El Estado, MP, PNC y el Ejército los grandes agresores

Por Haroldo Sánchez

-Primera Parte-

La violación a los derechos humanos se ha agudizado porque el gobierno lo posibilita, lo genera y lo expande en contra de operadores de justicia, defensoras y defensores de la tierra, el agua, los ríos, los lagos, los bosques, hasta alcanzar a periodistas y comunicadores comunitarios. En esta charla con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, se hace un recorrido por la situación del país en esta materia.

Haroldo Sánchez. ¿Qué es UDEFEGUA y que trabajo desarrolla en Guatemala? 

Jorge Santos. UDEFEGUA, es una unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de Guatemala. Es una organización de 22 años de existir, que nace en el año 2000, como una iniciativa del movimiento nacional de derechos humanos de aquel entonces, que articulaba organizaciones de derechos humanos. En 1996, se firman los Acuerdos de Paz, sin embargo, para 1999, hay un clima de violencia muy dirigida hacia el liderazgo social y comunitario, en particular víctimas del conflicto armado interno y sindicalistas. La organización de derechos humanos lo que pretenden es generar un mecanismo que les permita conocer el fenómeno y a partir de eso, idear una serie de condiciones y de acciones que permitieran reducir ese clima de violencia en contra de quienes se dedican a la defensa de derechos humanos.  

De manera paralela en la ONU se daba la gran discusión sobre la Declaración Universal de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Y es precisamente en el año 2000, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas se firma por parte de los Estados miembros esta importante declaración. Desde el año 2000, hasta la presente fecha, UDEFEGUA lleva un registro de agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos.

¿Podrías explicar qué es ese registro que lleva la organización?

Este registro tiene un proceso metodológico de investigación que permite inferir si la agresión o la violencia en contra de una persona defensora de derechos humanos es el resultado de su lucha por la promoción o defensa de cualquier derecho humano o libertad fundamental, y a partir de ese registro generar una serie de medidas de protección que le permita a la persona seguir defendiendo el derecho humano que defiende. Ese es el propósito central: generar capacidades en las personas, en las organizaciones y en las comunidades de defensa para que sean capaces de gestionar y auto gestionar su propia protección.

¿Qué balance se puede hacer en relación al respeto de los derechos humanos en estos 22 años que tiene UDEFEGUA?

Al hacer una revisión de este registro, se identificar que del año 2000 al 2015, la mayor cantidad de personas agredidas eran personas que defienden el territorio, los recursos naturales, el medio ambiente… el campesino y la campesina que busca un espacio de tierra… Esto estaba muy vinculado al modelo económico, se podía calcar los mapas del país, y en donde más se expresa profundamente el modelo económico hay un mayor nivel de agresiones en contra de este tipo de defensa de derechos humanos. El 43.7% de las agresiones correspondían a este tipo de defensor y de defensora. A partir del 2015, se empieza a transformar eso hasta alcanzar en los últimos dos o tres años, que son operadores y operadoras de justicia y defensores de la justicia quienes hoy ocupan los primeros puestos de agresión, por la labor de defender un derecho humano fundamental.

¿Cómo se puede enmarcar al operador de justicia en el tema de los derechos humanos?

La persona operadora de justicia en materia de defensa de derechos humanos es aquella que dentro de las instituciones públicas es un fiscal, un auxiliar fiscal, un juez, una jueza, un secretario o secretaria de un juzgado… es decir, son funcionarios que dentro del sistema de justicia hacen valer la legalidad del Estado de Derecho y que por su labor suelen ser agredidos.  

El defensor o la defensora de la justicia es el ciudadano o ciudadana que frente a un delito asiste al sistema de justicia a buscar la reparación por ese hecho delictivo en su contra. Hablamos desde las víctimas del conflicto armado interno en el pasado, hasta familiares de femicidio, de desapariciones en el presente, delitos patrimoniales y que por esa búsqueda de justicia son violentados o agredidos en su integridad, en su patrimonio o su libertad. Estos son los dos tipos de defensa más atendidos, seguidos de los defensores y las defensoras del territorio, del medio ambiente, del tema agrario y en cuarto lugar: periodistas y comunicadores sociales. 

Si hiciéramos un mapa de todo esto, ¿qué departamentos podemos mencionar como los más afectados en la violación de derechos humanos? 

El departamento de Guatemala por excelencia. Porque aquí está la concentración del poder, pues muchas de las agresiones se cometen en este departamento. Esto pensando en esta transformación de la agresión y que ahora a diferencia del pasado del 2000 al 2015, donde el sector privado era uno de los principales agresores y ahora es el Estado, el MP, la PNC, el ejército persiguiendo, criminalizando. Son funcionarios de instituciones públicas. 

El departamento de Guatemala concentra un alto grado de agresiones, sigue lo que se conoce como la Franja Transversal del Norte: Izabal, Baja Verapaz, Alta Verapaz. Eso se extiende un poco más allá de la Franja, el sur del Petén. Quiché y Huehuetenango por excelencia, han sido departamentos con una intensa y permanente agresión a personas defensoras de derechos humanos. Chiquimula es otro en el oriente de los que más expresa agresiones. Yo diría que es esta región, nor-oriental y occidental la que va a demostrar agresiones permanentes. 

Sin embargo, es tal el clima de violencia de las y los guatemaltecos en términos socioeconómicos y de participación política tan grave que no hay un municipio sin que existe un grupo defendiendo algún derecho humano, desde los que están en los comités pro-mejoramiento del barrio o el comité pro-tierra, pro-agua hasta las organizaciones más grandes como las conocemos en los movimientos sociales, campesinos, de indígenas, de mujeres. En los 340 municipios del país hay defensa de derechos humanos y en buena parte de estos también son objeto permanente de una variedad de agresiones por la labor que realizan.

Uno de los temas mas mediáticos es el de Izabal, pero esto ocurre en todos los departamentos. A pesar de esta represión hombres y mujeres siguen en la defensa del territorio, del agua, bosques, ríos y lagos. ¿Cómo UDEFEGUA maneja estas situaciones cuando hay tanta represión en contra de ese liderazgo? 

Es muy complejo y es algo que no hacemos en soledad. Lo hacemos de manera solidaria, de manera conjunta con otras organizaciones, pero lo que intentamos es acompañar a las comunidades a hacer el registro de agresiones, a hacer un análisis de los distintos riesgos que afronta su trabajo y su labor de defensa de derechos humanos, y al identificar esos riegos, intentar generar mecanismos de protección para que ellos puedan continuar con esa labor. 

Intentamos ser mediáticos con acceso a la información. Hay que recordar que muchos de estos casos se dan en lugares muy remotos, como por ejemplo en Huehuetenango, que tiene comunidades alejadas, que tienen el impacto más duro por parte de la imposición del modelo económico en el país y entonces, la información no llega a todos lados, mucho menos a la comunidad internacional. 

¿Qué es lo que más se destaca del trabajo que ustedes hacen?

Hacemos un trabajo que visibilice la acción de defensa de derechos humanos de esas comunidades a nivel nacional e internacional y asistirles en su ruta de la denuncia, en la generación de estrategias de acción no violentas; es una serie de mecanismos que alternamos para poder acompañar estas luchas de estas organizaciones. 

A veces se torna difícil y complicado cuando el esquema de represión es mucho mas amplio. Por ejemplo, en octubre del año pasado, en la declaración del Estado de Excepción en El Estor, ahí lo que hicimos fue montar un grupo de observadores y observadoras en derechos humanos, que emitió un informe de lo observado durante los días más duros de la represión. Esto lo hacemos con recomendaciones hacia las instituciones públicas y la comunidad internacional para intentar detener el clima de violencia que se genera por estos hechos. 

El gobierno de Jimmy Morales empezó con coartar el trabajo de los defensores de derechos humanos, ¿esta situación se agudizó con el actual gobierno o algo cambio?

Se ha profundizado y se ha deteriorado muchísimo. Cuando analizamos los 22 años de UDEFEGUA, sí podemos establecer que hay un incremento importante a partir del 2011, particularmente en este tipo de agresión conocido como la difamación, también el discurso del odio, la estigmatización y en el 2014, llega a su punto más alto con 820 agresiones en un año. El 2015, por sus características, la CICIG llega a madurar su trabajo y hay una identificación de esas redes político, económicas y legales enquistadas en el Estado y al empezar esta identificación y persecución en contra de estas estructuras criminales, la taza de agresión va a bajar casi el 50%; y, del 2015 al 2016, bajan en 75%. 

Hay una demostración muy clara de que son estas redes enquistadas en el gobierno, en las instituciones públicas, las que generan esta agresión, la posibilitan o la expanden y a partir del 2017, empieza un nuevo incremento de agresiones que en el último año de Jimmy Morales, alcanza las 494 agresiones. 

Y con el actual gobierno, ¿cuál es el balance?

En el primero año del gobierno de Giammattei alcanzamos la cifra de 1,055 agresiones, prácticamente se duplican y se da en un marco de excepcionalidades en todos los primeros años de gobierno. Uno nota un leve descenso en las agresiones, ahí esta lo que se conoce como la “luna de miel” (con el nuevo gobierno). Hay más diálogo, suele haber este tipo de acciones; sin embargo, en el primer año del gobierno de Giammattei, hay un incremento excesivo de agresiones. 

Está la excepcionalidad de la pandemia, pasamos confinados varios meses de ese año (2020), sin embargo, hay desalojos extrajudiciales violentos, hay asesinatos, intentos de asesinatos, desapariciones de personas defensoras de derechos humanos; es decir, sí se ha transformado para mal, se ha profundizado la agresión. En el año 2021, aunque registramos un leve descenso, siempre seguimos encima de las mil agresiones, con 11 asesinatos y diríamos que buena parte de la columna vertebral de la represión está en la criminalización por un lado y en los asesinatos por el otro.

Durante el gobierno de Jimmy Morales había una regresión autoritaria que hoy con Giammattei, estamos en la fase de consolidación del Estado autoritario, frente a la inminente captura absoluta del Estado guatemalteco.

Gobernación se niega a dar estadísticas de la violencia con el argumento que las organizaciones las usan de forma inadecuada. Un retroceso a la libre emisión del pensamiento, al libre acceso a la información pública. ¿Cómo ve UDEFEGUA este cerco del Estado a dar información?  

Es terrible porque no hay forma posible de construir democracia, sin la labor plena del ejercicio periodístico, del derecho de informar y ser informados. Para la ciudadanía una prensa que no tiene acceso a la información es algo devastador, porque no le permite tener conocimiento de la realidad que le rodea, y el ciudadano no tiene el tiempo para sentarse a hacer su solicitud de acceso a la información para ver cuántas muertes violentas hay en el país, cuántos hechos violentos, con qué tipo de arma. 

Esta es una información que es vital para que los ciudadanos puedan desarrollar propuestas en sus barrios y comunidades, y no debe negarse. Esto es un elemento más, en un mar mucho más grande en la consolidación del Estado autoritario y que empieza de manera muy sutil, muy paulatina.

Se afirma que la llegada al país del Covid-19 agudizó esta situación con la prensa…

La pandemia profundizó una serie de hechos que fueron aprovechados por el gobierno para cerrar espacios. Recordemos que había denuncias contra el ministerio de Salud, de no brindar información y así empieza el cerco de manera paulatina. El cierre que tiene el propio Presidente de la Republica, para brindar conferencias de prensa o la intención de la Junta Directiva del Congreso, de limitar el acceso a ciertos periodistas, la mala utilización y perversa utilización de la ley de violencia en contra de la mujer para proteger a funcionarias que están expuestas al escrutinio público y que por diversas investigaciones periodísticas de actos de corrupción, varios periodistas y medios están siendo perjudicados.

Este es el caso de Sony Figueroa y Marvin del Cid. Está el de el Periódico con su presidente y otros dos periodistas. En todo hay un elemento que se identifica… Es que estos hechos que, aunque parezcan aislados, empiezan a convertirse en una política pública del Estado. 

¿Y qué consecuencias trae esto?

Que mientras más oculto yo información, más actos al margen de la ley puedo cometer. El no conocer sobre muertes violentas puede llevar a un clima que oculte elementos de la violencia política, que oculte ejecuciones extrajudiciales, la utilización de recursos públicos de nuestros impuestos para adquisición de bienes y servicios de manera sobrevalorada, es decir ahí hay un trasfondo. 

Es muy peligroso y muy delicado que estos funcionarios públicos están sometiendo a la población cada vez, día a día, a estos elementos de autoritarismo que al abrir los medios de comunicación todos los días los empieza a ver. Si uno fuera capaz de hilvanar todos esos hechos tendríamos una película mucho más clara de lo que en términos concretos ya constituye prácticamente una dictadura.