Por Manuel Chocano Estrada
Guatemala es un país que celebra elecciones presidenciales cada cuatro años, y las elecciones parlamentarias se celebran al mismo tiempo. La última elección presidencial en Guatemala se llevó a cabo en 2019, en un ambiente marcado por la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-.
Un ente electoral polémico que no toma en cuenta la idoneidad, ética y moral de las candidaturas
Las elecciones presidenciales, al Congreso de la República y de alcaldes se llevarán a cabo en junio. Es importante remarcar que la situación política en Guatemala ha sido históricamente complicada, con problemas de corrupción, violencia y desigualdad, lo que puede generar tensiones y controversias en torno a los procesos electorales.
El 28 de enero, el Tribunal Supremo Electoral en una decisión controversial y polémica denegó la inscripción a Thelma Cabrera y Jordán Rodas, candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos –MLP-. Horas antes de la decisión del máximo órgano electoral del país, conocidos trolls y netcenters habían anticipado que no se inscribiría a Cabrera y a Rodas, y que estos no participarían en las elecciones. La no participación del binomio ha generado desconfianza en el Tribunal por parte de analistas políticos, activistas de la sociedad civil y ciudadanía en general.
La crisis de credibilidad e institucional en el Tribunal Supremo Electoral inició con el escándalo de la falsificación de títulos en la cual la institución se vio inmersa en agosto de 2021 cuando salió a la luz pública que algunos de los magistrados habían falsificado sus títulos de doctorado por la Universidad Da Vinci. Dicha Universidad afirmaría en comunicado que los títulos no tenían validez. Ranulfo Rojas uno de los involucrados por la falsificación, asumiría la presidencia del TSE en junio de 2021 en medio de todas las tensiones y polémicas debido al caso.
El Ministerio Público solicitó en dos oportunidades el retiro de inmunidad del magistrado Rojas, una por el caso “Comisiones Paralelas 2020” y el otro por el “Caso Fénix” donde se le involucra en la substracción ilegal de Q. 350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS-, En esas dos oportunidades Rojas fue blindado por la Corte de Constitucionalidad frenando las investigaciones y protegiendo su inmunidad.
Idoneidad a discreción
La ley electoral describe la generalidad y requisitos de la participación de partidos y candidatos. Sin embargo, la Constitución Política de la República de Guatemala enuncia en el artículo 113: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.
Siguiendo este principio el Tribunal Supremo Electoral denegó la participación de Alfonso Portillo como candidato a diputado en 2019 por el partido político BIEN. Según el Registro de Ciudadanos del tribunal Portillo no cumplía con el principio de idoneidad estipulado en el artículo 113 constitucional. Portillo había sido condenado en un tribunal de Estados Unidos por recibir un soborno del gobierno de Taiwán cuando fue presidente de Guatemala.
Aparte de los requisitos los candidatos deben cumplir con méritos éticos, profesionales y morales según lo dicta la constitución. Sin embargo, a pesar de la no participación de Portillo en el evento electoral anterior, el Registro de Ciudadanos si inscribió al diputado José Armando Ubico Aguilar quien fue juzgado en Estados Unidos por tráfico de heroína en 2003.
En el presente proceso electoral el Registro de Ciudadanos ha inscrito candidatos y candidatas que no tienen los méritos éticos o morales para participar y que incluso podrían poner en riesgo las relaciones comerciales con el mayor socio de Guatemala, en este caso Estados Unidos. La instancia no ha tomado en cuenta las sanciones impuestas a politicos y empresarios por parte del gobierno estadounidense a través del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, varias de las personas inscritas a candidaturas a diputados han sido sometidos a la ley Magnitsky, una ley estadounidense que permite la imposición de sanciones económicas y de viaje contra individuos y entidades acusados de violaciones de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
Es importante señalar que la aplicación de la Ley Magnitsky en el extranjero puede generar controversias y tensiones diplomáticas entre los países involucrados.
Asimismo, varios de los candidatos han sido sancionados con el retiro de la visa al aparecer en la “Lista Engel”, una lista elaborada por el Congreso de los Estados Unidos que incluye los nombres de funcionarios extranjeros implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción en todo el mundo. La lista lleva el nombre del representante estadounidense Eliot Engel, quien presentó la legislación que llevó a la creación de la lista.
El propósito de la Lista Engel es imponer sanciones económicas y de viaje a los funcionarios extranjeros implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción, lo que incluye la congelación de activos y la prohibición de entrada a los Estados Unidos. La lista ha sido utilizada para presionar a los gobiernos de todo el mundo para que tomen medidas contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
La Lista Engel ha incluido a varios políticos y funcionarios públicos del Guatemala por su presunta implicación en corrupción y violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en 2020, la lista incluyó a Felipe Alejos, el político mencionado anteriormente, así como a otros funcionarios guatemaltecos acusados de corrupción y abuso de poder.
En el caso de la candidata a la presidencia por el partido Valor, Zury Ríos es un tema de interpretación constitucional. En 2015, Ríos Sosa presentó su candidatura presidencial, pero no fue inscrita por el Tribunal Supremo Electoral debido a la prohibición constitucional contra los familiares directos de golpistas en la presidencia, según el artículo 186 constitucional. La prohibición se aplicó en su caso debido al papel de su padre en el golpe de Estado de 1982 en Guatemala.
Otro caso que el TSE decidió obviar es el de Romeo Guerra Lemus, candidato a la vicepresidencia por la UNE la página de Facebook llamada: “Romeo Guerra Pastor” fue borrada. Fuentes cercanas a la UNE han confirmado a Factor 4, que además de la página de Facebook también han sido borrados videos en la red social YouTube donde guerra predicaba en la iglesia. El artículo 186 constitucional prohíbe la participación de ministros de culto, con lo cual Guerra no debería participar. En un caso similar en las elecciones de 2011 Harold Caballeros renunció a su ministerio en la iglesia para poder participar como candidato a la presidencia, algo que hasta el momento Guerra no ha hecho.
Estos son algunos ejemplos de candidatos y candidatas que han sido inscritos pese a que el TSE a través del registro de ciudadanos pudo interpretar que no eran idóneos por carecer de calidades éticas, morales o profesionales para participar.
- Felipe Alejos: Sancionado bajo la ley Magnitsky por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
- Jorge Vargas: Líder de la agrupación de diputados afines a Sandra Torres en el Congreso, y uno de los líderes de la alianza oficialista en el legislativo
- Florencio Carrascosa: Incluido en la lista Engel de actores corruptos.
- Allan Rodríguez: Expresidente del Congreso por el partido de gobierno, sometido a la ley Magnitsky por el Departamento del tesoro de EE.UU. en 2022.
- Sofía Hernández: expresidenta del congreso, incluida en la Lista Engel de Actores Corruptos.
- Julio Juarez: sancionado bajo la ley Magnitsky.
- Delia Bac: Exdiputada de la UNE y el partido LÍDER, incluida en la lista Engel
- Alfonso Portillo: Expresidente de Guatemala juzgado en Estados Unidos por aceptar sobornos del Gobierno taiwanés
- Romeo Guerra, por ser ministro de culto, busca llegar a la Vicepresidencia en binomio presidencial con Sandra Torres del partido UNE.