminaba a ciegas y asustada. Se percibía que las autoridades no contaban con un plan estratégico eficiente que fuera generando confianza en la población, y, sobre todo, fueran conduciéndonos a puerto seguro en medio de la tormenta.
Fue creciendo la desconfianza por los datos que ofrecían, pues parecían manipulados, al no reflejar la realidad, dura y pura. Consternaban los gritos angustiosos de médicos y personal de salud que, en primera línea, dan la batalla protegiéndonos y aliviándonos, y nos dimos cuenta que esos clamores no eran escuchados, sus legítimas demandas no eran atendidas, por no contar con un salario digno, con equipamiento adecuado y sobre todo, implementando los hospitales y centros de salud para responder a la emergencia.
Un gobierno ajeno a la realidad de su pueblo. El gobierno central no ha sido capaz de estar del lado de su pueblo, como es su obligación por mandato constitucional, y ahora que todo se sale de control, como lo vimos el fin de semana, la culpa es de la gente. Utilizan al ciudadano para llegar al poder, luego gobiernan desde una rosca de privilegiados, con soberbia y prepotencia, totalmente al margen de la población, sin atender a sus legítimas demandas, y cuando las cosas salen mal la responsabilidad es de la gente.
Si el gobierno desde el principio hubiera sido capaz de informar correctamente y formar a su pueblo, lo hubiera preparado para afrontar la emergencia sin que causara tanto daño.
Si hubiera atendido las justas y legitimas peticiones de los médicos y demás personal de salud con prontitud y eficiencia, no se reportara la muerte de más de 30 médicos.
Si hubiera equipado los hospitales y centros de salud a tiempo, no estuvieran colapsados en este momento.
Si no se hubieran robado millones y millones de quetzales los políticos y los gobernantes, desde Vinicio Cerezo hasta hoy, no tuviéramos un sistema de salud tan débil y con enormes carencias.
Entonces, la culpa no es de la gente sino de los gobernantes que hemos tenido, que han hecho de los recursos del Estado un botín, mientras el pueblo vive en la miseria.
La población guatemalteca en su gran mayoría es honesta, trabajadora, obediente a la legitima autoridad; es resiliente, se levanta con dignidad desde los escombros y las cenizas; es solidaria, comparte desde su pobreza, se organiza desde la base; y tiene una fe tan grande en Dios, que le hace creer que en verdad él le cuida y protege.
La unidad del pueblo es clave para salvarnos de esta tragedia humanitaria, es la fuerza para no desmayar en esta lucha que enfrenta solo, pues las autoridades no dan la talla; la superficialidad es evidente, la corrupción y la impunidad siguen galopantes. Los llamados a la unidad del gobierno no encuentra eco en una población que nuevamente ha quedado sola.
Ahora, en manos de los alcaldes y un Estado ausente. Parece que el pueblo guatemalteco, una vez más en su historia, navega en la oscuridad de la noche, sin instrumentos de orientación y bajo una terrible tormenta con vientos huracanados que están poniendo en riesgo su vida, pues percibe que el gobierno central se desatendió del manejo de la crisis y trasladó la responsabilidad al ciudadano y a los alcaldes en los momentos más críticos y duros, justamente cuando los contagios y fallecimientos van en aumento en todo el país, aunque las autoridades sostienen que la curva comenzó a descender y hablan de “encajonamiento del virus”, lo cual no es creíble. Los encajonados son ellos, por su indiferencia, soberbia y autoritarismo.
La ciudadanía y los alcaldes requieren del apoyo efectivo del Estado, con un gobierno que lidere con responsabilidad y transparencia esta batalla, que implemente una estrategia con gente capaz y no politiqueros cuyo interés es el lucro y reponerse de su inversión en la campaña electoral. También necesitan de un ministerio de Salud Pública que proceda con prontitud desde el nivel local, aldeas y pueblos, y sea el ente que articula y armoniza eficientemente esta importante tarea.
Es hora que la salud del pueblo sea prioridad y no el ministerio de la Defensa, que cuenta con hospital propio para los altos mandos del Ejército y sus familias, pero no para los “cuques”, no obstante que le asignaron algunos millones para esta emergencia.
En países, como Uruguay o Costa Rica, donde la salud es prioridad para el pueblo la pandemia no está provocando tanto daño. Pero un ministerio de Salud como el nuestro, que está en trapos de cucaracha, los hospitales viven colapsados y para la emergencia sanitaria de hoy, no cuentan con sala de intensivos ni con respiradores, como sucede con el de Jutiapa; tampoco con pruebas suficientes ni con una estrategia clara de rastreo.
¿Qué podrán hacer los alcaldes? Muy poco. Su tarea será titánica.
El gobierno tiró la toalla. La impresión que tienen los ciudadanos es que el gobierno tiró la toalla. Impuso aquel criterio de “sálvese quien pueda”. Y lo peor, es que están dando a entender que si las cosas salen mal, no es responsabilidad de ellos, sino de los ciudadanos que no obedecen las disposiciones del presidente.
No dudamos de la responsabilidad que debe tener cada ciudadano, pues como afirma Iskra Soto, en un artículo titulado “La abrupta caída de Giammattei arrastra consigo a todo el sistema político guatemalteco”,publicado en Prensa Comunitaria el pasado 28 de julio, “la responsabilidad individual es fundamental para garantizar la seguridad colectiva, la responsabilidad colectiva debe ser guiada por el Estado, ya que se refiere a actos individuales en un esfuerzo de convivencia colectiva …Por tanto, se hace necesario que intervenga el Estado, trace normas de funcionamiento, leyes y mecanismos que permitan ordenar nuestro papel individual y que las personas podamos cuidarnos las unas a las otras.”
A esta altura de la crisis tenemos la percepción que el gobierno ha perdido el tiempo y no tiene rumbo. Si hubieran estado capacitados para gobernar a este pueblo noble y trabajador, otra sería la realidad en este momento; si de verdad buscaban el desarrollo de los guatemaltecos, como lo cantaban en la campaña electoral, prometiendo “el oro y el moro”, esta era la ocasión para demostrarlo con creces. Han perdido una gran oportunidad para legitimarse dignamente ante la población, pues solo el 22% de los electores votó por ellos.
Tuvieron “el tiempo suficiente para diseñar y poner en marcha políticas que garanticen el empleo y protejan a la clase trabajadora, medidas de seguridad en los centros de trabajo y en los espacios públicos”, nos dice acertadamente Iskra Soto. También, dice ella, tuvieron “el tiempo y los recursos necesarios (a través de préstamos millonarios) para dotar al sistema de salud con los insumos necesarios que permitan brindar una respuesta sanitaria de calidad a la población”, tampoco lo hicieron.
No basta con decirle a la ciudadanía: “Si se cuida usted, me cuida a mí”.
Benevolentes con unos, severos con otros
La economía del gran sector económico agrupado en el CACIF, durante este tiempo de calamidad, para algunos, estuvo activa. Este sector siempre contó con la benevolencia del gobierno y nunca cerró totalmente, mientras que con la pequeña empresa y los excluidos agricultores les aplicaron con más rigor las disposiciones presidenciales. Una vez más vemos que la ley en este país tiene doble racero. Con unos son complacientes, mientras que con otros son severos. Esta desigualdad en la aplicación de la ley ha sido una constante muy lamentable en nuestro país desde el pasado hasta hoy.
Durante la pandemia el gobierno no ha escondido su plan económico claramente neoliberal, al servicio del gran capital y del sector financiero, agroexportador e industrial. Cuando afirman que para ellos es primero la salud del pueblo, nadie les cree, lo que les mueve y motiva es la reactivación económica del sector poderoso porque siguen creyendo que, si a las elites les va bien, por la teoría del derrame, al pueblo le irá mejor. Lo cual es falso.
Conclusión
Afirman que lo primero es la salud, pero abren la economía. ¡Gran contradicción! Lo cierto es que la población quedó a la deriva, en medio de la tempestad, sin atender a su salud y sin atender a su reactivación económica, porque para la población solo hay migajas que caen de la mesa del “rico Epulón”*, que siempre ha gobernado este país en alianza con militares, narcos y corruptos.
*Personaje bíblico en el Evangelio de San Lucas, que representa la desigualdad y la injusticia.