Después de leer al ex embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Stephen McFarland, en el artículo publicado en Plaza Pública: La gran decisión,“Guatemala (y sus empresarios) ante la amenaza de la corrupción y el narcotráfico. Washington está atento”, me pareció importante que este contenido sea conocido por nuestros lectores en Factor 4.
Para su reproducción, y para que se conozca más este importante aporte, obtuvimos la autorización pertinente del medio amigo, Plaza Pública.
Haroldo Sánchez, Director Factor 4
El fantasma que recorre Guatemala es la corrupción. Se aprovecha de un Estado débil y mal financiado y, en simbiosis con el narcotráfico y el crimen organizado, influirá cada vez más en la vida nacional.
Por Stephen McFarland
Edición:Enrique Naveda
Al socavar la democracia y la justicia, y hacer más difícil reducir la pobreza y la exclusión, la corrupción viabiliza salidas más autoritarias; de derecha o de izquierda. Hará menos atractiva la inversión, tanto internacional como interna e inducirá aún más la migración hacia los Estados Unidos. Por eso en las relaciones con Guatemala el tema prioritario del gobierno del presidente Biden es la corrupción y sus impactos políticos y económicos. Y en esas relaciones es importante la comprehensión mutua entre los Estados Unidos y Guatemala.
El sector empresarial, en particular la élite empresarial de grandes compañías familiares que lidera el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (Cacif), tiene un papel importante en Guatemala. La relación entre esta élite empresarial y los Estados Unidos destaca por sus encuentros y desencuentros. Una mejor comprensión entre las dos partes es vital para afrontar la crisis que se asoma en Guatemala. Para facilitarla, me gustaría compartir aquí mis observaciones personales sobre cómo se analiza la situación en los Estados Unidos en la administración del presidente Biden; cómo, a mi juicio, ve a los Estados Unidos la élite empresarial; y cómo perciben los tomadores de decisiones en los Estados Unidos a la élite empresarial.
Comencé a tener contacto con los empresarios guatemaltecos en el año 2000, cuando llegué a la embajada de los Estados Unidos como ministro consejero. La entonces embajadora Bushnell me encargó la responsabilidad de conocer al sector empresarial y reunirme con él, sobre todo los que estaban representados por Cacif. Yo asumí este deber con gusto porque entendía el papel clave que el sector privado y los empresarios desempeñan en el desarrollo de un país, y porque me parecía que el discurso de las élites empresariales en Guatemala era más moderno que el de sus contrapartes en El Salvador, algunos de los cuales yo había conocido durante el conflicto armado interno de los 80. Es a través de conocer a las personas que los diplomáticos podemos entender cabalmente los sistemas políticos, económicos, y sociales que potencian o restringen a un país. Hice varias amistades con empresarios que sigo valorando, y llegué a comprender también algo de las diferencias entre individuos, empresas, y alianzas familiares, de la misma forma que llegué a diferenciar entre políticos, partidos, y el sistema que los apoya.
En el 2000 todavía estaba fresca en Guatemala la memoria del papel positivo que desempeñó el sector privado en 1993 en el intento de autogolpe de Serrano Elías. Durante mi primera estadía del 2000 a 2003, varios empresarios criticaban con dureza la corrupción del gobierno, y protestaron después del jueves negro del 2003. Cuando regresé a Guatemala como embajador en 2008, observé el apoyo del Cacif a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Guatemala, y el sector privado (especialmente Agexport) cooperaban con nosotros para incrementar la exportación a los Estados Unidos a través del tratado de libre comercio. Después, en 2015, desde mi misión en Colombia, vi cómo la mayoría del sector privado se unió a los esfuerzos para hacer renunciar a Pérez Molina. Pero ya para el 2018 había divisiones entre los empresarios, y la mayoría de las familias y empresas más grandes apoyó el cierre de la Cicig, como detalla el libro Disidencia y disciplina, de Alejandra Colom. Como consecuencia de la salida de la Cicig, cobraron fuerza los intentos de deshacer los avances de las investigaciones y procesos contra la corrupción que esta y el Ministerio Público habían iniciado.
Es importante para los Estados Unidos comprender las perspectivas, preocupaciones, y quejas que muchos de la élite empresarial tienen sobre la política de los Estados Unidos, aun cuando los Estados Unidos tenga una perspectiva muy diferente. Si bien no todos los empresarios comparten todas las que incluyo, el conjunto forma una narrativa que motiva y aglutina a un grupo grande en este sector.
Los empresarios reclaman que los Estados Unidos no los toma en cuenta suficientemente, que no se reúne con ellos, que les presta demasiada atención a las organizaciones no gubernamentales en temas de anticorrupción, y que Estados Unidos no comprende que lo que pasa en Guatemala es una lucha entre la derecha y la izquierda. Algunos se quejan de violaciones de soberanía. Algunos responsabilizan a los Estados Unidos, que apoyó a la Cicig, por la persecución penal de empresarios por casos de corrupción. Otros insisten en que el sector privado realmente no tiene ni influencia ni responsabilidad en las decisiones de otros sectores, partidos, e instituciones que afectan la transparencia. Otro reclamo más es que los Estados Unidos, que dice apoyar el sistema de libre mercado, no comprende que en Guatemala hay una amenaza contra la propiedad privada, y que es la falta de «certeza jurídica» la que obstaculiza los proyectos de minería, y ahuyenta la inversión y la creación de empleos que detendrían la migración hacia el norte. Algunos ven la política del presidente Biden como una política unipartidista, y por lo tanto susceptible de cambiar, en vez de una política con origen y apoyo bipartidista.
Por otro lado, para comprender la perspectiva de «la embajada» hay que prestar atención a las declaraciones del presidente Biden, la vicepresidenta Harris, el secretario de estado Blinken, el director para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) González, y el embajador Popp. También hay que conocer a los líderes y expertos —tanto a los de carrera como a los que llegan por nombramiento político— que trabajan en la embajada y en los distintos departamentos y agencias en Washington —el NSC, los departamentos de Estado, Defensa, y Tesoro, Usaid, DEA, DHS, CIA, DOJ, y FBI entre otros—; así como en el Congreso, los tanques de pensamientos, y las oengés. Muchos ya conocen Guatemala y la región, y sus percepciones sobre la corrupción, el narcotráfico, y las causas de la migración son compartidas por demócratas y republicanos.
Su convicción es que la democracia, los derechos humanos, la transparencia, y el libre mercado son superiores al autoritarismo, la represión, la corrupción, la exclusión, y la ausencia de la empresa privada. Respecto al comunismo, saben que el occidente ganó la Guerra Fría y que las amenazas hoy en día son diferentes. También saben que el presidente Giammattei ganó por amplio margen en elecciones democráticas. Y siendo el objetivo número uno reducir y controlar la creciente migración a los Estados Unidos, piensan que la manera de hacerlo es frenando la corrupción, aumentando la oferta de empleo formal bien remunerado, y reduciendo la influencia de los narcotraficantes. Están convencidos de que la Cicig, acompañada por fiscales, jueces, magistrados, y policías, pusieron en aprietos a los corruptos, y que éstos están contraatacando. Saben que la lucha contra la corrupción va a depender en gran medida de lo que suceda en las próximas semanas con la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema.
La administración de Biden, el congreso, las oenegés y los tanques de pensamiento entienden que el modelo económico de Guatemala depende cada vez más de la migración como válvula de escape, y de las remesas de los millones de guatemaltecos en los Estados Unidos. La propuesta de cuatro mil millones de dólares a través de la Alianza para la Prosperidad para generar condiciones que redujeran la migración subraya la importancia para los Estados Unidos del sector privado, incluyendo las grandes empresas y el Cacif, así como el importante papel de las micro, pequeña, y mediana empresas, del sector informal, y de la inversión extranjera. Saben que las deficiencias de infraestructura frenan el crecimiento y la inversión. Saben que la élite empresarial está bien informada y que tiene mucha influencia sobre el rumbo del país en cuanto a corrupción y justicia, y están informados de las disidencias dentro del sector acerca de éstas (por cierto, algunos de los empresarios que más podrían influir en las decisiones en Washington son los llamados disidentes). Pero albergan dudas acerca de si la élite empresarial comprende las consecuencias que tiene para ellos la expansión de la corrupción y el narcotráfico. También valoran muchísimo la opinión de la sociedad civil, los movimientos indígenas, las oenegés, y la prensa.
Los reportes públicos sobre Guatemala de las distintas agencias detallan la pobreza y desnutrición crónica, la inequidad de la distribución de riqueza, y la inadecuada recaudación de impuestos. Las acusaciones públicas de los fiscales del departamento de Justicia y de la DEA contra candidatos políticos refuerzan la conclusión en Washington de que el narcotráfico pretende, como intentó hacer en Colombia hace años, entrometerse mucho más en los espacios políticos, económicos, y sociales. Y están claros de que es imposible combatir al narcotráfico sin controlar la corrupción.
El consenso bipartidista en el congreso de Estados Unidos se demuestra a través de su aprobación de la nueva ley de la lista Engel.
Las experiencias del Plan Colombia moldearon a los líderes y expertos actuales en Washington: la elaboración con participación bipartidista de un plan que sirviera los intereses estratégicos de los Estados Unidos y de Colombia; los objetivos y estrategias alcanzados por los dos gobiernos basados en hechos y no sólo en buenas intenciones; y el apoyo del sector privado, que en Colombia aceptó un incremento de impuestos sobre la riqueza para implementar el plan. La experiencia de Venezuela les dejó clara la lección de que una creciente corrupción (en los 80 y 90) fue clave para la llegada de Chávez y Maduro. Las protestas del 2020 en Chile subrayan el peligro de subestimar el descontento popular.
Hay grandes asimetrías entre Guatemala y los Estados Unidos. Quizás la mayor es que si Guatemala cayera bajo el control de la corrupción y el narcotráfico, esto constituiría un riesgo serio para los Estados Unidos, pero para los guatemaltecos sería un peligro existencial.
En este momento, al decidir el futuro de la justicia, la élite empresarial y todo el país enfrenta una encrucijada. Las tres opciones son:
- Negar el problema.
- El gatopardismo. O sea, decir que sí se quiere el cambio para que no cambie nada, a través de declaraciones y buenas intenciones.
- Actuar realmente, con decisión e inmediatez, para defender la transparencia, la justicia y la democracia.
Washington estará atento. Les toca decidir.
El embajador (ret.) Stephen McFarland (@AmbMcFarland) fue diplomático de los Estados Unidos por 37 años y fue embajador en Guatemala entre 2008 y 2011; es consultor. Pasó buena parte de su carrera profesional en países en guerra o conflicto político, incluyendo El Salvador, Perú, Iraq, Afganistán, Colombia, y Venezuela.