Y el dinero era de Benito…

Por Haroldo Sánchez

La escena parecía sacada de una serie sobre el narco latinoamericano: millones de billetes metidos en maletas, localizados en la caleta de una vivienda de mucho lujo, con jardines, piscina y cuatro habitaciones con su propio baño. Todo esto, bajo el agradable clima de la ciudad colonial de Antigua Guatemala. La noticia corrió como reguero de pólvora, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

El nombre de Guatemala volvió de nuevo a estar en las noticias de la prensa mundial, desde donde se resaltaba la incautación de más de 122 millones de quetzales (esas cantidades de dólares, euros y quetzales, provienen de las comisiones logradas a través de distintos negocios turbios realizados durante la administración de FCN-Nación), estaban en una vivienda deshabitada, alquilada desde diciembre pasado.

Luego de conocerse la información oficial sobre esa incautación, eran muchas las especulaciones que se tejieron en torno a esta caleta, y se apuntaba al gobierno de Jimmy Morales, y a uno de sus más cercanos colaboradores. Este martes el MP, informó que ese dinero le tenía allí José Benito, el ex ministro de Comunicaciones, quien ahora es un prófugo más de la justicia.

Morales expulsó a la Cicig, con el pretexto de la “soberanía nacional”, lo cual solo le sirvió para saquear al Estado y permitir que se realizaran acciones ilícitas durante su gobierno. Colocó a Consuelo Porras en el MP, para frenar las investigaciones en su contra, y se creó toda una pantalla basada en la “injerencia” extranjera para frenar el combate a la corrupción y la impunidad.

La realidad es que se pone de nuevo de manifiesto la imagen real de este país, y el entramado de intereses de diferentes grupos políticos que han llegado a gobernar, dedicados en su gran mayoría, a saquear al país, sin importarles que la población se hunda en la pobreza y la miseria. En cada gobierno que ha pasado por el Palacio Nacional, más de uno de sus funcionarios se aprovechó para luego formar parte de los millonarios emergentes, de uno de los países más miserables de América Latina.

Los presidentes que han gobernado desde la caída de Jacobo Árbenz, militares en su gran mayoría y civiles desde 1986, a través de sus administraciones robaron a manos llenas, ellos o su gente más cercana, incluyendo muchas veces a sus propias familias. De allí han surgido muchos grupos con poder económico que antes de ser funcionarios formaban parte de la clase media y que, en cuatro años, dieron el gran salto a la clase pudiente y se codearon con la élite económica tradicional.

Las familias con fortuna en base al trabajo de sus generaciones, aceptaron a estos nuevos socios estratégicos, llegados de la política, porque aportaron dinero fresco en muchas de sus empresas, o bien, se hicieron sus rivales en la industria, la banca, la agricultura, la ganadería. Con esas grandes sumas de dinero acumulado en algún puesto del Estado, se vino a sumar el otro fenómeno que corroe los países latinoamericanos: el narcotráfico.

            Por eso al principio de esta nota se habla de que esas cantidades en otros lugares se les decomisa a los narcotraficantes. Pero aquí, también a los políticos, como ocurrió hace ya algunos años atrás en Brasil. Y ese ha sido quizás el mayor error de los empresarios guatemaltecos: haber aceptado como sus iguales a estos mafiosos de la política, que no han dudado ni un momento en corromper el sistema que les ha dado cobijo y vida.

Esos políticos corrompieron todo el sistema y han diseminado su filosofía particular de hacer dinero fácil, en todos los órdenes de la sociedad guatemalteca. Lo peor es que ahora esos actores avanzan a pasos agigantados en Guatemala, para apoderarse de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Esta agenda perversa está poniendo en peligro la subsistencia del Estado de Derecho, y si existen personas dentro de los grupos de la sociedad civil y del sector privado, que no se han dado cuenta de esta situación, el país terminará por convertirse en el peor estado fallido del continente americano.

Son esos políticos corruptos los que están ocupando ahora mismo las principales instancias del Estado, los que buscan acabar con la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad. La población ve con preocupación en este momento, que no hay una sola institución que no trabaje a favor de estos grupos oscuros, y se dejó de lado las urgentes necesidades de una inmensa mayoría que, sin tener ningún poder de decisión, está colapsando en la pobreza, la indiferencia, la enfermedad y el desempleo.

Mientras el Estado siga secuestrado y en manos de políticos sin escrúpulos, el país no avanzará hacia ningún futuro de bienestar, sino por el contrario, se irán perdiendo los pocos avances que se han tenido. Es necesario que, en este país, todos los sectores se unan para luchar y fortalecer la democracia. Pero no. Si limpiar el Estado de la podredumbre, y denunciarlo, se sigue viendo como algo ideológico, solo se estará cayendo en las redes de la política deshonesta y corrupta que durante décadas se ha burlado de los guatemaltecos.