En un evento de gran importancia organizado por el Comité de Servicio de los Amigos de Estados Unidos y celebrado en la Universidad Rafael Landívar, tuvo lugar el Coloquio Regional sobre el Desplazamiento Forzado Interno. En dicho encuentro, las voces de las víctimas, expertas/os y personas defensoras de derechos humanos se unieron para arrojar luz sobre esta trágica realidad.
Por Daniela Sánchez Lemus
El Desplazamiento en Números: Más que Estadísticas, vidas.
En el corazón de Guatemala, una crisis persistente sigue desgarrando la estructura social del país: el desplazamiento forzado interno. Este fenómeno, alimentado por disputas de tierras y políticas gubernamentales insuficientes, ha dejado a miles de personas sin hogar, despojadas de sus raíces y sumidas en la desesperación.
En esta entrega, explicaremos las raíces de esta crisis, las historias humanas que se esconden detrás de las cifras y el llamado urgente a la acción que emana de la desesperación de quienes han perdido todo.
En las sombras de las estadísticas frías y los informes oficiales se encuentran las vidas destrozadas de miles de guatemaltecas y guatemaltecos, expulsadas/os de sus hogares por la fuerza y enfrentando la desesperación.
Aunque las estadísticas oficiales son difíciles de obtener, se estima que desde el año 2000, miles de guatemaltecas/os han enfrentado desalojos forzados. Las órdenes judiciales y las acciones extrajudiciales han llevado a comunidades enteras a la desesperación, mientras las fuerzas de seguridad pública y privada perpetúan la violencia en nombre del desplazamiento.
Laura Hurtado, doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, destaca la falta de datos oficiales sobre este fenómeno, subrayando la diversidad de cifras provenientes de diferentes fuentes. Aunque los datos varían, todo apunta a una tendencia alarmante.
La ausencia de seguimiento por parte de la desaparecida Secretaría de Asuntos Agrarios ha dejado un vacío en la recopilación de datos, dificultando la comprensión exacta de la magnitud del problema. Organizaciones sociales que acompañan a comunidades han sido fundamentales para proporcionar información, aunque solo un caso cuenta con cifras oficiales.
Hurtado señala el incremento en órdenes de desalojo, reflejando una creciente crisis. Las cifras de 2019, indican 52 órdenes, que aumentan drásticamente a 160 en 2020 y 2021. Esta tendencia es preocupante y plantea preguntas sobre el papel de las fuerzas de seguridad pública y privada en estos desalojos.
El desplazamiento forzado en Guatemala se divide en desalojos judiciales y extrajudiciales. Estos últimos, llevados a cabo sin el debido proceso, a menudo involucran violencia y fuerzas de seguridad del Estado, así como a seguridad privada.
La ubicación de estos desalojos revela patrones interesantes: áreas de programas de colonización interrumpidos y regiones ricas en recursos naturales son especialmente vulnerables. Además, las áreas protegidas, que albergan comunidades, también están siendo afectadas, presentando desafíos adicionales de gobernanza.
El despojo de tierras y litigios sobre la tenencia de tierras son centrales en estos desplazamientos. La falta de inscripción de terrenos y la complejidad de los procesos legales han creado tensiones significativas. La regularización de tierras es crucial, especialmente para comunidades que han vivido en fincas durante generaciones que luego resulta que son privadas.
A medida que Guatemala enfrenta estas complejidades, es esencial una respuesta integral. Los esfuerzos para comprender la verdadera magnitud del desplazamiento forzado interno, así como para abordar sus causas fundamentales y proteger los derechos de las comunidades afectadas, son esenciales para construir un futuro más justo y equitativo para todas y todos los guatemaltecos.
Las Raíces del Desplazamiento: Tierras en Disputa y Áreas Protegidas
La lucha por la tierra ha sido el motor detrás de muchos desalojos. Terrenos sin títulos claros, áreas protegidas y zonas ricas en recursos naturales se han convertido en campos de batalla, donde las comunidades locales son tratadas como intrusos en su propia tierra ancestral. Las áreas protegidas, declaradas después de 1989, también han atestiguado los desplazamientos, mientras las políticas gubernamentales descuidadas perpetúan la injusticia.
El 3 de junio de 2017, tuvo lugar un desalojo en la comunidad Laguna Larga, Petén. En esta operación participaron un contingente de fuerzas impresionante, compuesto por 1,200 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), 500 efectivos del ejército, 65 radiopatrullas, 15 camiones, 2 helicópteros, 1 tractor, y 2 ambulancias. Sin embargo, al momento de ingresar al área, se encontraron con la desolación, ya que un día antes, toda la comunidad había huido y buscado refugio en la línea fronteriza con México.
Días posteriores al desalojo, la Auxiliatura Departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en Santa Elena, Petén, se desplazó hasta la línea fronteriza entre México y Guatemala. Allí, documentaron la presencia de 105 familias, un total de 395 personas (mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, ancianas y ancianos) desplazadas de Laguna Larga. La situación en la que se encontraban estas familias era de extrema gravedad, careciendo de acceso a servicios básicos como instalaciones sanitarias o letrinas. Además, enfrentaban problemas de salud significativos.
[ngg src=»galleries» ids=»39″ display=»basic_slideshow» autoplay=»0″ arrows=»1″]Fotografias galería: Procuraduria de Derechos Humanos 2017 . Las familias se ubicaron en champas construidas con plásticos y cartones. Esperando una resolución que les permitiera retornar a sus tierras, que ocuparon por más de 30 años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegó a la conclusión de que las y los habitantes de la comunidad Laguna Larga que habían sido desalojadas/os y desplazadas/os se encontraban en una situación de urgencia extrema y gravedad. Estaban expuestas/os a múltiples factores de riesgo. Como resultado, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de las/os afectadas/os, reconociendo la urgente necesidad de proteger sus derechos y su bienestar. Medidas que al día de hoy el Estado sigue sin cumplir.
Por su ubicación geográfica, llegar a la comunidad de Laguna Larga es considerablemente más sencillo desde México que desde Guatemala. De manera significativa, las autoridades del municipio de Candelaria, en Campeche, México, han demostrado un mayor compromiso y apoyo hacia esta comunidad en comparación con el Gobierno de Guatemala.
La voz de José Antonio Vázquez: Resistencia y esperanza en medio de la adversidad
“Estamos aquí, en la lucha, esperando una solución real del gobierno. Queremos que se nos devuelva lo que es legítimamente nuestro, queremos un hogar seguro y agua limpia para nuestras familias. Esta es nuestra realidad y nuestra esperanza: que el mundo sepa la verdad de lo que enfrentamos y que se haga justicia para nuestra comunidad”.
José Antonio Vázquez, líder comunitario del Campamento Laguna Larga, compartió su historia de lucha y resistencia. En 2017, su comunidad agrícola fue brutalmente desalojada por el Estado, dejando a las familias sin hogar, sin agua potable y enfrentando condiciones extremas. A pesar de todo, estas comunidades desplazadas persisten en su resistencia, manteniendo viva la esperanza mientras luchan por sus hogares y su dignidad.
Jose Antonio narra que la situación que viven no es solo un caso de desalojo común, sino algo mucho más complicado. Enfatiza que eran una comunidad dedicada a la agricultura, que comercializaban sus productos en México debido a la ubicación fronteriza. Antonio menciona que antes de verse forzados a desplazarse, su comunidad florecía y prosperaba. Pero, en 2017, el gobierno decidió desalojarlos.
“Fue en junio cuando nos vimos obligados a dejar nuestras casas, nuestras tierras, todo lo que habíamos construido. Esta experiencia fue devastadora para nuestras familias. Imagine evacuar a embarazadas y niños pequeños bajo la lluvia. Fue un momento increíblemente difícil para todos nosotros”.
A pesar de todo, Antonio expresa que siguen resistiendo, luchando por su territorio y sus derechos. Pero la resistencia viene con desafíos. El gobierno ofrece soluciones superficiales, promesas que no cumplen. En lugar de devolverles sus tierras, endeudan a la población, “lo que significa que la comunidad debe pagar por algo que nunca deberíamos haber perdido en primer lugar”.
[ngg src=»galleries» ids=»40″ display=»basic_slideshow» autoplay=»0″ arrows=»1″]Fotografías: Comunidad Laguna Larga. 6 años después las condiciones de la comunidad no han variado, la escuela fue construida por la mismas familias ante el abandono del Estado guatemalteco.
Además, el acceso al agua potable es un problema grave. Antonio enfatiza que la población asentada en Laguna Larga, Petén, se ve forzada a consumir agua contaminada que está causando enfermedades, especialmente entre los niños y los ancianos. En temporadas de lluvia, las casas se inundan y en verano, el calor es insoportable. No es un entorno adecuado para vivir.
Las y los Defensores de Derechos Humanos: voces de razón y esperanza
Edgar Pérez, director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, destacó la falta de voluntad política y la urgente necesidad de un desarrollo sostenible que respete los derechos de las comunidades afectadas. Denunció la desconexión entre la riqueza del país y la pobreza abyecta en la que viven muchos guatemaltecos debido a la falta de acceso a la tierra y a los recursos básicos.
El trabajo de Peréz ha sido acompañar a comunidades como la de Laguna Larga en momentos de crisis y violaciones a los derechos humanos. En 2016, junto al bufete, presentó una propuesta alternativa al Estado, de desarrollo sostenible para las comunidades asentadas en áreas protegidas, incluida Laguna Larga. Su intención era establecer un diálogo respetuoso, basado en principios fundamentales como la igualdad y la buena fe.
“La falta de voluntad política y la ceguera hacia un desarrollo sostenible real llevaron a la ruptura de este diálogo”, destacó. Fue un proceso marcado por la obstinación de los gobiernos y la falta de consideración por las vidas y derechos de las personas. El 2 de junio, en medio de estas negociaciones, ocurrió el desalojo, que rápidamente se convirtió en un desplazamiento forzado para la comunidad Laguna Larga.
¿Cuál fue la motivación detrás de este desalojo? Para Pérez, fueron los intereses económicos, pero no los intereses económicos los que promueven el desarrollo humano. “Fueron los macro intereses económicos que priorizan las ganancias por encima de las vidas y los derechos de las personas. Es una ironía dolorosa que en un país tan rico como Guatemala, existan poblaciones tan empobrecidas”.
El experto en derecho, mencionó que la comunidad Laguna Larga tenía su propio desarrollo económico, construido con esfuerzo propio. Hizo referencia a la mención de Antonio, líder comunitario, que la comunidad comerciaban pepitoria con México, lo que les proporcionaba un sustento y una forma de vida digna. Pero esta prosperidad fue arrebatada injustamente.
Su lucha continúa -agregó-. Siguen luchando por la justicia, por los derechos humanos y por un futuro donde las comunidades como Laguna Larga puedan vivir en paz, prosperidad y dignidad, sin el temor constante de perder sus hogares y sus formas de vida debido a intereses económicos desmedidos y desconsiderados
Un llamado a la Acción Global
Este Coloquio Regional, no fue simplemente una reunión, fue un grito de indignación y un llamado a la acción. Las historias desgarradoras y las estadísticas alarmantes instan a la sociedad guatemalteca a actuar. El desplazamiento forzado interno no puede ser ignorado ni silenciado. Se deben elevar las voces, unirse como comunidad global y exigir un cambio significativo.
La justicia y la dignidad deben prevalecer sobre la avaricia y la indiferencia. Solo con un esfuerzo colectivo se puede ofrecer esperanza a aquellas personas que han perdido todo, construir un futuro donde el desplazamiento forzado sea un recuerdo oscuro y asegurar que todas/os las/os guatemaltecas/os vivan en paz en su propia tierra.