La entrega de los restos de Alejandro González e Irineo Ambrosio, 40 años después de su desaparición, no permite olvidar la injusticia en una región que sufrió al menos 63 masacres durante el conflicto armado interno. En los Altos de Chimaltenango, donde el aire frío envuelve las milpas y el recuerdo de la guerra aún pesa en las paredes de adobe y en las memorias de las comunidades, dos familias cerraron esta semana una herida abierta durante cuatro décadas. Los restos de Alejandro González Curuchich e Irineo Ambrosio Salomón, víctimas del conflicto armado interno, fueron finalmente entregados a sus deudos en las comunidades de Patzaj y Joya Linda Vista, un acto de justicia forense que devuelve la dignidad donde la violencia solo dejó desolación.
Texto: Norma Sancir y Manuel Chocano
San Martín Jilotepeque, situado a unos 54 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, fue uno de los municipios más golpeados por la violencia durante la guerra interna. El conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996) dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, ensañándose especialmente con la población maya del altiplano. De acuerdo con el informe Guatemala: Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en el departamento de Chimaltenango se documentaron al menos 63 masacres por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales formaron parte de una estrategia contrainsurgente que dejó un saldo estimado de más de 15.000 víctimas directas en el departamento.
A finales de la década de 1970, inició la represión selectiva en San Martín, un municipio que el ejército consideraba tener un gran potencial de apoyo a la guerrilla. El 18 de noviembre de 1981, el Ejército lanzó una ofensiva sobre el área de Quiché y Chimaltenango, marcando el punto de partida de las grandes masacres. Ante el terror que se vivía, en marzo de 1982 más de 1.000 familias huyeron hacia el norte de la aldea Estancia de la Virgen, a la orilla del río Pixcayá, en busca de un lugar seguro. El 18 de marzo, militares del destacamento de San Martín y de la Escuela Politécnica atacaron al numeroso grupo de hombres, mujeres y niños; la Comisión estimó que murieron entre 300 y 400 personas y que familias completas fueron aniquiladas. Comunidades como Choatalun, Pacoj, Cruz Nueva y La Estancia de la Virgen fueron diezmadas por las campañas contrainsurgentes de 1982.
Para Alejandro González, el regreso a casa tardó 40 años. Secuestrado y asesinado durante los años más oscuros del enfrentamiento fratricida, su nombre permaneció en la lista interminable de desaparecidos hasta que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) logró identificar sus huesos. Durante la ceremonia de entrega, su hijo, Leonardo, compró ropa nueva y colocó con una devoción meticulosa los restos en el ataúd, preparando el cuerpo para un velorio que el destino le había negado durante toda una vida. “Es una alegría y una tristeza en el corazón, volver a vivir”, confesó Leonardo, con la voz quebrada por el peso de un duelo postergado. “Pero ya quedó todo lo que escribió en su corazón”.
José Silvio Tay, de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), enfatizó la dimensión política del acontecimiento. “Luchamos por tener memoria”, afirmó Tay, “para que esto pueda llegar a lo penal y llevarlo a los tribunales”. Al encender una vela junto al féretro, añadió: “Se cierra un duelo. Por fin se puede tener al familiar para ponerle una flor y encenderle una luz”.
La segunda entrega, en la aldea de Joya Linda Vista, tuvo un eco igual de desgarrador. Irineo Ambrosio Salomón tenía apenas 20 años cuando salió de su hogar para buscar a sus hermanos y nunca regresó. Durante el traslado de la caja sellada por la FAFG hacia el osario comunitario, sus familiares reconocieron el morral y el vestuario que llevaba puestos el día de su desaparición. Su hermana, testigo de la atrocidad, recordó el instante en que la guerra irrumpió en su intimidad: “Quemaron nuestra casa y mataron a mi hermano”, dijo. Observando el féretro que descendía lentamente, concluyó con una frase que pesa como una sentencia y un suspiro: “Aquí vino a encontrar la paz mi hermano”.
En un país donde las fosas comunes aún guardan secretos y la búsqueda de los 45.000 desaparecidos continúa siendo una deuda pendiente, la devolución de estos restos representa un triunfo frágil pero significativo de la memoria sobre el olvido. Para estas familias, la espera de medio siglo ha terminado; ahora, solo queda el difícil consuelo de un nombre, una tumba y la certeza de que, al fin, pueden llorar a sus muertos en paz.
21 de agosto, San Martín Jilotepeque, Guatemala