Las radios comunitarias luchan por su reconocimiento en Guatemala. Desde 2016, la iniciativa permanece estancada en el Congreso.
En un encuentro nacional, representantes de medios comunitarios y autoridades indígenas analizaron y validaron ocho enmiendas que serán presentadas próximamente ante el Legislativo. La propuesta busca garantizar que las radios comunitarias e indígenas puedan ejercer su labor informativa sin ser criminalizadas y con un marco legal que reconozca el servicio que prestan a sus comunidades.
Por Norma Sancir
Edición y corrección de estilo: Daniela Sánchez Lemus
Autoridades indígenas y representantes de medios comunitarios se reunieron en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para analizar los avances de la iniciativa 4087, propuesta de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, que lleva más de una década en el Congreso de la República.
Rosa Ajanel, de Radio La Niña, explicó que la iniciativa fue impulsada por el Movimiento de Radios Comunitarias Indígenas en Guatemala, con el objetivo de garantizar el libre ejercicio del derecho a informar desde los territorios.
La propuesta cobró mayor relevancia tras la sentencia de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que estableció una serie de medidas para garantizar los derechos de las radios comunitarias indígenas.
El cumplimiento de esa sentencia volvió a ser motivo de discusión en mayo de 2025, cuando la Corte IDH realizó una audiencia privada en Guatemala para revisar las acciones emprendidas por el Estado. En esa ocasión, representantes de las cuatro radios indígenas involucradas en el caso expusieron la falta de avances suficientes para garantizar que pudieran operar sin persecución ni criminalización. También se cuestionó la falta de una reforma legal que reconozca a las radios comunitarias indígenas y les permita acceder de manera equitativa al espectro radioeléctrico.
Ese antecedente mantiene vigente la discusión sobre la iniciativa 4087. La sentencia de la Corte IDH no solo plantea la necesidad de evitar la criminalización de las radios comunitarias, sino también de modificar el marco legal para garantizar su funcionamiento y reconocer su papel dentro de las comunidades indígenas.
En el reciente encuentro, participaron representantes de Cultural Survival y de la Universidad de Suffolk, en Boston, Estados Unidos, quienes han acompañado el proceso desde el ámbito internacional y en materia de derechos de los pueblos indígenas.
César Gómez, de Cultural Survival, recordó que la iniciativa 4087 ingresó al Congreso en 2009 y obtuvo dictamen favorable en 2010. Siete años después, en 2016, avanzó a primera y segunda lectura, pero desde entonces permanece sin aprobarse definitivamente.
Gómez señaló que la sentencia de la Corte IDH ordenó al Estado de Guatemala permitir que las radios comunitarias de los pueblos Maya Kaqchikel de Sumpango, Sacatepéquez; Maya Achí de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz; Maya Mam de Cajolá, Quetzaltenango; y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, operen libremente. También estableció la necesidad de reservar una parte del espectro radioeléctrico para las radios comunitarias indígenas.
Cristian Otzin, director de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, organización que acompaña legalmente el caso, explicó que el fallo de 2021 estableció garantías de no repetición y ordenó al Estado adecuar su marco normativo para democratizar los medios de comunicación, con medidas específicas para las radios comunitarias indígenas.
Nicole Friederichs, abogada y catedrática de la Universidad de Suffolk, explicó a los participantes el proceso que siguió el caso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Sara Ortiz, también de esa universidad, compartió la experiencia de más de 30 estudiantes que participaron en el acompañamiento del proceso. Ortiz fue parte de ese grupo y actualmente continúa vinculada al caso como abogada.
Socializan la sentencia
Antes del encuentro nacional se realizaron tres reuniones regionales, además de clínicas de análisis legal para estudiar y socializar la sentencia de la Corte IDH y revisar la iniciativa 4087. El proceso concluyó con la reunión nacional, en la que se discutieron y validaron las enmiendas a la propuesta de ley.
La participación de organizaciones y radios comunitarias también formó parte de este proceso. El 12 de agosto, la Unión Verapazense de Organizaciones Campesinas (UVOC) informó que integrantes de Radio Kamolbe y Radio Caminante participaron en el Encuentro Nacional de Comunicadores Comunitarios y Autoridades Indígenas, convocado por el Movimiento Nacional de Radios Comunitarias de Guatemala y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala (Nim Ajpu). El encuentro fue planteado como un espacio para impulsar la iniciativa 4087 y fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión, la comunicación indígena y la libre emisión del pensamiento.
La iniciativa 4087 está integrada por 24 artículos. Durante el encuentro se presentaron ocho enmiendas que serán trasladadas al Congreso de la República, con el objetivo de que la propuesta avance y sea conocida en tercera lectura.
El avance de la iniciativa también enfrenta oposición en el Congreso, donde durante años no ha logrado alcanzar los consensos necesarios para continuar su trámite legislativo. Para las radios comunitarias y las autoridades indígenas que impulsan la propuesta, esa resistencia deja en suspenso una regulación que consideran indispensable para garantizar el derecho a la comunicación de los pueblos.
Rosendo Pablo, de la radio Xob’il Yol Qman Txun, una de las emisoras afectadas por la falta de reconocimiento legal, enfatizó que la iniciativa busca establecer garantías para los medios comunitarios y reconocer la labor que realizan en sus territorios.
A lo largo de la jornada, autoridades indígenas y comunicadores comunitarios participaron en la discusión y validación de las enmiendas a la iniciativa 4087.
Santos Pérez, autoridad Maya Ch’orti, señaló que los medios comunitarios necesitan una ley que los respalde y permita desarrollar su labor con garantías.
“El gobierno tiene muchas leyes, pero no son para el bienestar de los pueblos indígenas”
Sanros Pérez