Padre Víctor M. Ruano P.
Diócesis Jutiapa,
23 de julio 2020
Nuevamente me refiero al crucial tema de la elección de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Sala de Apelaciones. El presente de nuestro país y su futuro, al menos para los próximos 5 años, se juega en esa elección.
Sin justicia, el Estado es una banda criminal
Es tan importante y vital esta elección, como lo puede ser la pandemia del Covid-19, y las más altas autoridades del país no muestran interés, transparencia y preocupación por consolidar el Estado de Derecho. Olvidan que sin la justicia, una sociedad y el Estado se convierten en bandas de criminales que ponen en alto riesgo la paz y la convivencia entre los pueblos que forman nuestra nación.
Están haciendo del Estado guatemalteco una mara de bandidos, muy bien organizada, que nos están llevando al borde del abismo. Cada cuatro años el pueblo acumula una frustración más, porque sus legítimas demandas nunca son atendidas, se pierden en una maraña de corrupción e ineptitud. Las autoridades, una vez acceden al ejercicio del poder, se olvidan de la responsabilidad que el pueblo les ha confiado, en “la búsqueda del bien común y su primacía sobre otros intereses” (Obispos guatemaltecos).
Golpe a la institucionalidad
La Junta Directiva del Congreso, que funciona como Comisión Permanente en este tiempo de receso, maliciosamente y con fines perversos, está retrasando la elección de los magistrados; además, están cometiendo delito al no acatar lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC). Otro intento más por minar la institucionalidad del país, como lo hizo el nefasto gobierno “jimmymoralesco”, títere de militares, de la elite económica y del Pacto de Corruptos.
Una vez más, la mayoría de los diputados le están viendo la cara al pueblo, y le “hacen muecas”, como se lamentaba uno de los salmistas al constatar la tragedia por la que pasaba su pueblo en su tiempo, ante el concierto de las naciones. Somos “el escarnio” de ellos, “irrisión y burla” de estos magnates del poder (Salmo 43). Se están burlando delante de nuestras narices de la manera más cínica.
De modo que el ataque a la institucionalidad del país, viene del mismo Estado, de las mismas autoridades electas por el pueblo o nombradas por quienes deberían representar los intereses de los ciudadanos. Así estamos tan mal en este país.
Un MP que no da la talla
A ello se suma la lentitud malintencionada con la que procede la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, que sigue jugando su original papel de “vigilante”, un rol muy cómodo y a favor de la clase corrupta que gobierna el país. El cacareado plan estratégico de su gestión, no fortalece nuestro sistema de justicia. Definitivamente, no está dando la talla ante los enormes desafíos que tiene la justicia en nuestro país.
Si se tratara de un pobre que robó una gallina, o de perseguir a líderes comunitarios que defienden a sus bases, y los recursos naturales o a personajes que han luchado por darle un rostro distinto a la práctica de la justicia, ahí sí, el MP procede con celeridad, hasta trabajan los fines de semana, para montar los casos que luego presentan a jueces corruptos, que han perdido la vergüenza y bailan al ritmo de quienes pagan la fiesta de la impunidad.
Un Congreso que pierde credibilidad
La mayoría de los partidos del Congreso y, sobre todo, los representados en la Junta Directiva, han perdido toda credibilidad ante la población al afanarse por “soluciones politiqueras”, en la conducción del país, y ante las complejas problemáticas que enfrenta la ciudadanía, primero porque no están velando por los intereses de la población sino por los de ellos; sus intereses tienen mucho que ver con el régimen de impunidad vigente en el país, porque solo así logran obstaculizar la función de la justicia, pronta y cumplida.
En segundo lugar, existen partidos vinculados al mundo del narcotráfico, desde varios años, con algunos de sus líderes guardando prisión en Guatemala y en los Estados Unidos. Indigna saber que haya ciudadanos que sigan confiando en ellos. En tercer lugar, la mayoría de partidos han recibido financiamiento ilícito y no reportado; además, muchos de sus líderes están metidos hasta “las cachas”, en la dinámica de corrupción de antes y de hoy.
“Defender a toda costa la institucionalidad del país”
Ante ese malicioso retardo para la elección de las Cortes, los obispos guatemaltecos se preguntan: “¿A quién beneficia esta postergación? ¿Al pueblo de Guatemala, al Orden Constitucional, al Bien Común, a la convivencia pacífica y armónica de la sociedad guatemalteca?” Estimo que no. Lamentablemente en los más altos organismos del Estado se han incrustado criminales de cuello blanco, que no les significa nada ni les importa estas realidades propias de una genuina democracia. La conducción del país, con muy raras excepciones, ha estado en manos de gente incapaz, malintencionada y corrupta.
La prueba de ello está en el proceder de los actuales diputados y magistrados de la CSJ. Este retraso beneficia “a actores y sectores con intereses en que la justicia pronta y cumplida no sea un objetivo realizable en nuestro país”. Por eso, cada 5 años el escenario de la lucha de poderes corruptos se desarrolla en el Congreso, tal como lo hemos visto desde 2009, 2014 y 2019 y lo vemos ahora.
Asumo el llamado de los obispos guatemaltecos, a “defender a toda costa la institucionalidad del país y sostener la separación de poderes delante de cualquier intento de manipulación o búsqueda de intereses personales o sectarios. Es la hora de hacer valer los valores éticos de la transparencia, de la justicia y de la verdad”. (Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, 16 de julio, 2020).
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