Por Carlos Robles
Edición y corrección de estilo: Daniela Sánchez Lemus
Lo que ocurre en el Astillero Municipal de Sumpango es una disputa por un territorio estratégico que resguarda bosques, nacimientos de agua y la seguridad hídrica de decenas de miles de personas.Más de tres caballerías del cinturón verde de Sumpango permanecen invadidas por grupos que buscan controlar el área, pese a que instituciones del Estado aseguran que una de esas entidades ni siquiera cuenta con reconocimiento legal.
La preocupación trasciende los límites del municipio. Si continúa la ocupación y la destrucción del bosque, comunidades de El Rejón, El Tunino, Rancho Alegre, el casco urbano de Sumpango, parte de Santiago Sacatepéquez, Antigua Guatemala y otros sectores cercanos podrían enfrentar graves consecuencias relacionadas con el acceso al agua.
Una disputa por un bosque que abastece de agua a toda una región
El pasado 27 de junio autoridades estatales realizaron un recorrido en el astillero, y sostuvieron una reunión con las y los comunitarios que están defendiendo el bosque. En el marco de esta reunión, el alcalde de Sumpango, Carlos Enrique Cubur, explicó que el cinturón verde se conforma por tres polígonos de protección.
Según detalló, uno de ellos fue adjudicado años atrás por el Fondo de Tierras a la Asociación de Agricultores. Sin embargo, los otros dos permanecen ocupados por un grupo que se presenta como «Alcaldía Indígena», aunque, de acuerdo con las autoridades municipales, esa figura nunca ha existido legalmente en el municipio.
Fontierras confirmó que representantes de la alcaldía en mención solicitaron la adjudicación de los polígonos 1 y 3, pero la institución rechazó la petición por considerarla improcedente, inviable y carente de fundamento legal.
Lo que está en juego no es la tierra: es el agua. El Astillero Municipal funciona como una gigantesca fábrica natural de agua. En su interior existen varios nacimientos y al menos dos pozos de gran capacidad que abastecen de agua potable a aproximadamente 45 mil habitantes. Además, el bosque permite la recarga de los mantos acuíferos que sostienen buena parte del abastecimiento hídrico de la región central del país.
Los alcaldes comunitarios de El Rejón, El Tunino y Rancho Alegre denuncian que las áreas donde se ubican nacimientos y pozos ya fueron cercadas.Durante la inspección señalaron que son las comunidades quienes históricamente han cuidado estos nacimientos y han dado mantenimiento a los mantos acuíferos.
Es un hecho que cuando un bosque protegido deja de cumplir su función ecológica, las consecuencias no aparecen de un día para otro. Llegan con menos agua, más presión sobre los acuíferos y un deterioro ambiental que puede tardar décadas en revertirse.
La inspección confirmó daños dentro del área protegida
La visita interinstitucional, integrada por Fontierras, RIC, Diprona, Conap, Inab, PGN, PNC, Gobernación Departamental, autoridades municipales y alcaldes comunitarios, recorrió el área para documentar la situación y evaluar las acciones legales para recuperar el territorio.
Durante la inspección quedaron registradas múltiples evidencias que agravan el caso:
- Tala ilegal de árboles a gran escala.
- Sectores completamente delimitados.
- Lotes cercados con alambre.
- Parcelas marcadas con números y nombres, como si ya estuvieran siendo repartidas o comercializadas.
El terreno inspeccionado pertenece al Estado de Guatemala y constituye patrimonio ambiental de la población de Sumpango.
Alertan sobre posibles estafas
Las autoridades municipales también advirtieron sobre denuncias relacionadas con la presunta venta ilegal de terrenos dentro del área protegida.La municipalidad fue enfática en desmentir cualquier adjudicación.
«Nunca hemos vendido, cedido ni adjudicado estos terrenos. Son bienes públicos que pertenecen al pueblo de Sumpango«, reiteró la comuna.
Por ello hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier intento de comercialización y evitar que las familias sean víctimas de fraude.
Lo que hoy ocurre en el cinturón verde de Sumpango no solo pone a prueba la capacidad del Estado para proteger un área ambientalmente estratégica. También evidencia cómo la ocupación ilegal de territorios públicos puede convertirse en una amenaza directa contra un recurso cada vez más escaso: el agua.
Comunitarios muestran un mapa en donde se delimitan el área de arrendatarios, el área de reserva forestal norte y el área de reserva forestal sur del Polígono del astillero municipal. Fotografías: Carlos Robles