Por Daniela Sánchez Lemus
La audiencia está programada para este 19 de agosto. La defensa busca incorporar pruebas de descargo, mientras el proceso acumula suspensiones y cuestionamientos por el uso del sistema penal contra quienes participaron en las protestas universitarias de 2022 y 2023.
El abogado, catedrático universitario, defensor de derechos humanos Ramón Cadena, y los estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) Pedro Ros y Christopher Morales volverán este miércoles 19 de agosto a la Torre de Tribunales. La audiencia está prevista para las 13:00 horas ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Víctor Cruz. Los tres forman parte del grupo de personas procesadas en el caso que el Ministerio Público, bajo el mandato de Consuelo Porras, denominó “Toma USAC: Botín Político”, una investigación que surgió tras las protestas contra la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC en 2022.
La diligencia había sido programada inicialmente para mayo, pero fue suspendida. El 11 de mayo, la ausencia de integrantes del Ministerio Público obligó a reprogramarla para el 19 de agosto. En esa audiencia, el juzgado debía abordar asuntos relacionados con la etapa intermedia, entre ellos el ofrecimiento de pruebas.
El antecedente más reciente tampoco permitió avanzar.El 28 de mayo, otra audiencia fue suspendida porque el juez se encontraba atendiendo un proceso distinto y no podía conocer de la diligencia. Para entonces, la defensa buscaba incorporar pruebas de descargo que, según los abogados de los procesados, habían sido rechazadas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural. El caso sigue el mismo patrón que ha ocurrido con otras personas operadoras de justicia, activistas de derechos humanos, estudiantes, líderes indígenas y personas que ejercen liderazgos comunitarios.
Un proceso que nació de la protesta universitaria
El caso se remonta a las movilizaciones estudiantiles y universitarias de 2022 y 2023, cuando integrantes de la comunidad sancarlista protestaron contra el proceso mediante el cual Mazariegos llegó a la Rectoría.
La investigación penal alcanzó al estudiantado, a docentes, a personas trabajadoras de la USAC y a personas defensoras de derechos humanos. En noviembre de 2023, el Ministerio Público solicitó órdenes de captura contra 27 personas vinculadas con el caso.
Entre ellas se encontraba Ramón Cadena, abogado y defensor de derechos humanos que había brindado asesoría jurídica al movimiento estudiantil, docente y administrativo de la USAC sobre el derecho a la protesta y la autonomía universitaria. Su situación llegó a un punto crítico en noviembre de 2025. Cadena se presentó voluntariamente ante los tribunales para responder por una orden de captura que permanecía vigente desde 2023. Fue detenido y pasó 11 días en prisión preventiva antes de recuperar su libertad mediante una medida sustitutiva.
El juez Víctor Cruz, incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos (que identifica a personas de Centroamérica señaladas por corrupción significativa o por acciones que socavan la democracia), ligó a Cadena a proceso por usurpación agravada y depredación de bienes culturales en forma continuada. Sin embargo, dictó falta de mérito por los delitos de sedición y asociación ilícita que también le atribuía el Ministerio Público.
La CIDH cuestionó la criminalización
El proceso contra Cadena también generó pronunciamientos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por su detención y señaló que el caso se desarrolla dentro de un contexto más amplio de criminalización contra estudiantes, docentes, trabajadores y personas defensoras de derechos humanos que participaron en las movilizaciones universitarias.
La Comisión cuestionó además el uso del sistema penal como una posible forma de represalia por actividades relacionadas con la defensa de derechos y el acompañamiento jurídico a estudiantes y personal académico.
Organizaciones internacionales de juristas también han advertido sobre posibles afectaciones al debido proceso dentro del expediente.
Un proceso marcado por suspensiones
Mientras tanto, el caso continúa avanzando entre reprogramaciones.
La audiencia del 11 de mayo fue suspendida por la ausencia de integrantes del Ministerio Público. Posteriormente, la diligencia prevista para el 28 de mayo tampoco pudo realizarse porque el juez estaba atendiendo otro proceso.
Para los procesados y sus abogados, cada suspensión representa más tiempo dentro de un proceso que permanece abierto desde hace varios años. Además, los estudiantes imputados junto a Cadena, Pedro Ros y Christopher Morales también han cuestionado las constantes reprogramaciones y el rechazo de algunas de las pruebas que buscan presentar como parte de su defensa.
Diversas organizaciones y personas que acompañan el proceso han convocado a asistir a la Torre de Tribunales para respaldarlos.
La interrogante es: ¿hasta dónde puede llegar el uso del derecho penal frente a quienes participaron en una protesta universitaria? Este miércoles, la respuesta, al menos en esta etapa del proceso, estará en manos del Juzgado Décimo Penal.