Texto basado en entrevista radial: Daniela Sánchez Lemus.
Entrevista: Haroldo Sánchez
En Guatemala, el tema del desplazamiento forzado interno ha persistido como una dolorosa realidad que afecta a numerosas comunidades en todo el país. Este fenómeno, que se vincula a diversas formas de violencia, tanto política como criminal, así como a desastres naturales y actividades extractivas, ha dejado un rastro de sufrimiento humano que continúa afectando a miles de personas. A pesar de que el país ha dejado atrás su conflicto armado interno, el desplazamiento forzado persiste, a menudo pasando desapercibido en los medios de comunicación y siendo olvidado por la sociedad en general.
Para abordar esta cuestión, hemos entrevistado a tres personas clave en la lucha contra el desplazamiento forzado interno en Guatemala: Antonio Vázquez, líder de la comunidad Laguna Larga; Rubén Domingo, abogado del bufete jurídico de Derechos Humanos; y Flor de María Salazar, coordinadora de Cristosal Guatemala, una institución dedicada a la defensa de los derechos humanos y al tema del desplazamiento forzado interno.
El Desalojo Arbitrario de Laguna Larga
Rubén Domingo, abogado de derechos humanos, destaca la situación crítica de la comunidad de Laguna Larga, que fue forzadamente desplazada en junio de 2017 debido a un desalojo que califica como arbitrario e ilegal. Este desalojo se llevó a cabo sin las debidas garantías legales, lo que obligó a 111 familias, aproximadamente 500 personas de diferentes edades, a huir de sus tierras para evitar riesgos contra sus vidas. El desplazamiento dejó a estas familias en una situación precaria en la frontera entre Guatemala y México, expuestas a condiciones climáticas extremas, a enfermedades en la piel, afecciones emocionales y psicológicas a tratar, y un hacinamiento que ha llevado a abortos de alto riesgo entre las mujeres.
El abogado Ruben Domingo señala que se solicitó una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad y la integridad cultural de estas familias. A pesar de esta medida, el Estado de Guatemala no ha cumplido eficazmente con las recomendaciones y llamados para proteger a esta población vulnerable.
Fotografias: Xolotl Salazar. Voces Mesoamericanas
La Responsabilidad del Estado
Flor de María Salazar, de CRISTOSAL, enfatiza que el desplazamiento forzado interno en Laguna Larga es solo un ejemplo de una problemática más amplia. Identifica 64 comunidades adicionales en riesgo y señala que el Estado guatemalteco tiene una responsabilidad legal y ética para abordar esta crisis. Ella argumenta que el Estado debe garantizar la vida, seguridad, igualdad y protección de los derechos de estas personas, además de cumplir con el Convenio 169 de la OIT sobre reasentamiento en condiciones iguales o mejores.
Salazar destaca la importancia de que el Estado atienda las necesidades de estas comunidades, incluyendo educación, salud, seguridad, acceso al agua y vivienda adecuada. Además, aboga por una política integral de atención que permita a estas comunidades reintegrarse y recuperar sus derechos.
El Desafío del Próximo Gobierno
Con la llegada de un nuevo gobierno en enero, se plantea la pregunta de si habrá un cambio en la actitud del Estado hacia las comunidades desplazadas. Flor de María Salazar espera que el próximo gobierno implemente políticas efectivas y que las mesas de diálogo sean más que simples formalidades. Ella insta a la sociedad guatemalteca a reconocer que el desplazamiento forzado no es una decisión de las comunidades, sino una consecuencia de violaciones de derechos humanos y necesidades de protección no atendidas.
La Voz de la Comunidad
Antonio Vázquez, presidente del COCODE de la Comunidad Laguna Larga, comparte su experiencia de sufrir un desalojo que dejó a la comunidad devastada. Describe cómo las familias perdieron sus hogares, pertenencias y animales de cría debido a la violencia estatal. Además, señala que el desalojo tuvo un impacto devastador en la salud mental y física de la comunidad, incluyendo abortos y enfermedades crónicas debido a las condiciones precarias en las que se encuentran.
Llamado a la Conciencia y la Solidaridad
Antonio hace un llamado a la sociedad guatemalteca para tomar conciencia de la situación de estas comunidades y pedir justicia para quienes han sufrido desplazamiento forzado. También insta a la solidaridad internacional y a que se difunda su historia para que el mundo conozca su sufrimiento y presione al Estado guatemalteco para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El desplazamiento forzado interno en Guatemala sigue siendo una crisis humanitaria que requiere atención urgente. A medida que el país avanza hacia un nuevo gobierno, la esperanza es que se tomen medidas concretas para abordar este problema y garantizar los derechos y la dignidad de las comunidades desplazadas. La solidaridad nacional e internacional también desempeñará un papel crucial en la búsqueda de soluciones a esta tragedia humanitaria que ha afligido a Guatemala durante demasiado tiempo.
Escuche la entrevista completa aquí:
Parte I y II.