Este artículo hace parte de una serie de siete partes que describe la evolución del crimen organizado en la política guatemalteca.
Por Steven Dudley y Edgar Gutierrez / Insight Crime
Con la contribución de Alex Papadovassilakis y Jody García
Gracias a una combinación de suerte, persistencia y dudosos recursos legales interpuestos contra otros candidatos, Edmond Mulet y su partido político, Cabal, se encuentran en el precipicio del poder. Con investigaciones espurias y sentencias judiciales cuestionables que eliminan a una serie de aspirantes a la presidencia, la puerta al cargo más alto está ahora abierta para Mulet, el abogado convertido en político, diplomático y ahora en candidato presidencial.
El partido de Mulet, sin embargo, es más una alianza de conveniencia que un bloque. Cabal, fundado en 2022, alberga candidatos procedentes de otros 21 partidos. Muchos de los partidos tienen un pasado cuestionable, y muchos de los candidatos se han enfrentado a acusaciones de corrupción y otros delitos. Mulet promete un «nuevo comienzo«, pero la composición de su partido sugiere que cargará con el lastre del turbio pasado de Guatemala.
El candidato
Mulet suele ser descrito como un diplomático, pero su carrera política nacional se remonta a los años 80. De joven militó en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), un violento grupo anticomunista que se refería a sí mismo como «el partido de la violencia organizada«. Como partido político, el MLN tiene sus raíces en 1954, con el derrocamiento del entonces presidente Jacobo Árbenz. El partido cogobernó con el alto mando del ejército hasta finales de la década de 1970, manteniendo el poder mediante una serie de elecciones fraudulentas.
Mulet formó parte de una facción disidente del MLN, que se orientó hacia la política de centro-derecha y acabó creando un partido rival, el Partido Nacional Renovador (PNR). El PNR participó en las elecciones de 1982, con la aprobación militar, en las que Mulet fue elegido diputado, pero esas elecciones fueron anuladas tras un golpe dirigido por la facción militar del general Efraín Ríos Montt. A partir de entonces, Mulet se acercó cada vez más al centro ideológico y fue elegido como diputado por la Unión del Centro Nacional (UCN) durante la transición de Guatemala a la democracia en 1985.
Tras asegurar su reelección en 1990, Mulet se convirtió en Presidente del Congreso en 1991. En 1993, fue nombrado embajador de Guatemala en Washington por el Presidente Jorge Serrano Elías (1991-1993). Pero pocas semanas después del nombramiento de Mulet, Serrano organizó un autogolpe de Estado, intentando disolver el Congreso y concentrar el poder en sus manos.
Mulet reprendió públicamente el golpe, que finalmente fracasó. Los acontecimientos marcaron el final de la etapa de Mulet en el Congreso. En su lugar, se embarcó en una carrera diplomática, ejerciendo como embajador en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. Más tarde se incorporó a las Naciones Unidas como jefe de la Misión de Estabilización en Haití en 2006. Mulet permaneció en la ONU hasta finales de 2016, ejerciendo como jefe de gabinete del Secretario General y Subsecretario de Misiones de Mantenimiento de la Paz. Posteriormente fue llamado para dirigir un grupo de investigación sobre el uso de armas químicas en Siria.
Mulet regresó a la política guatemalteca en 2019, cuando se presentó a las elecciones presidenciales bajo la bandera del Partido Humanista de Guatemala (PHG). Aunque terminó tercero, obtuvo casi 500.000 votos, una hazaña considerable en el profundamente fragmentado sistema de partidos de Guatemala. Durante las primeras fases de las elecciones no parecía estar entre los favoritos, pero emergió del pelotón después de que una serie de sentencias e investigaciones descalificaran a sus rivales.
Ahora, parece estar bien posicionado para competir por un puesto en la segunda vuelta, debido, en parte, a los fuertes caciques regionales de su partido, algunos con vínculos históricos con la corrupción en el partido. Además, el propio Mulet ha tenido sus propios problemas legales. A continuación, esbozamos algunas de las facetas más problemáticas del bloque Cabal, que han llevado a la prensa local a preguntarse si Mulet puede escapar de la «vieja política» guatemalteca.
Una coalición frágil y muchas alertas rojas
Cabal ha formado una sólida coalición de candidatos en todo el país, aunque las filas del partido son más numerosas en el oeste de Guatemala. Muchos candidatos son políticos experimentados que han ocupado cargos públicos como alcaldes o en el Congreso. Algunos de los principales candidatos de Cabal también tienen experiencia en el gobierno, como su compañero de candidatura, Max Santa Cruz, que fue asesor principal del ex vicepresidente Eduardo Stein. A mediados de la década de 2000, Stein encabezó los esfuerzos para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano judicial supranacional respaldado por la ONU, que dirigió la lucha contra la impunidad durante una década.
Mulet apoyó a la CICIG durante su campaña electoral de 2019 y tiene profundos vínculos con las Naciones Unidas, que respaldaron a la comisión. Pero desde entonces ha cambiado de táctica: «CICIG nunca más en Guatemala», tuiteó en mayo, y en un video adjunto agregó: «CICIG es el pasado». El cambio está íntimamente relacionado con la forma en que se percibe el apoyo a la comisión en Guatemala. Lo que una vez fue una insignia de honor se ha convertido en un lastre político, en gran parte debido a la casi permanente campaña de publicidad de los enemigos de la CICIG.
Pero el cambio también forma parte del enfoque pragmático de Mulet hacia la política y las elecciones. Parece entender los equilibrios necesarios en la política guatemalteca para alcanzar el poder, algo que queda muy claro en la lista de candidatos de su partido. Cabal está formado por numerosos vástagos y presuntos delincuentes de partidos con liderazgos problemáticos.
Entre los partidos más notables que figuran en la lista de candidatos presentada por Cabal están sus rivales presidenciales: la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres (27) y Valor de Zury Ríos (1). Otros partidos, algunos de los cuales se han disuelto o se han enfrentado a acusaciones de corrupción generalizada, también llenan las listas de candidatos de Cabal, entre ellos Vamos (2), PU (4), FCN-Nación (2), Partido Patriota (12), Líder (10) y el FRG (8).
Uno de sus principales asesores fue ministro de Salud durante la administración de Otto Pérez Molina, que terminó en desgracia cuando la CICIG y la Fiscalía General presentaron acusaciones de corrupción contra Pérez Molina, y este renunció. Otro de los principales candidatos al Congreso fue ministro de Finanzas del entonces presidente Jimmy Morales, de quien la CICIG y la Fiscalía General dijeron que financió ilegalmente su elección de 2015. Otro candidato a diputado fue asesor de Allan Rodríguez, expresidente del Congreso (Vamos) sancionado por el gobierno de Estados Unidos.
Con tantos partidos de la «vieja guardia» en el trasfondo, quizá no sea sorprendente que la lista de Cabal esté repleta de candidatos a alcaldes y diputados, así como de asesores políticos, que han enfrentado acusaciones de corrupción y otros delitos. Algunos han sido encarcelados, entre ellos Mulet. Un asesor y un candidato al Congreso fueron investigados por la CICIG en el caso conocido como las Plazas Fantasmas; otro asesor fue nombrado en una investigación de la CICIG sobre la compra de votos en el Congreso. Un candidato a diputado de Cabal fue señalado por conflicto de intereses en 2017 por haber sido beneficiario de un contrato gubernamental mientras servía en la legislatura por un partido diferente. Varios candidatos a alcaldes fueron investigados por abuso de poder, violencia doméstica y otros delitos. La mayoría de estos casos fueron desestimados, archivados o los acusados exonerados, en muchos casos tras la salida de la CICIG y durante el proceso de desmantelamiento del sistema de justicia.
El caso de Mulet fue particular. Fue detenido brevemente a principios de la década de 1980 por supuestamente ayudar a facilitar adopciones ilegales. Quedó en libertad rápidamente y niega enérgicamente haber cometido delito alguno. Es más, Mulet no parece estar implicado en las tramas de corrupción actuales.
Su condición de persona ajena al sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja es que podría intentar derribar el sistema. En una entrevista, por ejemplo, insinuó que destituiría a la controversial Fiscal General, Consuelo Porras, en caso de ser elegido. Y aunque ha evitado a la CICIG, ha hecho de la lucha contra la corrupción un elemento central de su campaña.
La desventaja es que tendrá que pactar con alguna combinación de los otros bloques políticos para poder gobernar. Así lo admitió en una entrevista concedida a Plaza Pública. «Para ganar votos, en Guatemala, hay que reconocer que hay caciques y si ese cacique no está con uno ese cacique está en contra», dijo. «Me ha tocado hablar con caciques para pedir ayuda. Si esos caciques no están con uno, se van con otros y no ganamos las elecciones».
Es posible que Mulet haya tenido que hacer acuerdos similares para conseguir apoyo financiero para su campaña. Entre sus supuestos financiadores se encuentran algunos de esos caciques. Entre ellos se destaca Tomás Córdova, quien aspira a la reelección al Congreso con Cabal y cuya familia es propietaria de una serie de empresas constructoras y gasolineras en el departamento de Alta Verapaz. Muchas de estas empresas han recibido contratos del gobierno en los últimos años. Además, está Julio López Villatoro, quien también busca la reelección en el Congreso, y cuyo hermano, Roberto, ha ayudado durante mucho tiempo a diseñar las comisiones de postulación y, por extensión, el sistema judicial. Pero además del apoyo que ha obtenido reclutando a importantes caciques, algunas fuentes afirman que Mulet también está cortejando a las élites tradicionales que lo ven como un socio más viable e ideológicamente afín que Sandra Torres, con quien muchos creen que se enfrentará en la segunda vuelta.
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