EE.UU implementa leyes para combatir la corrupción en Centroamérica

Por Manuel Chocano Estrada

La nueva política exterior de Estados Unidos, hacia los países del norte de Centroamérica, va dirigida a perseguir de forma permanente a los funcionarios corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Para esto la Casa Blanca diseñó un paquete de leyes, además de las estrategias políticas, que buscan erradicar la corrupción endémica.

Dentro de esas nuevas leyes la Ley de Recompensas de Recuperación de Activos de Cleptocracia, establece un programa piloto que tendrá una duración de 3 años y ofrecerá recompensas de hasta 5 millones de dólares a denunciantes que ayuden a identificar y recuperar activos extranjeros vinculados a la corrupción en cuentas o instituciones financieras de Estados Unidos.

Una de las leyes a implementar será la “Ley de Transparencia Corporativa” (CTA), que impone obligación federal hacia las instituciones financieras y bancos de revelar a los verdaderos beneficiarios de empresas. La CTA es una herramienta para investigar delitos relacionados a la corrupción en países de Centroamérica, esto debido a la identificación del uso de empresas fachada y otras estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios de negocios qué son sospechosos de lavar dinero o que sus activos sean producto de corrupción.

La aplicación de la FCPA será apoyada desde la Bolsa de Valores, esto se hará a través de una enmienda a la Ley de la Bolsa que amplia limitación a restitución por violaciones internacionales.

El presidente Biden, busca evitar la migración a través de hacer la lucha contra la corrupción una prioridad, para esto la administración utilizará la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte, aprobada recientemente. Dicha ley se enfoca en la corrupción y violaciones a los Derechos Humanos y ordena la presentación de un informe anual disponible únicamente para el Congreso de los Estados Unidos, este identificará a los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras que han participado en casos graves de corrupción, cuyos nombres serán conocidos a través de la Lista Engel. 

La ley no significa necesariamente que se impongan sanciones, sin embargo es casi seguro que estas personas, sus parientes, socios, subalternos, estén sujetos a investigaciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto resultaría en bloqueos de activos y otras sanciones como las descritas en la Ley Magnitsky que autoriza sanciones a personas que se han involucrado en abusos de Derechos Humanos o Corrupción.

Las acciones incluyen la creación de un plan estratégico de 5 años, para fortalecer la gobernabilidad y combatir la corrupción, fortalecer la seguridad, y promover la prosperidad económica, este plan estará a cargo del Departamento de Estado junto con el Director de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID.

La Administración Biden, ha buscado que se perciba a la lucha contra la corrupción como un elemento fundamental de su política exterior, el plan piloto para este tema puntual será Guatemala, El Salvador y Honduras.

Esto significa el procesamiento de funcionarios de gobiernos extranjeros: se penalizará a los funcionarios que pidan o soliciten sobornos a empresas que tengan capital estadounidense. El Departamento del Tesoro buscará legislación para endurecer acciones hacia funcionarios que acepten sobornos y agilizar su persecución legal en los Estados Unidos.

Actualmente se presentó una ley para aprobación del Congreso estadounidense, “Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero”, FCPA (por sus siglas en inglés), que busca convertir en un delito penal de Estados Unidos el que funcionarios extranjeros acepten sobornos.

Si esta ley es aprobada por el Congreso estadounidense, puede dar lugar a juicios adicionales a ciudadanos guatemaltecos y del norte de Centroamérica que hayan participado o estén participando en casos de corrupción, sobre todo en casos donde no haya certeza que el acusado sea condenado en su país de nacimiento.

Todos estos instrumentos legales podrían ser el marco jurídico dentro del cual funcione la “Fuerza de Tarea Contra la Corrupción”, que será conformada por Estados Unidos y que tendrá un marco de acción en los tres países del norte de Centroamérica.

En los últimos años también hay una coordinación mucho más estrecha interinstitucional, la DEA y el Departamento del Tesoro han colaborado para iniciar procesos penales contra ciudadanos de estos países. En este caso podemos mencionar al juicio que actualmente se encuentra ligado Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales y antiguo directivo de TIGO.

La administración demócrata va en serio, el combate a la migración se atenderá de una forma profunda, mucho más integral que simples promesas de construcción de muros y criminalización de migrantes.

El sector empresarial organizado debe estar listo para nuevas negociaciones en cuanto al “Plan de Prosperidad”, así mismo, será necesario distanciarse de algunas acciones gubernamentales que han sido opacas, o que han significado violaciones a los Derechos Humanos. De no hacer esto puede significar sanciones a las exportaciones guatemaltecas y una crisis gigantesca para sus empresas agroexportadoras.

Actores estatales como el Ministerio Público, deben ser mucho más activos en cuanto a la lucha contra la corrupción. Estados Unidos visualiza claramente a la FECI como el único actor de dicha institución que mantiene una lucha frontal contra la corrupción. La Fiscal General, Consuelo Porras, se enfrentará en los próximos meses a un escrutinio por parte de agencias estatales de investigación de Estados Unidos que ven más allá de las apariencias y el lenguaje técnico.

Para el Organismo Judicial y la nueva Corte de Constitucionalidad electa será un reto responder a un nuevo escenario internacional donde sus miembros podrían ser perseguidos por Estados Unidos, de continuar el apoyo a la impunidad, que con diferentes decisiones han apoyado directamente.

La fiesta de los anti CICIG ha terminado.