Por Daniela Sánchez Lemus
Con información de la Mesa de Tierras Comunales
“Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia”. Eduardo Galeano
Una iniciativa que avanza en el Congreso de la República de Guatemala ha puesto en alerta a pueblos y comunidades indígenas en todo el país. Se trata de la iniciativa de ley número 6663, conocida como Ley Especial de Regularización de Tierras Otorgadas por Jefes de Estado, una propuesta que, según organizaciones comunitarias, abre la puerta a la división y desaparición de las tierras comunales en Guatemala.
Desde la Mesa de Tierras Comunales (MTC), que acompaña desde hace años la defensa y recuperación de territorios indígenas, la advertencia es clara: esta ley no busca ordenar la tenencia de la tierra, sino legalizar el despojo histórico que los pueblos han enfrentado desde la Colonia hasta hoy.
Aunque el nombre sugiere un simple trámite administrativo, la iniciativa 6663 plantea algo mucho más complejo, literalmente advierte “regularizar” tierras otorgadas en los siglos XIX y XX y revisar títulos históricos que permitan la fragmentación de tierras comunales, muchas de las cuales son propiedad colectiva de pueblos indígenas desde antes de la creación del Estado guatemalteco.
En palabras sencillas: la ley permitiría convertir tierras comunales en parcelas individuales, facilitando su venta, su ingreso al mercado y su concentración en manos de personas particulares o empresariales.
La tierra comunal no es un problema; es la base de la vida.
Las tierras comunales no son tierras sin dueño ni terrenos abandonados. Son territorios vivos, con autoridades, normas propias, sistemas de cargos y asambleas comunitarias, las cuales durante siglos han garantizado el cuidado del agua, los bosques y la convivencia colectiva.
La Constitución reconoce esta realidad. Los artículos 66 y 67 protegen a los pueblos indígenas y establecen que las tierras comunales son inmutables e indivisibles. Sin embargo, la iniciativa 6663 ignora estas garantías y coloca por encima una visión única de la propiedad: la privada, individual y mercantil.
El Estado como nuevo actor del despojo.
Uno de los puntos más preocupantes es que la ley otorga amplias facultades al Registro de Información Catastral (RIC) y al Registro de la Propiedad, permitiéndoles intervenir en tierras comunales y redefinir quién tiene derechos sobre ellas.
Esto significa que las decisiones que históricamente han correspondido a las comunidades podrían quedar en manos de funcionarios administrativos, desconociendo a las autoridades indígenas y debilitando la gobernanza comunitaria.
Desde la Mesa de Tierras Comunales se analiza que esto equivale a una expropiación encubierta, realizada sin consulta; sin consentimiento y sin garantizar el derecho a la defensa.
No solo afecta a pueblos indígenas
Aunque el impacto más fuerte recae sobre los pueblos indígenas, la iniciativa también afecta tierras colectivas de comunidades campesinas, que podrían ser fragmentadas bajo la misma lógica de “regularización” con resultados expansivos relacionados con el permanente conflicto agrario, mayor concentración de la tierra y el fortalecimiento de intereses privados sobre territorios que históricamente han sido colectivos.
Una ley sin consulta
Aunque la iniciativa impacta directamente a pueblos indígenas en todo el país, no se realizó ninguna consulta previa, libre e informada. Esto no solo contradice la Constitución, sino que viola compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar cualquier medida que afecte directamente a los pueblos indígenas. Protección del Estado guatemalteco; hospitalidad, supervisión de garantías, seguridad local y defensa jurídica.
Legislar de espaldas a las comunidades que serán afectadas no es un descuido técnico. Es una decisión política consciente que vuelve a colocar al Estado del lado del despojo y no del derecho.
Lo que está en juego
La Mesa de Tierras Comunales lo resume con claridad:
Sin tierras comunales no hay bienes comunes.
Sin bienes comunes no hay comunidades.
Sin comunidades, los pueblos indígenas no pueden existir ni ejercer autoridad.
La iniciativa 6663 no es una ley neutra ni una solución técnica. Es un instrumento para imponer una visión de país que niega la diversidad, desconoce la historia y prioriza el mercado por encima de la vida comunitaria.
Es por ello que desde las comunidades se hace un llamado a las autoridades indígenas, a las organizaciones sociales, a las comunidades campesinas y a la población en general para informarse, pronunciarse y frenar esta iniciativa.
Defender la tierra comunal es defender la herencia de las abuelas y abuelos. Es defender el territorio, la comunidad y el derecho a existir como pueblos.
La alerta está encendida. Ahora, la decisión es colectiva.