Cuando el Ministerio Público Traiciona al Pueblo

Por Manuel Chocano Estrada

En menos de 48 horas, la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, lanzó una ofensiva directa contra el partido de gobierno. Con la complicidad del juez Fredy Orellana, intenta frenar que el Movimiento Semilla conserve su estatus legal como partido político gracias a las recientes reformas a la Ley de Crimen Organizado aprobadas por el Congreso de la República. Sin embargo, este despropósito del MP, no es un hecho aislado, sino un reflejo de una institución que, para ser honestos, nunca ha mostrado respeto por las formas. Este desprecio ha sido evidente al criminalizar periodistas, comunicadores, activistas de derechos humanos, operadores de justicia, estudiantes y académicos. Tampoco le ha preocupado a Consuelo Porras ni a sus aliados ser condenados por la comunidad internacional, donde se le percibe como una funcionaria que fomenta la impunidad para proteger a corruptos.

En esta misma línea, la Fiscal General decidió emprender acciones contra el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, y, de paso, contra sus familiares. Díaz había revelado en agosto el caso B-410, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Guatemala, centrado en una sofisticada red de defraudación aduanera. En un contexto institucional más funcional, el Ministerio Público habría trabajado de manera conjunta con la SAT para esclarecer el caso. Pero en Guatemala, la colaboración entre instituciones se sacrifica en el altar de intereses oscuros.

A esto se suma un intento de intimidación por parte de una fiscal que emitió oficios dirigidos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presionándolos para que actúen conforme a los intereses de la Fiscal General o de quienes la respaldan. Es importante recordar que únicamente el TSE tiene la potestad de cancelar partidos políticos. Sin embargo, cualquier acción que desafíe al sistema corrupto se percibe como una amenaza que debe ser neutralizada.

El modus operandi del Ministerio Público bajo Porras se basa en utilizar la fuerza de la ley para acosar, intimidar y amedrentar, incluso a familiares de quienes no están directamente involucrados. En un acto que raya en el abuso de poder, el fiscal Rafael Curruchiche encabezó un allanamiento en las oficinas donde trabajan los hermanos del superintendente de la SAT. No sorprende que obtener órdenes de captura sea sencillo en los juzgados afines. Después, Curruchiche apareció ante los medios, atacando a periodistas y plataformas independientes con la habitual mezquindad que lo caracteriza. Mientras tanto, la Cámara de Periodismo guarda silencio, más preocupada por defender opiniones racistas en medios tradicionales que por los asesinatos, agresiones y difamaciones contra comunicadores independientes.

La responsabilidad de esta situación recae en buena medida en la opinión pública y en un gremio periodístico que, al equiparar a la Fiscal General con el presidente Bernardo Arévalo, ha contribuido a su sobreexposición y legitimación indebida. Es un error comparar a una funcionaria no electa, que se mantiene en el cargo gracias a maniobras ilegales, con el jefe de Estado, cuyo mandato deriva del voto popular. Este error de percepción ha elevado a Consuelo Porras a una posición de poder político que no le corresponde, convirtiéndola en un símbolo de oposición al gobierno mientras encubre su verdadero rol: ser un engranaje desechable del sistema corrupto.

Arévalo, por su parte, se encuentra limitado por la falta de apoyo de las cinco facciones existentes dentro del Ejército, lo que hubiera sido una institución clave para enfrentar al pacto de corruptos. Otros líderes, como Andrés Manuel López Obrador en México, lograron consolidar su autoridad pactando con las fuerzas armadas, otorgándoles privilegios a cambio de respaldo. Pero Arévalo no es AMLO. Mientras el país enfrenta una crisis institucional grave, el presidente opta por comunicarse a través de TikTok, una plataforma más asociada al entretenimiento que a la política seria. Este gesto refuerza la percepción de desconexión entre el gobierno y las necesidades urgentes de la nación.

Consuelo Porras no ejerce como Fiscal General de una República democrática, sino como una operadora al servicio de intereses corruptos. Su objetivo no es garantizar la justicia, sino proteger a sus aliados, como Miguel Martínez o Alejandro Giammattei. Para lograrlo, recurre a la intimidación, la coacción y la persecución, sin importar a quién dañe en el proceso.

La verdadera guerra de Porras no es contra Arévalo, sino contra cualquiera que desafíe el sistema viciado. Es una guerra contra usted, contra nosotros, contra todo aquel que se atreva a soñar con un país más justo. Es hora de comprender que esta lucha nos afecta a todos y todas. Cuando el ataque llegue a nuestras familias, quizá solo entonces reconozcamos que la guerra no es política ni institucional: es personal. Consuelo Porras está contra el pueblo, y nosotros debemos responder unidos, desde la acción ciudadana y no desde la comodidad de la indignación pasiva.

Por Factor4