Por Rony Morales y Daniela Sánchez Lemus
Ayer, viernes 23 de mayo, en el campus de la Universidad Rafael Landívar en Ciudad de Guatemala, ocurrió un hecho que, aunque ignorado por gran parte de la población, marcó un momento crucial para los pueblos indígenas del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia privada para evaluar si el Estado guatemalteco ha cumplido con la sentencia que lo obliga a garantizar el derecho de las comunidades indígenas a operar radios comunitarias sin persecución ni criminalización.
Las voces silenciadas: cuatro radios en resistencia
En el centro del debate están cuatro radios indígenas pertenecientes a los pueblos Maya Kaqchikel, Achí y Mam. Estas emisoras, gestionadas desde las propias comunidades, han sido durante décadas herramientas fundamentales para la preservación de sus idiomas, la difusión de información relevante y la construcción de una ciudadanía desde lo local. A pesar de sus limitados recursos, su impacto es inmenso: son espacios donde la cultura ancestral se mantiene viva y donde las noticias no llegan filtradas por intereses ajenos.
La Corte IDH centró su revisión en tres aspectos fundamentales:
- Libertad real para transmitir: ¿Pueden estas radios operar sin el temor constante a que la policía incaute sus equipos o sus integrantes enfrenten procesos penales?
- Reforma legal pendiente: ¿Ha avanzado Guatemala en la creación de un marco jurídico que reconozca y regule a las radios comunitarias indígenas, garantizando su acceso equitativo al espectro radioeléctrico?
- Reparación para los criminalizados: ¿Se han anulado las condenas y los procesos judiciales contra comunicadores indígenas acusados del «uso ilegal del espectro», un delito que solo existe porque el Estado no les ha dado una vía legal para operar?
A pesar de que la sentencia se emitió en 2021, las respuestas del Estado siguen siendo vagas y los avances, insuficientes. Por eso, la Corte decidió escuchar directamente a las comunidades afectadas, cuyos testimonios dejaron en evidencia la urgencia de medidas concretas.
¿Por qué es importante este caso? En una era dominada por las redes sociales y la comunicación digital, es fácil olvidar que, en vastas regiones de Guatemala, la radio sigue siendo el principal —y en muchos casos, el único— medio de información. Pero no se trata de cualquier radio: las emisoras comunitarias indígenas transmiten en idomas mayas, abordan problemáticas locales ignoradas por los grandes medios y son gestionadas por personas que conocen las necesidades de su gente.
Sin embargo, lejos de ser reconocidas como agentes de desarrollo y democracia, el Estado las ha tratado como delincuentes. Durante años, sus equipos han sido confiscados bajo el argumento de que operan «sin licencia», cuando la realidad es que el sistema les ha negado sistemáticamente la posibilidad de obtener permisos bajo condiciones justas.
Una deuda histórica. La sentencia de la Corte IDH fue clara: Guatemala debe dejar de criminalizar a las radios comunitarias indígenas, adaptar su legislación y garantizar su acceso al espectro radioeléctrico. No se trata de un gesto de buena voluntad, sino de una obligación internacional y un acto de justicia para pueblos históricamente marginados.