Durante mucho tiempo, las vastas aguas de alta mar fueron como un enorme espacio sin ley. Pensemos en esto: un territorio que empieza donde termina la soberanía de los países, que cubre casi dos tercios de nuestros océanos y que es esencial para la vida en la Tierra. Increíblemente, funcionó con un montón de reglas inconexas y con enormes vacíos legales.
Por Daniela Sánchez Lemus
El 17 de enero de 2026 entró en vigor el Tratado de Alta Mar, convirtiéndose oficialmente en un instrumento de derecho internacional destinado a proteger la conservación del océano. Para entender el alcance de este nuevo tratado y por qué es importante para Latinoamérica, entrevistamos a Sara Zelaya, bióloga hondureña y líder de incidencia en el Programa de Océano de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente). De esta entrevista, surgió esta nota.
Lo primero que hay que saber es que este acuerdo —formalmente el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ)— constituye el tercer gran paso de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Su importancia va más allá de ser un simple documento legal; propone un cambio de mentalidad radical: dejar de ver el océano como una suma de sectores aislados (pesca por aquí, navegación por allá) para tratar a la biodiversidad marina como un auténtico bien común global.
La alta mar estuvo, francamente, casi sin reglas efectivas durante muchísimo tiempo, afirma Zelaya. Había normas para cosas muy puntuales, como pescar o navegar, sí, pero no un marco que pusiera la protección de la vida marina en el centro de todo.
Zelaya explica que, justamente por eso, el Tratado de Alta Mar llega para llenar esos vacíos. Ofrece herramientas prácticas para garantizar que los ecosistemas que antes eran invisibles para la política global por fin tengan la protección que merecen.
El Acuerdo BBNJ se fundamenta en cuatro pilares. El primero, y muy crucial, es el acceso a los recursos marinos y cómo repartir, de forma justa, los beneficios que se obtengan de ellos, buscando así corregir una injusticia histórica que permitía que sólo los países con alta tecnología se beneficiaran. El segundo es algo totalmente nuevo: la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar. El tercero obliga a evaluar el impacto ambiental de cualquier actividad que pueda dañar seriamente el océano. Y el cuarto se enfoca en desarrollar capacidades y transferir tecnología marina, pensando especialmente en los países en vías de desarrollo.
Más allá del marco legal, el tratado tiene una importancia enorme, tanto en lo simbólico como en lo político. En un mundo asediado por la crisis climática, la pérdida acelerada de especies, la degradación de los recursos naturales que sustentan la alimentación humana y las tensiones geopolíticas, su aprobación es un mensaje potente: la cooperación multilateral todavía es posible. Para Zelaya, es la prueba de lo que se puede lograr cuando los países deciden trabajar juntos por un objetivo que beneficia a todas y todos. El océano es el 70 % del planeta; su cuidado no puede ser un esfuerzo solitario.
Uno de los principios más bellos del acuerdo es que reconoce la alta mar como patrimonio común de la humanidad. Esta visión es esencial para la justicia ambiental, especialmente en América Latina.
Actualmente, el acceso a las áreas fuera de la jurisdicción nacional es profundamente desigual. Solo un grupo reducido de naciones posee el capital, la tecnología y el personal científico necesarios para explorar y aprovechar estos espacios. El objetivo central del tratado es transformar esta realidad, promoviendo una distribución más justa tanto de los beneficios como del conocimiento generado.
Desde la perspectiva latinoamericana, las oportunidades que abre este acuerdo son concretas y significativas. Por un lado, permite que se creen las primeras áreas marinas protegidas en alta mar. Esto es clave si se quiere alcanzar metas globales, como el compromiso de proteger el 30 % del océano para 2030. De hecho, Zelaya recuerda que algunas de las ideas más ambiciosas en este campo ya están siendo impulsadas por la región, con Chile y Costa Rica a la cabeza.
Además, el acuerdo pone el foco en las evaluaciones de impacto ambiental, un escudo vital contra el avance de las actividades extractivas en el océano. Aunque industrias como la pesca a gran escala o la minería de fondos marinos tienen sus propias regulaciones, el tratado introduce una obligación fundamental: la coherencia entre los foros internacionales. Para Zelaya un Estado que firma este Tratado y, al mismo tiempo, es parte de una organización pesquera o de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene el deber de alinear sus decisiones con el objetivo de proteger la biodiversidad, abriendo canales de diálogo y coordinación que simplemente no existían antes.
El tratado no es una solución mágica y enfrenta grandes retos. Su éxito dependerá, en gran parte, de que los Estados tengan la voluntad política y la capacidad para cumplir lo que prometieron. Persisten diferencias significativas entre países ricos y pobres en términos de fondos y capacidad técnica. Y la información científica y tecnológica sigue sin ser de acceso igualitario, lo que podría dejar fuera a algunos países.
En este panorama, Zelaya enfatiza que la primera Conferencia de las Partes será decisiva. Allí se armarán los órganos técnicos, se diseñarán los mecanismos de financiación y se definirán las reglas del juego que harán que el tratado pase de ser papel a acción. Será el momento de la verdad para los principios de cooperación y equidad que el acuerdo promueve.
Aunque la alta mar parezca un lugar remoto, sus efectos nos llegan mucho más cerca de lo que imaginamos. El océano es uno y está conectado, nos recuerda Zelaya. La contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad no conocen fronteras y terminan afectando de lleno a las comunidades costeras e insulares de Latinoamérica, cuya supervivencia (comida, economía, identidad) depende directamente del mar.
En medio de la triple crisis que azota al planeta (climática, de biodiversidad y de contaminación), el Tratado de Alta Mar no es una solución final e inmediata. Pero sí puede ser histórico. Una oportunidad real para dejar de pensar en la alta mar como tierra de nadie y empezar a asumir, de manera conjunta, la responsabilidad de proteger el ecosistema más grande del planeta.
El acuerdo ya es una realidad legal. Ahora, la verdadera pregunta no es si llegó a tiempo, sino si el mundo estará dispuesto a honrar lo que, por primera vez, ha quedado plasmado en un documento.
