La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) dio a conocer este martes que cuarenta y cinco años después de la desaparición forzada del sacerdote Conrado de la Cruz, el caso empieza a avanzar en los tribunales guatemaltecos.
Guatemala, 11 de junio de 2025 – El Ministerio Público imputó formalmente a Adán de Jesús Barillas Pinto, presunto exintegrante de las fuerzas de seguridad del Estado durante el Conflicto Armado Interno, por su posible participación en el secuestro y desaparición del religioso y su acompañante Herlindo Cifuentes Castillo, ocurrida el 1 de mayo de 1980.
Conrado de la Cruz, sacerdote filipino de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, fue visto por última vez en el centro de la capital mientras acompañaba una manifestación del Día del Trabajo. Caminaba junto a Cifuentes y un menor de edad cuando un vehículo tipo pickup, blanco y sin distintivos, se detuvo en plena vía pública frente a lo que hoy es la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG). Los tres fueron obligados a subir al vehículo. Al menor lo liberaron más adelante. A Conrado y Herlindo nunca más se les volvió a ver.
Durante más de cuatro décadas, la congregación del Inmaculado Corazón de María —a la que pertenecía el padre Conrado— ha impulsado acciones para exigir justicia. Hoy, participa como querellante adhesivo en el proceso judicial, junto con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG).
El papel que desempeñamos en este proceso es doble: actuamos como asesores jurídicos y como representantes de la congregación, explica Nery Rodenas, director de la ODHAG. Buscamos que se establezcan responsabilidades, aunque hayan pasado más de 40 años.
El principal acusado en el caso es Pedro García Arredondo, exjefe del Comando 6 de la Policía Nacional, señalado en múltiples procesos por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, actualmente se encuentra bajo evaluación médica, ya que su defensa alega incapacidad mental para enfrentar juicio. Mientras tanto, el Ministerio Público ha identificado a otros cuatro implicados. Uno de ellos ya compareció ante los tribunales, mientras que sobre tres más pesan órdenes de captura emitidas recientemente.
La imputación más reciente se presentó en el Juzgado Undécimo de Mayor Riesgo, donde fiscales del MP ofrecieron medios de convicción que vinculan a Barillas Pinto con la desaparición del sacerdote y su acompañante. La audiencia de continuación está programada para el 3 de julio.
El caso del padre Conrado de la Cruz es solo uno entre miles. Durante el conflicto armado guatemalteco, entre 1960 y 1996, más de 40,000 personas fueron desaparecidas. Sin embargo, son contados los casos que han llegado a los tribunales. Por eso, este proceso representa mucho más que una causa individual: es un paso simbólico y jurídico importante, no solo para la familia y la congregación del padre Conrado, sino también para un país que aún carga con una deuda pendiente hacia las víctimas de su historia reciente.
Mientras la justicia define si los acusados están en condiciones de enfrentar el proceso, la memoria no se detiene. La desaparición forzada no termina con el hecho, sino con la verdad y la justicia, afirma Rodenas.