Víctor M. Ruano P.
Diócesis de Jutiapa
F4gt.com
Jutiapa, 24 de junio, 2021
Introducción. Estimados lectores y lectoras de Factor 4, para muchos de ustedes no es novedad el hecho que nuestro país, en este momento histórico, está atrapado por un sistema llamado narco-cleptocrático, es decir, el poder real en las manos de los narcos, esto es del crimen organizado; también lo ejercen los corruptos, cobijados bajo el manto de la impunidad, integrados principalmente por la clase política en contubernio con las elites económicas depredadoras.
¿Quiénes lo financian? Este sistema perverso es financiado por el gran capital de las pocas familias oligárquicas, o sea las pocas familias más ricas; y por el capital transnacional, es decir, aquel capital venido de fuera y que se manifiesta en las mineras, en los monocultivos como la palma africana y en las hidroeléctricas, tan solo por citar algunos ejemplos.
A su vez, la narco-cleptocracia es la que financia las campañas electorales a nivel de los municipios y a nivel general por medio de los partidos políticos. Desde Jimmy Morales ha cobrado fuerza, aunque ha estado presente en los últimos 30 años, desde que salimos de las dictaduras militares, violadoras de los derechos humanos y responsables de genocidio, aunque la Corte de Constitucionalidad liderada por Molina Barreto, Pérez Aguilera y Maldonado Aguirre, hayan anulado esa sentencia por presiones del CACIF y la clase política corrupta y marrullera de este país.
Su consolidación in crescendo. Ese sistema narco-cleptocrático se ha venido consolidando gobierno tras gobierno hasta el presente, que se impone brutal y cínicamente con el gobierno de Giammattei, y no permite que las grandes mayorías se beneficien, pues en este momento somos uno de los países más desiguales de América Latina, en un subcontinente ya desigual y de bajo crecimiento económico.
Una de las formas más comunes que utiliza este sistema para su consolidación es “el endeudamiento público”, no para impulsar el desarrollo de los pueblos, sino “para beneficiar, a través de contratos públicos privados a sus grupos afines y utilizar el presupuesto igualmente para beneficio de esa élite política, militar, económica y ahora complejizada por el crimen organizado”. (Carta de las Organizaciones Sociales a la Señora Kamala Harris, 6 junio 2021)
El rol de los partidos políticos. La descomposición del frágil sistema democrático se da por medio “de los partidos políticos, cuyos dirigentes cumplen las formas, pero no así el fondo ni el espíritu del rol que deben jugar los partidos en su intermediación con la población. Desde los puestos de poder logran controlar y capturar la economía”, (Ibid.), una economía que privilegia a las pocas familias más ricas mientras mata a las grandes mayorías y es productora de pobreza.
De los contratos que da el Estado, son acaparados por dirigentes políticos locales en contubernio con alcaldes y gobernadores que involucran a sus propias empresas o las de sus financistas. El 30% aproximadamente, de esos contratos se pierde en corrupción que beneficia a funcionarios públicos y el sector privado. Este porcentaje se incrementa cuando a los pocos meses están empeñados en las mismas obras.
Un ejemplo claro de este derroche de dinero lo tenemos en dos tramos carreteros en Jutiapa. Uno, llamado “La Ruta 23”, que va de la cabecera al municipio de Yupiltepeque, y el otro, que va hacia la montaña de Jutiapa. En este tramo, asignaron los recursos y la empresa no hizo casi nada, solo unas cunetas mal hechas en 3 Km de los 20 Km que implicaba la obra. “La Ruta 23”, poco antes que concluyera el gobierno de Jimmy Morales, fue inaugurada. A los pocos meses era evidente la chambonada, tal como vemos el libramiento de Chimaltenango, la mega obra de la corrupción.
Ahora el gobierno actual, con el mismo procedimiento plagado de corrupción vuelve a invertir en esos mismos tramos carreteros, seguramente con presupuestos más elevados. Esta práctica es común, sucede cada 4 años en todo el territorio nacional, desviando la inversión destinada a atender las causas subyacentes de la extrema pobreza y de la migración.
Control del sistema de justicia. Este sistema narco cleptocrático se empeña ahora por tener el control del sistema de justicia que les garantice la impunidad en sus actos criminales y dejar a la ciudadanía en estado de indefensión.
Las resoluciones de la actual Corte de Constitucionalidad, en dos meses desde su instalación, ha demostrado que lo que menos le interesa es la paz social y la consolidación de la justicia.
Es claro que su propósito se orienta a desbaratar los pocos y costosos avances que la FECI viene impulsando, no solo por los bloqueos a que se ve sometida desde dentro del MP, sino por los continuos ataques que recibe de aquellas fuerzas oscuras al servicio del llamado Pacto de Corruptos.
Solo un amplio movimiento ciudadano podrá derrumbarlo. Este sistema dictatorial que se ha instalado en nuestro país debe ser derrumbado radicalmente, y quienes lo sostienen y viven de él deben ser sometidos al rigor de la justicia, pero para ello se necesita de un sistema de justicia robusto y fielmente apegado a la Constitución.
También se requiere de un movimiento ciudadano organizado, plural, incluyente y fuerte, con la participación de campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, profesionales, migrantes y retornados, junto a líderes sociales que no tienen vínculos con la vieja política ni con ese sistema narco-cleptocrático.
Finalmente, se requieren instituciones democráticas sólidas, que tengan como horizonte el bien común y la dignidad de la persona y de los pueblos, sobre todo en el ámbito de la justicia independiente, objetiva, imparcial y libre de conflictos de interés.
Me atrevo a afirmar que este es el camino para liberarnos de esa nueva dictadura narco-cleptocrática que hoy vivimos y que ha logrado el control de todos los poderes del Estado y de toda la institucionalidad. Una dictadura que mantiene la apariencia democrática cada cuatro años “con las alegres elecciones”, mientras todo el ejercicio del poder está centrado en la acumulación de riqueza de unos pocos, los mismos de siempre.
Además, vemos cómo el país se hunde en el peor descalabro de su historia con el abandono completo de las funciones esenciales de un Estado democrático, relegando el bien común en aras del beneficio de los corruptos y ladrones y agravando nuestras históricas y graves deficiencias en ámbitos como salud, educación, administración de justicia, seguridad y creación de oportunidades para la población. (Editorial, “SOS y el espejo de Nicaragua”, en La Hora, 22 de Junio, 2021).
Conclusión. La narco-cleptocracia está dando como resultado una sociedad muy agitada por el descontento social, porque las legítimas exigencias de los ciudadanos no son resueltas, una sociedad golpeada por las olas del empobrecimiento y la desigualdad entre las gentes, y una sociedad zarandeada por los vientos huracanados del crimen organizado, de la corrupción y la impunidad de los gobiernos y de las élites económicas que los respaldan.
Guatemala debe dar un salto de calidad, que garantice llegar a altos niveles de una justicia pronta y cumplida, a dinámicas eficaces de transparencia y honestidad de sus gobernantes, a oportunidades de desarrollo integral para todos los ciudadanos, y al logro de una paz firme y duradera.