Por Carlos Robles
Edición y corrección de estilo Factor 4
El Astillero Municipal no es sólo un montón de árboles. De ahí surge el agua que abastece a Sumpango y varias comunidades más. Pero ese terreno de 1,85 kilómetros cuadrados, uno de los pulmones más importantes de Sacatepéquez y del país, está en peligro por la expropiación y la usurpación. Más de 300 grupos están metidos en el asunto, así lo confirmaron la mesa de autoridades departamentales y el concejo municipal de Sumpango.
El lugar no es cualquier terreno. Está catalogado como parque regional según la resolución SE-CONAP 258/2008, aparece en el listado de la Dirección de Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y el dueño legal es el municipio. Aún así, la situación se ha complicado, autoridades municipales denuncian tala ilegal, intentos de emitir escrituras falsas y el desmembramiento de cuerdas de terrenos.
Dentro de esa área natural hay dos pozos de agua que abastecen a más de 40 mil habitantes de Sumpango y zonas aledañas. También hay nacimientos y bosques que garantizan la recarga hídrica. Por eso la preocupación en la comunidad se ha acrecentado.
Angelina Aspuac, gobernadora departamental, no se quedó cruzada de brazos. El jueves 7 de mayo, convocó una mesa técnica con el Registro de Información Catastral (RIC) y el Fondo de Tierras (Fontierras) para que explicaran el porqué de esos desmembramientos y la emisión de escrituras.
En la reunión también estuvieron el Ministerio de Ambiente, el INAB, la PGN, Coprecon, el concejo municipal completo y el equipo de abogados que lleva el proceso legal. El acuerdo fue claro: medidas urgentes contra la tala y la usurpación.
Las tierras son del pueblo, no de hace rato, de hace más de un siglo
Según documentos municipales, esas tierras le pertenecen al pueblo ancestral sumpanguero desde hace más de 100 años. El problema se originó en disputas con arrendatarios de una asociación de agricultores. Ellos ocupan el terreno expropiado durante el gobierno de Otto Pérez Molina en 2012.
El caso ya llegó a la Corte IDH
La situación es tan grave que ya denunciaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La meta es que las tierras regresen a la población y que los recursos naturales beneficien a toda la comunidad. Las autoridades tienen miedo de que vendan el terreno a personas con otros intereses.
En 2004, la Asociación de Agricultores Arrendatarios logró titular el territorio después de que la alcaldía quisiera subir la cuota anual de arriendo de Q7 a Q10 por cuerda. Para 2007, más de 300 arrendatarios dejaron de pagarle a la municipalidad y ahora reclaman el área protegida como propia. Así lo contó en su momento Carmen Yol Escobar, presidenta de la Asociación de Agricultores del Astillero.
El agua, el bosque y quienes habitan Sumpango esperan que esta vez la balanza se incline del lado correcto.