Por Daniela Sánchez Lemus
El miércoles 17 de septiembre de 2025, la Ruta de Muxbal volvió a convertirse en un punto crítico. Las lluvias intensas provocaron deslaves y desprendimientos de rocas que arrastraron motocicletas y dejaron a las personas que se conducían en sus vehículos por el lugar atrapadas entre el lodo. La escena, repetida y peligrosa, reabrió la pregunta que vecinas y vecinos formulan desde hace años: ¿cómo es posible que en un área tan vulnerable se sigan permitiendo obras que aumentan el riesgo?
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, en su cuenta de X, aseguró que la obra vinculada al deslave no cuenta con licencia municipal porque incumple el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Según dijo, la empresa Sur Muxbal, S.A. ya fue sancionada en dos ocasiones con multas que suman Q850 mil y las obras se encuentran suspendidas. Sin embargo, reconoció que la compañía sí obtuvo permisos de otras instituciones del Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), este último responsable de autorizar la tala de árboles en la zona. Para Siero, esa deforestación fue clave en la tragedia y por eso anunció nuevas sanciones y acciones judiciales.
Los documentos oficiales confirman parte de lo dicho: Sur Muxbal, S.A. tiene autorización de la Dirección General de Caminos, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, para realizar trabajos en el derecho de vía de la carretera antigua a Guatemala. Ese permiso incluye movimiento de tierra y obras viales, pero también advierte que no sustituye otras licencias necesarias, como las municipales o ambientales. El problema es que cada institución emite permisos de manera fragmentada, sin que exista una supervisión unificada que garantice seguridad en una zona de pendientes pronunciadas y lluvias frecuentes.
Así, la responsabilidad se diluye. El INAB autorizó la tala, el Ministerio de Comunicaciones aprobó los trabajos viales, el Ministerio de Ambiente debió revisar el impacto ambiental y la municipalidad tenía la obligación de hacer cumplir el POT y detener cualquier proyecto que pusiera en riesgo a la población. Mientras tanto, la empresa ha continuado sus operaciones a pesar de multas y suspensiones, respaldada por licencias nacionales que chocan con la normativa local.
El espejo para Siero: su propia gestión
El deslave llega en un contexto particular para Sebastián Siero. Desde 2016 ha construido una imagen de alcalde que apuesta por el medio ambiente: inauguró plantas de tratamiento de aguas residuales en sectores como La Frontera, impulsó la prohibición del uso de bolsas plásticas y pajillas en el municipio, y en 2023 fue reelecto con amplio respaldo. Además, ocupa cargos nacionales clave: preside la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y es vicepresidente del Instituto de Fomento Municipal (INFOM).
Pero esa trayectoria también carga con contradicciones. Ha cuestionado regulaciones ambientales nacionales —como el reglamento de desechos sólidos, al que calificó de “dictatorial”— y enfrentó denuncias ciudadanas por el deficiente servicio de agua en aldeas como El Pajón, donde los vecinos acusan cobros injustificados y suministro irregular.
Denuncia ciudadana FB VPO Noticias/ 24.04.2025
Por eso, resulta grave que ahora intente presentarse como espectador y no como actor en lo ocurrido en Muxbal. Su discurso ambiental se enfrenta a una prueba de fuego: demostrar que la municipalidad no solo promueve normas cuando son convenientes, sino que también hace valer el POT y protege a las y los vecinos aun frente a permisos emitidos por entidades nacionales.
El POT: papel y realidad
El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial ( POT) de San José Pinula fue elaborado durante dos años con estudios técnicos, científicos y mesas participativas. Su diseño contempló cuatro ejes: conservación ambiental, calidad de vida, recarga hídrica y conectividad vial. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran:
- La reserva de cerca del 50 % del municipio como bosque o área verde protegida, donde está prohibida la urbanización.
- La protección de zonas de recarga hídrica es esencial para el suministro de agua potable.
- La obligación de que cualquier desarrollo urbano o vial considere el mapa de riesgos municipales, que identifica pendientes, áreas de deslave y zonas de vocación forestal.
- El desarrollo de un plan vial con seis nuevas carreteras para mejorar la movilidad, acompañado de exigencias ambientales.
Si se aplicara con rigor, el POT daría a la municipalidad bases legales sólidas para frenar obras que invaden áreas forestales o que no cuentan con medidas adecuadas de mitigación de riesgos. La pregunta es por qué, pese a ese marco, la comunidad sigue enfrentando derrumbes, caídas de rocas e inundaciones que ponen en riesgo vidas y propiedades.
Lo que aún falta responder
Lo que sigue sin estar claro es si el Ministerio de Ambiente exigió estudios de riesgo específicos para deslaves y medidas de mitigación, si los permisos otorgados siguen vigentes o fueron apelados, y cuánta de la deforestación realizada fue legal o ilegal. Tampoco se sabe con certeza si las sanciones municipales ya tienen resoluciones firmes o si la empresa puede seguir litigando para ganar tiempo.
El deslave de Muxbal no puede atribuirse solo al clima. Es la consecuencia de un sistema en el que las licencias se reparten por pedazos, las sanciones no se traducen en acciones efectivas y las responsabilidades se dividen entre varias instituciones sin que ninguna asuma por completo.
En este escenario, el rol de Siero es clave. Su historial lo obliga a actuar con coherencia: si ha hecho bandera de proyectos ambientales y regulaciones municipales, ahora debe demostrar que la protección de la población y el respeto al POT pesan más que los choques con permisos nacionales. De lo contrario, la percepción seguirá siendo la de un alcalde que celebra obras ambientales cuando lucen bien en el discurso, pero que evade su cuota de responsabilidad cuando la montaña se viene abajo.