Víctor M. Ruano P.
Diócesis de Jutiapa
F4gt.com
Jutiapa, 5 de marzo, 2021
Introducción. Actualmente hemos entrado en el último tramo para la conformación de la Corte de Constitucionalidad (CC), que estará concluyendo el 14 de abril del presente año, cuando tomarán posesión de sus altos cargos los 5 titulares y los 5 suplentes, para defender la Constitución Política de la República de Guatemala, de los intereses de políticos y partidos corruptos y de las élites económico-militares que siguen creyendo que el País es su finca y los ciudadanos sus colonos.
Al momento de escribir esta nota para Factor 4, 101 diputados, como los 101 dálmatas, los vimos babeando y ladrando por Dina Ochoa, a quien eligieron como titular de la CC, para que les sirva de tapadera de sus funestos actos corruptos, como ya lo hizo con Jimmy Morales, quien se rasgaba las vestiduras defendiendo la soberanía nacional, mientras ella, con el ministro de Gobernación, Dehengart, vendía el país a los intereses norteamericanos para hacer de nuestro territorio “Tercer País Seguro”, en el gobierno de Donald Trump, el “faraón twitero”.
También los diputados eligieron como suplente a Luis Rosales, un diputado títere del Pacto de Corruptos, defensor de genocidas, promotor de la pena de muerte que impulsa el partido VALOR y aliado del gobierno racista de Giammattei.
Este proceso, no solo le pertenece a los abogados y políticos sino a todo ciudadano, también interesa a las comunidades eclesiales, llamadas a ser signos creíbles del Reino en las circunstancias actuales del país, pues la fe de los seguidores y seguidoras de Jesús y su Evangelio no se agota en las liturgias o cultos celebrados en los templos en una dinámica de “auto-referencialidad” enfermiza, sino “en salida” hacia la realidad donde se juega el sentido de la vida de la gente y la consolidación de un verdadero sistema de justicia para el desarrollo integral de los pueblos.
Un proceso con más sombras que luces. Vemos con preocupación que el proceso de integración de las Cortes, tan delicado y de altísima responsabilidad, se viene impulsando con más sombras que luces, por el papel poco transparente que están desempeñando los órganos responsables de tal elección, principalmente el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Suprema de Justicia.
El Colegio de Abogados y Notarios (CANG), y la Universidad de san Carlos (USAC), son las otras dos instituciones que participan en este proceso para llegar a elegir 5 titulares y 5 suplentes. Dos órganos fuertemente cuestionados por haber sido cooptados por fuerzas oscuras y porque algunos de sus candidatos con serios problemas legales que deberán dilucidar en los tribunales.
Los 5 órganos responsables de la elección, al momento del proceso, han dado señales de opacidad, de atrincherarse en formalismos legales mediocres y de moverse por intereses oscuros que más responderían a dinámicas mafiosas, que, al interés de responder a los anhelos de justicia de la población, de ahí el clamor de la ciudadanía: “CortesNoMafias”.
Por ejemplo, la Asamblea del CANG, en su primera votación eligió a un prófugo de la justicia y a otro vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020. Ya antes había nombrado al exjuez Mynor Moto, cuestionado por corrupto y juramentado por 81 diputados de la alianza oficialista pro Giammattei. Los diputados ya nos demostraron, que lo que menos les interesa es fortalecer el sistema de justicia. Ellos están decididos a mantener el régimen de impunidad, causa de la corrupción imperante.
Del Ejecutivo, encabezado por Giammattei, es muy poco lo que podemos esperar para el fortalecimiento del sistema de justicia, de igual manera de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya deslegitimada, anodina y espuria.
Es cuestión de ciudadanía. Este asunto no es solo de abogados ni de políticos ni de académicos y gobernantes sino es cuestión de ciudadanía y de pueblos que anhelan vivir en el marco de un verdadero Estado de Derecho que sea garantía de una sana convivencia social, de una sólida democracia, de una paz verdadera y de un desarrollo integral sostenible.
Todos anhelamos el “fortalecimiento de la justicia en Guatemala, justicia que nuestro pueblo ansía y que Guatemala merece”. (CEG, “Dios ama la justicia, 27 de Feb. 2021). Por eso es también de gran interés para los seguidores y seguidoras de Jesús de Nazareth, ya que la justicia en cualquiera de sus formas en una sociedad tiene que ver con el reino de Dios, de modo que luchar por ella es estar en sintonía con el proyecto de Jesús.
En la elección de los magistrados para la Corte de Constitucionalidad está en juego el presente y el futuro de la justicia y el derecho en Guatemala.
No escuchan el clamor de la ciudadanía. Sin embargo, no escuchan el grito ciudadano por una justicia pronta y cumplida, pareciera que no es ese el interés dominante de quienes tienen la responsabilidad de postular candidatos y de quienes los eligen.
Vemos con preocupación que han salido al ruedo, fuerzas oscuras y corruptas, que, desde el gobierno del Jimmy Morales, la emprendieron contra aquellos sectores que impulsaban la transformación del país por la vía de la justicia.
Por eso se dedicaron a destruir, con recursos del pueblo, el despertar ciudadano que vivimos en el 2015, un despertar que fue alentado gracias al extraordinario trabajo del MP de ese momento, en sintonía con la Cicig.
Como es del conocimiento de todos, la Cicig fue expulsada por el gobierno de Morales y el beneplácito de quienes hoy hacen gobierno, en alianza con el poder económico y con algunos operadores de justicia que se venden al mejor postor.
Ya tomaron el control… Esas fuerzas oscuras, que algunos lideran y cuyos rostros ya son conocidos por la ciudadanía, han venido tomando el control de las instituciones más importantes del país, como el Ejecutivo, con un equipo de gobierno liderado por el señor Giammattei, totalmente alejado de la realidad del pueblo.
También el Legislativo, con una directiva integrada por partidos políticos, donde algunos de sus miembros tienen vínculos con el narcotráfico, otros niegan el genocidio y otros apuntalan sus negocios particulares e impulsan leyes retrogradas o están solo para favorecer a la élite económica privilegiada que siempre ha vivido de la corrupción.
Además, la CSJ, integrada actualmente por quienes salieron electos como resultado de las negociaciones entre Manuel Valdizón, Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi.
A ello se suma un MP, cuya jefe optó por no perseguir a los corruptos del gobierno de Jimmy Morales, quien la eligió y le sigue siendo fiel; ni tampoco a los corruptos del gobierno de Giammattei, quien presume de llamarla “mi amiga”; ni a la clase política corrupta incrustada en los partidos y en el Congreso.
También se suma la Contraloría de Cuentas, que siguiendo en la misma lógica se hace de la vista gorda ante los enormes actos de corrupción del gobierno anterior y del actual, que en un año ya superó a sus predecesores; además, fue utilizada para bloquear candidaturas que podían significar un cambio para este país, como sucedió con la candidatura de Thelma Aldana.
Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral, que ya quedó al descubierto la calaña de sus integrantes con las burdas y retrogradas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que acaba de presentar al Congreso.
Toda esta maraña de corrupción e impunidad desde esas altas esferas del Estado recibe el apoyo de aquellos medios de comunicación, como la radio y la TV que se han enriquecido con los mecanismos de la corrupción protegiendo a criminales corruptos y siendo sus voceros oficiosos; además, dividen al pueblo, lo manipulan con información sesgada, tendenciosa y falsa.
…Y actúan como una “jauría de mastines”. Desde la expulsión de la Cicig realizada por el mediocre gobierno del títere Jimmy Morales, quien actuó ajotado por la cúpula empresarial y por los militares, los pro corrupción y pro impunidad, empezaron a actuar como una manada de hienas o una “Jauría de mastines”.
Los vemos ladrar por aquellos medios de comunicación social que les dan espacio y se tornan sus voceros, escupen su orgullo y prepotencia por las redes sociales activadas por los “netcenteros”, pagados con dineros mal habidos, porque su interés está mantener esa normalidad injusta, desigual y clasista.
Atacan con ferocidad al Procurador de los Derechos Humanos, hasta el mismo presidente ha caído en ese juego, también muchos diputados, llegando al punto de negarle el presupuesto que por derecho Constitucional le corresponde y siguen empecinados en desaforarlo porque no se pliega a sus caprichos.
A muchos del llamado “Pacto de Corruptos”, que fueron liderados por Jimmy Morales, y ahora están representados en los partidos que integran la directiva del Congreso, les revienta en su oscura vida de corruptos que el Procurador de los Derechos Humanos, con sus acciones de amparo adecuadamente planteados, haya logrado revertir sus desmanes.
De igual manera atacan a algunos miembros de la actual CC, porque 3 de los 5 magistrados titulares, quienes, apegados a la ley, han frenado sus fechorías, como hicieron con Jimmy Morales, como lo acaba de hacer con los diputados que juramentaron al cuestionado exjuez Mynor Moto o con la Ley de Reconciliación que pretendía dejar libres a los responsables de delitos de lesa humanidad, o con las industrias extractivas de metales. Estas acciones y otras más, los tienen rabiosos.
Quienes viven de la impunidad y de privilegios, ahora están manoseando la elección de los magistrados de la CC, y lo mismo harán con los magistrados de la CSJ, y las Salas de Apelaciones, para meter a sus achichincles que les cubran sus delitos y los protejan. Los diputados ya lo hicieron. Así, estarán acabando con los pocos adelantos alcanzados en el 2015, hasta la expulsión de la Cicig y la cooptación del MP.
Por eso es de vital importancia el proceso que está en juego en este momento para la formación de las Cortes de justicia. Un proceso que debe hacerse apegado a la ley, según la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los candidatos, y que sea, como dijeron los obispos el año pasado: “Un paso firme para lograr la honestidad y eficiencia profesional que requerimos los guatemaltecos de quienes administren la justicia y el derecho”. (CEG, 7 feb, 2020).
Órganos electores. Son elegidos desde cinco instancias de poder. El Ejecutivo, o sea el señor Giammattei, quien debería hacerlo en Consejo de Ministros y no impuesto como pretende con aires de autoritarismo; la CSJ, tan cuestionada desde sus orígenes y desprestigiada por plegarse servilmente a los corruptos; por el Congreso con una directiva aliada del Ejecutivo y servil de fuerzas oscuras; por el Consejo Superior de la USAC, cuyos rectores y decanos han sido cuestionados los últimos años; por la Asamblea del CANG, cooptada por los corruptos y el crimen organizado. De estas cinco instituciones depende el futuro de la CC y, en buena medida, el futuro inmediato de la justicia en el país.
Los bastiones que aún nos quedan. La batalla es contra fuerzas muy poderosas, esta lucha tenaz y sin tregua es contra la dictadura de los corruptos y el régimen de impunidad, pero sobre todo, contra un sistema político infame, un Estado podrido y un gobierno mediocre y elitista.
Las únicas instituciones que están dando batalla con visión de país son la Procuraduría de los Derechos Humanos, liderada por el quetzalteco Jordán Rodas, la actual Corte de Constitucionalidad, principalmente sus magistrados Gloria Porras Escobar, José Francisco De Mata Vela, Neftaly Aldana Herrera, Bonerge Mejía Orellana, Requiescat in pace.
Además, esta lucha la están emprendiendo, con no pocas dificultades, tanto desde dentro del MP, como desde fuera, la Fiscalía Contra la Corrupción con su jefe Stuardo Campo; y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuyo titular es el jutiapaneco, Juan Francisco Sandoval.
Nos congratulamos con el licenciado Sandoval, quien, acaba de ser galardonado con el premio “Campeón Contra la Corrupción”, por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, entre 11 fiscales más, de todo el mundo.
Los motivos para tan alto reconocimiento fueron expresados por el Secretario de Estado, Antony J. Blinken, al afirmar que: “En todo el mundo, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad, obstaculiza el crecimiento económico, socava la democracia y los derechos humanos, destruye la confianza en las instituciones públicas, facilita la delincuencia transnacional y desvía recursos públicos y privados.”.
Finalmente, la llamada “prensa independiente”, que se expresa por la radio y la TV local, y los medios digitales, viene ejerciendo una fuerte fiscalización de los funcionarios y de otros fenómenos sociales, con información veraz, análisis profundos, debates abiertos y plurales, y denuncia audaz.
Aunque ello implique asumir altos riesgos para la seguridad de los periodistas, comunicadores y sus familias; también para la sobrevivencia de sus medios.
Conclusión. La lucha que se vive en este momento, es una batalla que se está librando entre las fuerzas que quieren un sistema de justicia independiente y eficiente, que se combata la corrupción y la impunidad, y quienes desean que el nefasto sistema político imperante siga manipulando la justicia en su propio beneficio.La batalla se da entre el clan de hienas violentas y hambrientas que han venido copando las instituciones y la sed de una justicia pronta y cumplida, que anhela el pueblo guatemalteco.