Por Haroldo Sánchez
La violación a los derechos humanos se ha agudizado en el país porque el gobierno lo posibilita, lo genera y lo expande y las comunidades sólo han conocido al Estado a través de una bota militar o de un escudo antimotines. En esta charla con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, se hace un recorrido por la situación del país.
-Segunda Parte y final-
Haroldo Sánchez. ¿Por qué es importante defender los derechos humanos?
Jorge Santos. Porque construye democracia. En términos concretos, porque inundan la vida y la existencia humana. La defensa de los derechos humanos tiene un núcleo central, que busca garantizar la dignidad de la persona humana, tienen que ver desde vivir libre de pobreza, el derecho a la alimentación, a la salud, un trabajo digno, a poder emitir el sufragio en plena libertad, a poder expresar mis ideas políticas sin temor, a que las mujeres vivan libres de violencia, a que puedan ejercer sus derechos plenos, a que los pueblos tomen sus propias decisiones y sean capaces de escoger el desarrollo que desean.
Es decir, tienen que ver con ese núcleo que es la dignidad de la persona humana, nos convierte en sociedades distintas a las que lamentablemente estamos acostumbrados en este país. No solo es un tema de libertad y del ejercicio de garantías, sino que tiene que ver con desarrollo económico, con garantías de derechos económicos, sociales, civiles y políticos y libertades fundamentales.
Es el hecho de que las comunidades de la zona 18 tengan acceso al agua, que podamos gozar de un servicio de transporte, no solo eficiente sino adecuado, con seguridad, que podamos llegar a nuestros trabajos con tranquilidad y no estamos hablando de una sociedad idílica, sino de una sociedad donde el respeto de esos derechos fundamentales, nos lleva a que no hay nadie por encima de la ley, que todos estamos sujetos a la ley a ese imperio, pero que todos vamos a gozar de garantías judiciales, en dado caso se cometa un hecho delictivo o criminal. Es construir una sociedad distinta a la que tenemos en este país.
¿Cuál es el rol que deben tener las autoridades gubernamentales y municipales en el respeto a los derechos humanos?
Son las autoridades las que están obligadas a que la población goce de esos derechos. Por ejemplo, una manifestación pública. Muchos funcionarios pretenden esconderse tras el derecho a la libertad de la locomoción, las y los ciudadanos gozan de ambos derechos, el que está obligado a garantizar ambos derechos, aún en el marco de una manifestación, es el Estado. Por eso se informa a la autoridad de que se va a movilizar un día y establece la ruta por la que se va a movilizar para que las autoridades garanticen la libertad de locomoción.
No es posible que muchas de las obligaciones del Estado sean asumidas por la ciudadanía y qué bueno que este pueblo es en extremo solidario, porque si no, mucha gente estaría indefensa completamente. Solo pensemos en dos eventos catastróficos grandes: Pandemia y como la ciudadanía guatemalteca se volcó a atender a las personas, a las banderas blancas, como vimos el florecimiento de un restaurante bar en la zona 1, donde hacían largas colas para recibir un plato de almuerzo. Esas son obligaciones que le corresponden al Estado no a la ciudadanía.
Es ahí cuando hablamos de transformar un Estado, uno capaz de garantizar derechos fundamentales de la población y eso reduciría mucho lo que sucede en este país. Los desastres suelen tener este nombre, pero son fenómenos naturales que frente a la enorme inequidad en el país produce desastres. Mucha de esa garantía de derechos humanos permitiría que los hechos que vivimos año con año no se den y no se gesten.
En las comunidades ¿a quién le corresponde este rol? ¿Al alcalde?
Al alcalde, a las autoridades comunitarias, incluso. El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, hizo un importante indicador que se llama “Índice de Ansiedad del Estado”, que establecía que la presencia del Estado en el departamento de Guatemala superaba el 80%, es decir, hay una alta concentración institucional pública, pero cuando ya sales a las cabeceras departamentales ese indicador baja hasta 40%, y en el resto del país solo hay presencia del Estado en un 20%.
Muchas comunidades del país solo han conocido al Estado a través de una bota militar o a través de un escudo antimotines, pero las políticas públicas de asistencia social de salud, educación, vivienda digna, agua potable, energía eléctrica no es el rostro del Estado. Ahí debe llegar el Estado como un obligado de garantías de derechos fundamentales y no como un agente violentador. En las comunidades corresponde ese rol a los alcaldes, a la corporación municipal y a todo el entramado que después se arma para la lista geográfica de obras, los COCODE, los COMUDES, tienen una participación muy importante en la toma de decisiones sobre garantías de derechos.
La sociedad se vio sacudida por lo ocurrido en la zona 18 donde 3 jóvenes (dos niñas de 14 años y otra de 17), descuartizaron a otra de 15 años, ¿a qué se atribuye este tipo de agresiones, que crecen cada día más en el país?, ¿a qué se debe esto?
A la ausencia y garantía de derechos humanos, sin lugar a dudas, a la desprotección del Estado guatemalteco en términos generales. Algunas estadísticas antes de la pandemia decían que más de 4 millones de niños estaban fuera de la escuela, por ejemplo, y muchos de ellos subsistiendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, ausencia de alimentos, de un entorno digno donde poder desarrollar su vida, ausencia de cultura, de espacios de recreación. Es decir, hay un fenómeno en las sociedades en donde la salida de muchos de los problemas solo es factible darles una respuesta a través de mecanismos violentos y eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad lamentablemente, ese es un factor.
El otro factor es la impunidad, es decir si yo lo que estoy viendo como sociedad es que los delitos no se persiguen, lo que estoy dando es una autorización, es una licencia para seguir cometiendo hechos delictivos. En muchos de los crímenes que se cometen en contra de la población. Por ejemplo: jóvenes son capturados con mucha frecuencia y tienen una importante cantidad de entradas y salidas en el sistema penitenciario, pero solo se juzga al joven y no a las redes criminales que hay detrás de esas entradas y salidas de ese joven, del sistema penitenciario, del personal, de abogados y abogadas que se dedican a ese hecho, a la colusión con miembros dentro del mismo sistema de justicia, a la incapacidad de juzgar personas por parte del sistema, el atraso judicial.
Todo esto se para convirtiendo en un crimen de impunidad absoluta en donde la impunidad se convierte en esa licencia para seguir cometiendo hechos delictivos, pero más aún… ya mezclando esos factores… los estructurales en términos de garantías económicos y sociales y esta ausencia de justicia en el país, es una sociedad donde se nos enseña que el de mayor poder, ya sea porque lo tiene efectivamente o porque lo arrebata, suele estar exento del ámbito de la justicia.
¿Acaso hemos tenido avances en el combate a la impunidad? ¿Qué pasa cuando la impunidad prevalece?
En el período del 2015 al 2017, fue donde vimos un importante avance en casos que fueron muy importantes para la sociedad, porque le estaba trazando una ruta de la posibilidad de construir una sociedad distinta, en donde la justicia puede perseguir al que está en la élite económica, al jefe de Estado que cometió hechos de violencia o graves crímenes en contra de su población o al que cometió corrupción. Ahí las sociedades se transforman.
Pero en tanto eso no ocurra, creo yo que estos hechos de violencia se pueden llegar a profundizar, porque hay una sensación de no resolución de problemas tan cotidianos como el comer, hasta los grandes problemas como la impunidad. Siento que puedo ser capaz de evadir la justicia si soy lo suficientemente inteligente para evadirla. Es lamentable para una sociedad saber que las 3 adolescentes ya tienen marcada su vida, una porque fue desmembrada y como va a quedar la familia en esa situación después de este asesinato tan atroz, como las adolescentes que cometieron el hecho.
Es lacerante para las sociedades que nos debe de llevar a pensar que necesitamos ponerles un alto a esta locura a la cual nos han llevado. Las sociedades naturalmente no son así, tienen otro comportamiento. En términos clásicos uno tendría que decir que, frente a la ausencia de un Estado garante de derechos humanos, lo que estamos asistiendo es a la barbarie y es justamente eso lo que estamos viviendo.
Para UDEFEGUA el ver la criminalización que se hace en contra de defensores de derechos humanos, perseguidos, criminalizados, encarcelados y muchas veces asesinados, ¿cuál creen que es el hilo conductor de esto que sufren aquellos que continúan defendiendo la tierra, los bosques, los ríos, los lagos, el mar, el aire que respiramos?
Es un fenómeno que está muy estudiado, es un Estado que fue formulado, que tiene sus cimientos en factores de carácter estructural que no le permiten su desarrollo y a una élite económica muy rapaz. En términos sencillos es eso. Entonces se construyó un Estado en donde la concentración extrema de la riqueza es un factor; no es posible que Guatemala siendo una sociedad de ingresos medios es catalogada como una economía de ingresos medios, aporte más de las personas con hambre en toda la región centroamericana con los informes sobre desnutrición, del nuevo informe mundial.
Es que da pena pues somos un país que produce ingresos suficientes como para tener a su población en otras condiciones. Es un Estados que fue construido para concentrar la riqueza. Esta es una máquina de producción de pobres. Tiene otra columna vertebral o cimiento, que es el racismo como una ideología terrible, que afecta a las poblaciones indígenas y que tiene un fundamento claramente económico, pero la cual se ha montado el Estado guatemalteco. El tercer pilar es la discriminación y el último pilar es la violencia, es consustancial al Estado.
Es evidente que nuestro país no ha gozado de muchos períodos de tranquilidad…
Guatemala ha tenido pocos periodos en su vida republicana donde hay ausencia de conflicto. Al final las élites entienden que el único mecanismo de ejercicio de poder que tienen es a través de la violencia. Durante el Conflicto Armado Interno lo demostraron con el peor rostro, que es el rostro del genocidio y hoy están dispuestos a ejercer a niveles de violencia similares a los del conflicto, lo vemos en los desalojos en el país, son rasgos y características de esa condición.
El que una persona de una fundación de extrema derecha salga diciendo: “Hay que matar civilmente a los defensores y defensoras de derechos humanos”, da cuenta de esa enfermedad la cual mantienen y esa es la condición. Creo que en este país hay una necesidad urgente de transformar el Estado, de no permitir que el gobierno de Giammattei se convierta en el sepulturero de la paz, que no mate ese ciclo que arrancó en el 96. Es necesario ver cómo se revive ese ciclo de la paz para poder construir democracia, justicia social, equidad. Es necesario hacer eso porque sino el camino que lleva Guatemala es muy lamentable y lacerante para su población.
En el informe que hace UDEFEGUA mencionan la agenda legislativa que es muy contraria al respeto de los derechos humanos, eso al día de hoy ¿sigue siendo válido?
Sin lugar a dudas. Cuando uno ve la aprobación de 3 mil millones de quetzales para el estado geográfico de obras, una transformación ahí del presupuesto y se entiende después como quitan candados del presupuesto lo que se ve es que son recursos que van a ir destinados para campaña electoral a través de dádivas, infraestructura que no satisfacen las necesidades de la población. El permitir ahora menos cantidad de auditoría, por ejemplo, a los recursos que se dan para construcción, agua potable, puentes, carreteras… uno logra identificar que el propósito ahí es corrupción para que puedan tener recursos para el próximo proceso electoral, cuando uno ve en el proceso de solicitud de destitución de Jordán Rodas como Procurador de Derechos Humanos, ve esa agenda legislativa, cuando uno pues ve los debates en el Congreso de la Republica y las iniciativas, se logra identificar estos hechos, la pretensión de unificar estas leyes para ampliar el margen del discrecionalidad sobre el uso de recursos naturales al unificar responsabilidades del CONAP y de otros responsables del mantenimiento de áreas protegidas.
Lo que uno ve es que la intención es hacer retroceder al país a un Estado más violador de los derechos humanos de lo que ya es. Recordémonos que las manifestaciones de noviembre del 2020, se originaron por la falta de atención a las poblaciones afectadas, mientras los diputados se recetaban pago de teléfono, gasolina, alimentación. Esas asimetrías dan cuenta de ese hecho y en garantía de los derechos de las mujeres y otras poblaciones es aún mucho más fuerte, ahí la agenda está mucho más marcada.
Si alguna persona necesita de UDEFEGUA, ¿cuál es el procedimiento para ser atendido por ustedes?
Hay vías como las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Nos encuentran como UDEFEGUA. Ahí con mucho gusto podemos atenderles. La otra vía es a través de una llamada telefónica a los teléfonos 2232-9154 o 2232-3066 y si no a través de organizaciones sociales en territorio que nos conocen y suelen establecer contactos para poder nosotros conocer de sus denuncias y hacer el acompañamiento respectivo.
