Senadores Demócratas calificaron los acuerdos de 3er país seguro como ilegales.

Por Manuel Chocano.

Senadores de Estados Unidos denuncian en un informe especial, la incapacidad de Guatemala para responder a compromisos de Tercer País Seguro: (Guatemala) “no brinda suficientes salvaguardias para protección de refugiados”. El informe proporciona datos específicos que demuestran que Guatemala se encuentra “entre los países más peligrosos del mundo”

El Senado Demócrata de Estados Unidos, presentó un informe el día lunes 18 de este mes, el cual da luz sobre los Acuerdos de Tercer País Seguro, firmados por Estados Unidos y tres países de Centroamérica. Dicho informe hace alusión a la incapacidad institucional de Guatemala para poder cumplir los acuerdos. Tanto el Senado, como el Departamento de Estado, han mostrado la preocupación por las personas que, según el acuerdo, deban solicitar asilo al Estado de Guatemala. Asimismo, destacan la apreciación del Departamento de Estado sobre Guatemala, al que califican como uno de los países más peligrosos del mundo y como funcionarios estadounidenses, mostraron preocupación y disensión sobre el acuerdo de Tercer País Seguro con nuestro país.    

El informe presentado por senadores demócratas, revela que Trump utilizó la coerción y amenazas a los países del norte de Centroamérica (acuerdos firmados por el gobierno de Jimmy Morales), para obligarlos a firmar los acuerdos de Tercer País Seguro. Forzando a los países a aceptar los acuerdos realizados de una forma hostil y firmarlos sin agotar especificaciones de casos puntuales de asilo; estos acuerdos se firmaron con los estados centroamericanos en un tiempo record, de tan solo dos meses.  

El informe acusa a la administración Trump de desmantelar sistemáticamente las instituciones que facilitaban asilo, lo cual para el senado, hacían de Estados Unidos un líder humanitario.

“Su implementación ha pisoteado la historia de Estados Unidos como refugio de la persecución, traicionando los valores estadounidenses y socavando el liderazgo global de Estados Unidos”, destaca el informe.

Estos acuerdos siguen un patrón de maniobras ilegales diseñadas para cerrar las vías legales hacia la protección de personas que buscan asilo en los Estados Unidos.

“…por ejemplo, enviando hondureños a Guatemala y guatemaltecos a Honduras, en un cínico juego, en una de las regiones más violentas del mundo, los Acuerdos de Cooperación de Asilo -ACA- son particularmente perjudiciales tanto para las personas que buscan asilo, como para el liderazgo mundial de Estados Unidos…”

Las afirmaciones del Procurador General y el Secretario Interino del Departamento de Seguridad de Estado, de que Guatemala brinda acceso “pleno y justo” al asilo, se basaron en verdades parciales y se ignoraron las preocupaciones del Departamento de Estado.

Los senadores demócratas plantean que estos acuerdos han violentado fuertemente la legislación interna en cuanto a la sistematización de solicitudes de asilo político, haciendo referencia a la incapacidad de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, de poder dar trámite a solicitudes de asilo político. Establecen que no hay legislación para impedir que los asilados sean devueltos a sus países de origen, violentando el derecho a la  no devolución, uno de los principios básicos del derecho internacional, y del derecho internacional humanitario.

Los solicitantes de asilo transferidos de los Estados Unidos a Guatemala, fueron sometidos a un trato degradante y coaccionados para regresar a sus países de origen, Honduras o El Salvador, donde según el informe, muchos corren riesgo de ser asesinados.

El documento revela que los acuerdos castigan efectivamente a las personas que intentan llegar a un lugar seguro en los Estados Unidos, enviándolas a países altamente peligrosos donde el acceso a la protección contra la persecución y la violencia, solo existe en el papel.

“Desde que comenzó la implementación del tercer país seguro entre Estados Unidos y Guatemala, hace más de un año, ninguno de los 945 solicitantes de asilo transferidos de los Estados Unidos a Guatemala, ha recibido asilo.”

El informe hace eco de denuncias de organizaciones de Derechos Humanos durante 2020: “(…) a lo largo de su mandato, la administración Trump ha empujado agresivamente a los migrantes y solicitantes de asilo de regreso a Centroamérica. Incrementó las deportaciones de Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador, e incluso deportó a docenas de personas con COVID-19 a Guatemala y exacerbó la propagación de la pandemia…”

El Informe plantea que los acuerdos de los tres países con Estados Unidos, permiten que un solicitante de asilo de Honduras, por ejemplo, sea enviado por la fuerza a Guatemala, pese a que probablemente no tenga vínculos con el país. El informe establece que algunos de los acuerdos son tan amplios que migrantes asiáticos o africanos, podrían ser enviados a cualquiera de los tres países firmantes.

La embajada de los Estados Unidos en Guatemala transmitió a Washington, un cable diplomático que contenía su evaluación del sistema de asilo guatemalteco. Aunque la evaluación aprobada por el Embajador de los Estados Unidos no objetó expresamente los ACA de Guatemala, detalló una serie de preocupaciones que impedirían que el acuerdo cumpliera con los requisitos de la ley para respetar el principio de no devolución y proporcionar acceso al asilo. Por ejemplo, el cable informó de las preocupaciones de que Guatemala “no brinda suficientes salvaguardias para los refugiados” y proporcionó datos detallados que demuestran que Guatemala se encuentra “entre los países más peligrosos del mundo”.

Dentro del Departamento de Estado, las preocupaciones sobre el acuerdo con Guatemala se volvieron tan serias que algunos de sus funcionarios recurrieron al raramente utilizado “canal de disensión”, para asegurar que sus preocupaciones sobre el acuerdo con Guatemala fueran conocidas por los altos funcionarios de dicho Departamento.  

Según los informes, el secretario Pompeo expresó objeciones dos horas antes de la ceremonia de firma en la Oficina Oval, del 26 de julio de 2019, diciendo al presidente Trump que el acuerdo era defectuoso y un error, y argumentó que el gobierno guatemalteco no podría cumplir con sus términos. Sin embargo, se impuso el argumento del secretario interino del Home Land Security, Kevin McAleenan, quien convenció al presidente de que el acuerdo detendría el flujo de migrantes a los Estados Unidos.

Después de que comenzara la implementación en Guatemala, el Departamento de Estado admitió que todavía estaba «buscando información detallada» sobre los presupuestos y la dotación de personal de cada agencia gubernamental responsable de procesar las solicitudes de asilo, y no pudo “proporcionar una estimación precisa de la capacidad de procesamiento de asilo de Guatemala”.

Con una creciente preocupación después de que comenzó la implementación de las medidas del acuerdo de Tercer País Seguro de Guatemala, el senador Menéndez y otros 20 senadores demócratas, escribieron a los líderes de los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, a principios de febrero de 2020, para solicitar información y documentos relacionados con los mismos. El Departamento de Estado no respondió en absoluto a esta solicitud y, como era de esperar, el DHS no presentó la documentación solicitada en su respuesta deficiente. Después de que el senador Menéndez envió dos cartas más solicitando documentos de conformidad con los Acuerdos de Tercer País Seguro —al subsecretario de Estado para Asuntos Legislativos en abril de 2020 y al secretario Pompeo en mayo de 2020—, el Departamento de Estado se negó. En resumen, el Departamento de Estado y el DHS han rechazado cinco solicitudes formales del senador Menéndez de documentos relacionados con los acuerdos en mención, así como docenas de solicitudes de seguimiento del personal demócrata de la SFRC.

Desde que comenzó la implementación de “país seguro” hace un año, la falta de capacidad de Guatemala está confirmada por las cifras: de los 945 solicitantes de asilo que Estados Unidos transfirió a Guatemala, ninguno ha recibido asilo.

El informe hace referencia de una declaración del ahora mandatario guatemalteco: “Como dijo el entonces presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei en agosto de 2019, justo después de que el gobierno saliente firmara los ACA: “No creo que Guatemala cumpla con los requisitos para ser un Tercer País Seguro. Esa definición no se ajusta a nosotros. Si no tenemos la capacidad para nuestra propia gente, imagínense a otras personas «.

Un claro ejemplo de la declaración de Giammattei, es que al llegar a Guatemala, muchas personas transferidas dentro del marco del “país seguro”, incluidos niños pequeños, esperaron horas en la pista de aterrizaje sin comida, agua o asistencia médica adecuadas. En el aeropuerto, las personas trasladadas debían informar a los funcionarios de inmigración si tenían la intención de solicitar asilo en Guatemala, buscar ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para regresar a su país de origen o partir por su cuenta.

La Embajada de los Estados Unidos describió a Guatemala como “uno de los países más peligrosos del mundo”, citando una tasa de homicidios cercana a 22 por cada 100.000 habitantes “impulsada por la actividad del narcotráfico, la violencia relacionada con las pandillas, una población fuertemente armada, y los sistemas policial y judicial incapaces de responsabilizar a muchos delincuentes «.

El informe del 2019 del Departamento de Estado,  “Informe del país sobre las prácticas de derechos humanos en Guatemala”, señaló que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual y doméstica, seguía siendo generalizada y grave, identificando que la violencia y la discriminación contra lesbianas, gays, personas bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTIQ), son una de las principales preocupaciones.

En agosto de 2020, un solicitante de asilo transgénero en Guatemala fue asesinado después de huir de la violencia de género y la persecución por parte de pandillas en El Salvador. Como resultado de estas peligrosas condiciones, a fines de 2019, más de medio millón de guatemaltecos habían huido de sus hogares, incluidos más de 142.000 refugiados y solicitantes de asilo y más de 200.000 desplazados internos.

Nota basada en datos del informe “CRUELTY, COERCION, AND LEGAL CONTORTIONS:The Trump Administration’s Unsafe Asylum Cooperative Agreements with Guatemala, Honduras, and El Salvador.” / A Democratic Staff Report Prepared for the use of the Committee on Foreign Relations United States Senate. Monday, January 18, 2021 : https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Cruelty,%20Coercion,%20and%20Legal%20Contortions%20–%20SFRC%20Democratic%20Staff%20Report.pdf