Las y los gobernadores enfrentan crecientes amenazas provenientes de redes de poder y crimen organizado en el contexto de las elecciones a gobernación departamental. Estos desafíos incluyen la presencia de clanes territoriales y grupos vinculados al narcotráfico, lo que complica significativamente el panorama para las y los líderes de los territorios.
Por Manuel Chocano Estrada
El Departamento de Santa Rosa no se encuentra exento de inconformidades respecto a la elección de la terna para el cargo de gobernador departamental, a pesar de haber llevado a cabo el proceso de elección de manera pública y transparente, siguiendo las pautas del Gobierno Abierto establecidas por la nueva administración.
En el caso particular de Santa Rosa, la población denuncia la incidencia de algunos sectores relacionados con la aplanadora en el Congreso de la República durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Santa Rosa aplicó un criterio riguroso para evaluar a las y los aspirantes, utilizando herramientas técnicas y profesionales, así como entrevistas exhaustivas para constatar las cualidades y capacidades de los candidatos y candidatas. Como resultado, se conformó una terna de candidatas y candidatos a gobernador y otra de suplentes para el departamento.
Incluso, la sociedad civil argumentó que la elección de personas para gobernadoras en el departamento tenía una importancia especial, ya que Juan José Arévalo, presidente de la llamada «primavera democrática» de 1944-1954, nació en Santa Rosa y fue el padre del actual presidente Bernardo Arévalo.
Sin embargo, el abogado Carlos Lau, postulante al cargo de Gobernador, interpuso un amparo. Su argumento principal radica en que, a pesar de poseer un grado académico adecuado para su candidatura, fue excluido del proceso. Lau tuvo una relación laboral previa como asesor del actual Gobernador Obdulio Herrarte, quien fue elegido durante el mandato del expresidente Giammattei.
[ngg src=»galleries» ids=»42″ display=»basic_slideshow» autoplay=»0″ arrows=»1″]Carlos Lau Olivares no solo aspiró al cargo de Gobernador, sino que también fue candidato a Magistrado de la Corte de Apelaciones. En su rol como asesor de la gobernación departamental, percibía un salario de Q.10,000 al mes. Es importante señalar que Lau mantiene estrechos vínculos con el ex alcalde de Chiquimulilla, Obdulio Herrarte, del partido UCN.
Desde el Congreso de la República opera Napoleón Rojas, junto a su medio hermano Ricardo Alarcon, ambos diputados de Santa Rosa por la bancada VAMOS.
La Unión del Cambio Nacional (UCN), en algún momento etiquetada como el «partido narco» por la Embajada estadounidense en Guatemala, se sumió en una turbulencia que estremeció las bases de la política guatemalteca. Una crisis interna del partido de Herrarte se desató cuando el líder de la UCN y aspirante a la presidencia, Mario Estrada, fue arrestado en 2019 en la ciudad de Miami a escasos dos meses de las elecciones.
Las autoridades estadounidenses lo acusaron de solicitar fondos de campaña al Cartel de Sinaloa, un hecho que marcaría un antes y un después en la historia del partido. Posteriormente, Estrada se declaró culpable de los cargos y fue condenado a 15 años de prisión. Este escándalo no solo reveló la conexión profunda entre la UCN y el narcotráfico, sino que también planteó cuestionamientos más amplios sobre la posible infiltración del dinero ilícito en el proceso electoral.
Sin embargo, la caída de Estrada no impidió que Hernández y otros 11 dignatarios de la UCN obtuvieran escaños en el Congreso. Una vez en el poder, el bloque de la UCN estableció rápidamente una alianza con Vamos, el partido del entonces recién electo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
Esta alianza marcó el inicio de lo que podríamos denominar como la «era dorada» de la UCN. El partido se posicionó como el tercer bloque más votado en la legislatura, y Hernández ascendió a la vicepresidencia del Congreso. Sin embargo, este apogeo fue efímero. En 2021, las autoridades electorales anularon a la UCN debido a infracciones financieras, dejando una vez más a Hernández sin respaldo partidario. Este episodio cierra un capítulo tumultuoso en la historia de la UCN, destacando las complejidades y oscilaciones en el panorama político guatemalteco.
En diciembre de 2022, Estados Unidos solicitó la extradición de dos diputados y dos alcaldes, entre ellos a Esvin Marroquín, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Ministerio Público anunció en su momento, que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa retiró el derecho de antejuicio a Marroquín. La solicitud se basó en una petición de las autoridades estadounidenses, quienes buscan su detención y extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.
Diversas organizaciones locales afirman que las acciones legales emprendidas por Carlos Lau Olivares buscan obstruir el proceso electoral para el cargo de Gobernador en el Departamento de Santa Rosa. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y equidad del proceso, generando un ambiente de incertidumbre entre la población. Aunque Lau presentó un amparo alegando que Jackeline Boteo pertenece al partido Semilla, este fue denegado por la Sala de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa el 27 de febrero.
Tras denuncias de sectors de la sociedad civil, queda en manos del presidente Bernardo Arévalo, elegir a las personas adecuadas para las gobernaciones departamentales, sin vínculos con el crímen organizado o estructuras de poder que pertetúan la corrupción e impunidad en el país.