El caso de TRECSA y el Registro de Información Catastral en San Bartolomé Milpas Altas
Por Daniela Sánchez Lemus
En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, se ha desatado una controversia debido a la construcción de torres de energía por parte de la empresa TRECSA (Transportadora de Energía de Centroamérica S.A.), que ha sido señalada de operar sin la debida licencia municipal y aprovechando vacíos legales generados por un proyecto catastral en la zona. Este proyecto, financiado en 2006 por el Banco Mundial con más de 60 millones de dólares, tenía como objetivo la delimitación territorial en 50 municipios, pero ha derivado en numerosos conflictos por la duplicidad de registros y la falta de claridad en la propiedad de las tierras.
Construcción ilegal y sanciones a TRECSA
En agosto de 2020, un juzgado de Antigua Guatemala dictaminó que TRECSA había construido torres eléctricas sin contar con la licencia municipal correspondiente, imponiéndole una multa de Q500,000 y ordenando la demolición de las estructuras. A pesar de esto, la empresa ha seguido adelante con la instalación de más torres, utilizando mapas proporcionados por el Registro de Información Catastral (RIC) que aún no están debidamente validados. Según la empresa, los límites municipales no están claros, lo que genera confusión sobre qué autoridad tiene jurisdicción sobre ciertas áreas. Esta situación ha permitido a TRECSA avanzar en sus proyectos sin cumplir con las normativas locales.
Proyecto catastral y amenazas a la propiedad privada
El conflicto se agrava por las denuncias de las y los vecinos, quienes alertan sobre una posible «expropiación solapada» de propiedades debido a los errores y falta de claridad en los registros catastrales. En 2019, el RIC publicó un edicto con advertencias para más de 3,400 propietarios, quienes debían corregir irregularidades catastrales en un plazo de 30 días. Sin embargo, la mayoría de las personas afectadas no tomaron acción debido a la falta de difusión adecuada de la información, dejando sus propiedades en riesgo de ser reclamadas por nuevos «propietarios catastrales» una vez vencido el plazo de cinco años, que concluye el 31 de octubre de este año.
Este proyecto catastral, que en teoría buscaba asegurar la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, ha derivado en casos de múltiples propietarios reclamando los mismos terrenos. En algunos casos, la comunidad alerta que altos exfuncionarios han aparecido como dueños inexplicables de terrenos en San Bartolomé Milpas Altas, lo que ha despertado la indignación de las y los habitantes locales.
Conflicto entre instituciones y desinformación
La situación ha generado una fuerte controversia entre las instituciones encargadas de gestionar el territorio. El Registro de Información Catastral y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han sido señalados por no tener una coordinación clara sobre la delimitación de los límites municipales. Según declaraciones del diputado José Chic, quien fiscalizó a funcionarios del RIC Sacatepéquez, el proceso ha sido opaco y carece de una metodología precisa para definir los perímetros municipales, lo que contribuye a la incertidumbre sobre la jurisdicción de las tierras afectadas.
La comunidad acusa a TRECSA de aprovechar esta falta de claridad para seguir adelante con su proyecto de manera ilegal, afectando gravemente el entorno ambiental y social de la región. Además, hay preocupación por el impacto que tendrá la falta de acción por parte de los propietarios para regularizar sus terrenos antes de que el plazo estipulado por el RIC expire.
Exigen intervención del gobierno
La Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA le solicita al presidente de la República, Bernardo Arévalo, y al RIC detener este proceso catastral que amenaza no solo las propiedades individuales, sino también las tierras comunales y colectivas. La falta de claridad y los errores en los registros están creando un caldo de cultivo para futuros conflictos territoriales y judiciales, que podrían escalar en enfrentamientos entre las comunidades y las empresas involucradas.
Ante esta situación, es urgente que las autoridades municipales, junto con el gobierno central, tomen medidas para proteger los derechos de los propietarios afectados y garantizar la transparencia en el manejo del territorio, evitando que la desinformación y la falta de regulación continúen alimentando los conflictos en la región.
