Los casos de Nanci Sinto y Dulce Archila fueron sobreseídos por las pintas del Congreso en 2020. Sergio Morataya y Heizel Morales, por la toma del Paraninfo de la USAC en 2023. Este 2 de septiembre, los cuatro vuelven al banquillo pese a los cierres previos.Cuatro procesos que exponen la criminalización de la protesta en Guatemala.
Por Daniela Sánchez-Lemus
Este 2 de septiembre, Nanci Sinto, cientista jurídica y social, defensora de derechos humanos, volverá a sentarse frente a un tribunal. No por haber incendiado el Congreso de la República, como muchas personas repitieron en 2020, sino por una pinta.
La acusan de depredación de bienes culturales por lo ocurrido durante las protestas del 21 de noviembre de 2020. El caso ya había sido cerrado por una jueza que consideró que no tenía fundamento. Pero el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, el Congreso y la Procuraduría apelaron. Una sala les dio la razón. Y ahora, casi seis años después, Sinto enfrenta debate oral y público ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, con la jueza Bélgica Annabella Deras Román.
Cronología de los hechos
Entre el 21N y este juicio hubo una detención, una vinculación a proceso en 2021, un sobreseimiento en 2022, una revocatoria dos meses después, una nueva etapa intermedia en 2023, amparos, reprogramaciones y años de espera.
Nanci no estuvo sola en ese expediente. El 24 de noviembre de 2021, junto a Juan Francisco Monroy, fue ligada a proceso por el mismo delito. Después se sumó la estudiante de sociología, Dulce Archila. Los tres fueron colocados bajo la misma investigación por las pintas del Congreso, pero sus caminos se separaron.
Este miércoles, Dulce también irá a juicio. A las 9:00 de la mañana, en Torre de Tribunales, ante el mismo tribunal. Su defensa lo ha dicho claro: la acusación se sostiene sobre presunciones y es parte de un patrón más amplio de criminalización de quienes protestan.
Y mientras eso ocurre, en el Tribunal Noveno empezará otro *juicio que habla del mismo patrón: el de Sergio Morataya y Heizel Morales, estudiantes de la USAC señalados de usurpación agravada por la toma del Paraninfo Universitario en 2023. La similitud radica en que este caso también fue sobreseído el 3 de noviembre del año pasado por la jueza Judith Secaida, del Juzgado Quinto Penal, tras haber concedido falta de mérito en 2024. Dos protestas distintas, la misma agenda judicial el mismo día.
Volvamos al 21N.
El 21 de noviembre de 2020, el Centro Histórico se llenó. Miles de personas salieron a las calles en contra de la aprobación del Presupuesto 2021. Hubo gases, enfrentamientos, un incendio, personas detenidas, represión policiaca que no fue investigada, sólo justificada. En medio de eso, el MP abrió investigaciones por las pintas.
https://twitter.com/Factor4_GT/status/1330390236447330304?s=20
La Fiscalía no acusa a Sinto de haber prendido fuego a nada. La señala por una pinta. Y sobre esa pinta construyó el delito de depredación.
El 10 de junio de 2022, la jueza Wendy Coloma cerró el caso. Dijo que los elementos del MP no alcanzaban para llevarla a juicio. No era solo si hubo o no una pinta, sino si eso constituía depredación de un bien cultural según la ley.
En esa discusión apareció un dato que ha perseguido el expediente: las pintas eran reversibles y su limpieza costó Q1,300. La defensa también sostuvo que los informes de conservación del edificio no acreditaban el deterioro que exige el tipo penal.
Esa resolución tuvo algo más: Coloma ordenó investigar la posible agresión policial contra Sinto durante las manifestaciones, luego de que la defensa mostrara videos de la actuación de la PNC ese día.
Pero el cierre duró poco. El MP, la PGN y el Congreso apelaron. En agosto de 2022, la Sala Tercera de Apelaciones revocó el sobreseimiento y ordenó que se llevara a juicio.
En marzo de 2023, la jueza Sonia Carol Martínez Obregón retomó la etapa intermedia y confirmó el envío a debate. Vinieron los amparos por presuntas vulneraciones en la audiencia del 31 de marzo, especialmente sobre la admisión de prueba.
¿Qué tiene que resolver el tribunal ahora?
En el debate, la Fiscalía tendrá que probar que esa pinta reúne todos los elementos de la depredación de bienes culturales. La defensa cuestionará la identificación, el daño y cómo se investigó. No hay condena anticipada. Eso lo dirá el tribunal después de escuchar la prueba.
De 2022 a 2022 solo cambió una cosa: quién decidía. Una jueza cerró el caso por falta de fundamento. Tres instituciones del Estado (MP, Congreso y PGN) pidieron reabrirlo. Una sala les dio la razón. La pinta siguió siendo la misma. El costo de limpiarla, Q1,300, también. Lo que no siguió igual fue el proceso: aunque el caso de Sinto ya había sido sobreseído, nunca dejó de avanzar.
Este 2 de septiembre, el 21N vuelve a Tribunales. No por el incendio que se quedó en la memoria colectiva de una mayoría, sino por una pinta que el Estado insiste en convertir en delito patrimonial. Y junto a él, el Paraninfo. Dos juicios, un mismo día, que vuelven a poner en evidencia cómo se está juzgando la protesta social en Guatemala
*Al cierre de esta nota, el juicio de Morataya y Morales fue suspendido por amparos interpuestos por la defensa.