Por Daniela Sánchez Lemus.
A principios del año 1960, Minerva Mirabal respondía a las advertencias de asesinarla del régimen dictatorial del presidente Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) diciendo: “Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”.
El 25 de noviembre del mismo año, su cuerpo apareció destrozado en el fondo de un barranco, en el interior de un jeep junto a dos de sus hermanas, Patricia y María Teresa y el conductor del vehículo que las trasladaba. Las hermanas Mirabal tenían entre 25 y 36 años. Fueron asesinadas brutalmente por ser activistas y mujeres disidentes de un régimen dictatorial. Estos asesinatos fueron el parteaguas de un movimiento que inspiró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
34 años después, en 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104 para la eliminación de la violencia contra la mujer. En 1999, para respaldar esta decisión, la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
La Declaración emitida por la Asamblea General de la ONU en 1994 define la violencia como “todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.
En el mundo cada 25 de noviembre, y durante todo el año, organizaciones feministas, de Derechos Humanos y Movimientos de Mujeres visibilizan las diferentes violencias a las que son sometidas las mujeres. Entre estas violencias no se puede dejar de nombrar la violencia doméstica contra la mujer como un fenómeno que no conoce fronteras geográficas, de edad, de etnias, y concierne a todo tipo de relaciones familiares y a todo tipo de entorno social.
No reconocer las labores de cuidado que mayoritariamente realizan las mujeres es violencia, la inequidad en el trabajo y en los salarios, es violencia. La promesa de fortalecer El Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) por parte del Congreso de la República y después cambiar los mecanismos para que reciban recursos financieros, es violencia.
La persistencia de la violencia sexista y sexual, de la que las mujeres siguen siendo víctimas a gran escala, es intolerable en un Estado de Derecho, inexistente en Guatemala.
Desgraciadamente, en el mundo la violencia contra las mujeres persiste y todas las mujeres se ven afectadas independientemente de su edad, logros socioprofesionales u origen.
Las graves condiciones económicas que viven las mujeres en países como Guatemala se suman a los riesgos y amenazas en entornos urbanos en donde se han asentado comunidades enteras víctimas de violencia y desplazamiento.
En el presente, en Guatemala, la situación es tan crítica como hace varios años. No obstante, las mujeres desde sus espacios diversos siguen manifestando preocupación por el incumplimiento de acuerdos surgidos con la implementación del Acuerdo Final de Paz en 1996, en donde se crearon mecanismos para las mujeres como la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y se impulsaron leyes para el desarrollo integral de las mujeres para combatir diversas formas de violencia.
A pesar de los mecanismos anteriormente mencionados, la presencia de mujeres en espacios políticos y de toma de decisiones sigue siendo minoritaria y no hay voluntad política de aprobar leyes y asignar fondos en beneficio de las mujeres. Un ejemplo es la falta de apoyo hacia la Ley 5452, Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (Ley DEM), la cual surgió de una alianza nacional de más de 100 colectivos y asociaciones de mujeres en el año 2018 buscando la dignificación del trabajo de las mujeres y así propiciar su empoderamiento económico. A la fecha, la ley no ha sido aprobada.
Los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres adultas en Guatemala siguen sin ser prioridad; de enero a octubre del 2022 el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) reportó 57,163 nacimientos de madres niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, de los cuales hasta agosto, 24 adolescentes entre los 15 y 19 años, y 2 menores de edad de 14 años, fallecieron en el momento de dar a luz.
Las consecuencias para la salud de estas niñas y adolescentes pueden durar toda la vida afectando su salud física, mental sexual y reproductiva.
Sumado a lo anterior, es relevante analizar que la violencia de género también incluye la violencia racista, que conlleva patrones diferentes cuando se trata de mujeres trans, indígenas y rurales.
La violencia contra la mujer, en todas sus manifestaciones, sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, paz y desarrollo. El respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas sigue siendo promesas incumplidas que los Estados usan para lavarse la cara, como la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de «no dejar que nadie se quede atrás«, la cual no podrá cumplirse si no se pone fin a la(s) violencia(s) contra las mujeres.
