Por Haroldo Sánchez
La conferencia de prensa estaba lista. En la mesa principal, una mujer y dos hombres. Los tres, serios, se colocaron cada uno en su sitio. Frente a ellos un enjambre de periodistas había colocado sus cámaras y celulares en sus trípodes, dejando poca visibilidad para el publico que, sentado atrás, esperaba ansioso el momento de saber qué contenía el último informe sobre el proceso electoral guatemalteco 2023.
Y las palabras resonaron fuertes, contundentes, vigorosas: Sin comportamiento ético y sin el respeto a lo público, no será suficiente… y eso es una labor de todo el conjunto de la sociedad guatemalteca, afirmó el responsable de la misión de observación, dirigiéndose a los que trabajan en instituciones públicas y dejando en claro que la sociedad no debe permitir este tipo de acciones que solo tienden a debilitar la democracia.
Era una conferencia de prensa distinta, donde se sentía la expectativa de lo que iba a revelar ese último informe de la Misión Electoral de Observación de la Unión Europea (MOE.UE), que llegaba luego de cuatro meses donde más de cien personas de distintos países europeos se dieron a la tarea de observar las elecciones del 25 de junio y la del 29 de agosto, que llevó ¡oh, sorpresa!, a Bernardo Arevalo y Karin Herrera a la presidencia.
Y lo que más se puede resaltar es la tajante afirmación del responsable de la misión de que, en Guatemala no hubo fraude. La frase, resonó más de una vez, para que lo entendieran los presentes en la sala y quienes luego la oirían en la televisión, la radio y las redes sociales, retumbó en la sala con vida propia, rompiendo a pedazos las narrativas que intentaron ensuciar el resultado electoral.
Eso sí, quedó claro que estas elecciones se realizaron en un marco de notables restricciones a la libertad de expresión y de prensa, destacó aquella voz que, como un mensajero de buenas y malas noticias, nos recordaba lo que para los periodistas y medios independientes ha sido una constante estos años: acoso, ataques descalificadores en redes sociales, amenazas, netcenteros al servicio del mal, persecución, cárcel, hostigamiento, criminalización y ahogo económico para quienes no aceptan estar al servicio de un sistema podrido, corrupto y nefasto.
Para el Tribunal Supremo Electoral, palo y zanahoria. Se habló de su actuar antes de las elecciones, cuando eliminó a tres candidatos presidenciales de la contienda, aunque luego se lavó la cara al defender los resultados de la primera vuelta ante la presión recibida de aquellos que, a pesar de los millones gastados en la compra de votos, no lograron su objetivo.
Eso sí, un enorme y merecido reconocimiento a los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales, las Municipales y las Juntas Receptoras de Votos, a los digitalizadores, los que luego, cómo no, fueron criminalizados por el Ministerio Público, que los amenazó con procedimientos judiciales. Vayan ustedes a saber por qué… aunque ahora ya sabemos que el abogado Fratti tuvo mucho que ver con eso…
En cuanto a las redes sociales, se destacó su buen uso, pero también la utilización que se hizo de estas plataformas para generara confusión, falsedades, tergiversación, mentiras, y se usaron en gran medida para tergiversar el discurso político y generar desorden informativo. Aquí hay que recordar cómo se usó para decir que Bernardo era comunista, que permitiría el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que expropiaría tierras, que destruiría a la familia y convertiría a Guatemala en otras Venezuela y Nicaragua. Quedó claro que se observó a grupos de cuentas en X/Tuiter reales, anónimas y de bots que se dedicaban a promover tendencias, influir en la opinión pública a favor o en contra de oponentes políticos.
Luego de la primera vuelta electoral, las elecciones fueron objeto de una excesiva judicialización y abuso de procedimientos legales, principalmente por parte de la FECI y de algunos partidos políticos disconformes con los resultados de la primera vuelta presidencial, lo que socavó la seguridad jurídica y la separación de poderes. En este punto, resaltó el amparo que otorgó la CC a nueve partidos políticos, para impedir que el TSE anunciara los resultados del 25 de junio.
Aquel recuento de esa Guatemala que vio como los planes de continuismo del que se conoce como Pacto de Corruptos y sus partidos satélites, les estallaba en pleno rostro. Los observadores de la Unión Europea (MOE.UE), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y locales (MOE.GT), se dieron cuenta del acarreo de votantes, de la compra descarada de votos, de las campañas con discursos de odio generados por algunos pastores evangélicos que, de la noche a la mañana, cambiaron su repudio por Sandra Torres y la emprendieron contra Bernardo Arévalo.
Mientras el periodista recordaba esos momentos, la lectura de aquel último informe sobre las elecciones, seguía su curso. Cada palabra que brotaba del responsable de la misión, tenía ese gusto que se siente cuando se escucha a un maestro avezado en el tema. Aquel que pone el énfasis adecuado a las reflexiones, que nos lleva y nos trae hacia la lucidez del discurso bien elaborado, de colocar los adjetivos donde debe, de arropar con su retórica el mensaje que, o llena de satisfacción o de rechazo al no estar de acuerdo, aunque él está seguro de lo que habla porque nadie se lo contó: no, él lo vivió, lo presenció y fue testigo en primera fila de lo que pasó en este país en los últimos cuatro meses.
Habló de la necesidad de que las mujeres participen en política en igualdad de condiciones que sus pares hombres. Algo así como que dejen de ser usadas como adornos, de llevar el café, de arreglar el salón, de adornar las mesas, de desempeñar ese rol marginal, anónimo, que los partidos políticos den un paso adelante y las tomen en cuenta para los cargos de elecciones popular, porque, al final, tienen igual o más capacidad que muchos hombres. “Ellas merecen el derecho de participar en el debate político y público”, remarcó.
Al momento de las recomendaciones, a varios de los guatemaltecos presentes se les paró no el pelo, sino el corazón, por un segundo, cuando escucharon decir como parte de las recomendaciones: Eliminar las restricciones al derecho al voto para los miembros del ejército y de la policía y adaptar medidas especiales para garantizar que los ciudadanos en prisión preventiva, en hospitales y en condiciones especiales tengan la oportunidad de votar.
Una colega me codeó: Parece que ignoran el conflicto armado interno, pidiendo el voto a miembros de las fuerzas de seguridad, me susurró. Al ser preguntado sobre ese punto, el que llevaba la voz cantante de la conferencia, explicó: Eso debe ser motivo de una discusión de la sociedad guatemalteca. En los países europeos en sus legislaciones no se impide que los militares y los policías voten. Esto es solo una sugerencia, no una imposición. La colega y yo, respiramos más tranquilos…
Con respecto al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fue claro: Contribuyó a aumentar la confianza de la ciudadanía en el conteo de los votos, aunque durante las dos vueltas electorales y en el periodo electoral, no dejaron de surgir relatos sobre una trama de un fraude urdido por digitadores con supuesto sesgo partidista y a través del uso de la tecnología asociada al TREP. A pesar de que la mayoría de los partidos políticos manifestaron públicamente su confianza en el sistema en los días previos a las elecciones, algunos de ellos, como la UNE, lo pusieron en duda sin aportar pruebas fehacientes de su uso indebido.
Entre las 26 recomendaciones de la MOE.UE se encuentran estas:
-Reforzar el Estado de Derecho y la separación de poderes mediante el fomento de la cultura de la legalidad y la protección e los derechos humanos y políticos entre los miembros del poder judicial.
-Facilitar los trámites de registro en el padrón mediante un sistema por el que los ciudadanos se inscriban automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, con el fin de evitar la elevada tasa de jóvenes no empadronados.
-Redefinir las disposiciones y sanciones sobre campaña anticipada para garantizar que no limiten el derecho de sufragio pasivo y la liberta de expresión de los potenciales candidatos.
-Definir los criterios fijados en el Artículo 11 de la Constitución para evitar interpretaciones arbitrarias a los compromisos internacionales del país sobre el derecho de sufragio pasivo.
-Conceder a la CSJ la jurisdicción exclusiva sobre los recursos de amparo contra el TSE, así como contra las decisiones del director del Registro de Ciudadanos.
Establecer condiciones igualitarias para la publicidad política de pago, tanto en línea como fuera de internet, así como para las campañas de terceros, con el fin de que los candidatos tengan las mismas oportunidades.
-Desarrollar programas que promueven la alfabetización digital de los votantes e iniciativas de verificación que les ayude a reconocer la desinformación electoral tanto en línea como fuera de internet y aumentar así su capacidad de tomar una decisión informada.
-Introducir medidas para incrementar la participación política de las mujeres, como el requisito legal de paridad y alternancia entre miembros de las listas de candidatos, así como fomentar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad de los partidos políticos.
La conferencia de prensa terminó con la parte de preguntas, entre la satisfacción de los integrantes de la misión, de algunos embajadores de países miembros de la Unión Europea, magistrados del TSE, de invitados especiales. Los periodistas buscaron una declaración extra del jefe de la misión, otros empezaron a guardar sus equipos, algunos más saludaron y platicaron con sus colegas. En pocos minutos, el salón quedó vacío y en silencio. Guatemala, de nuevo se veía retratada por un proceso electoral que, una vez más, quedó demostrado que ha sido uno de los más vigilados de la historia y que aquí, aunque le duela a un pequeño sector, no hubo fraude y la población eligió de manera libre y soberana a los próximos gobernantes.