Por Guillermo Martínez, Red Catequil, Lima,Perú
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El 12 de febrero de 2026, la democracia en Guatemala vivió un nuevo episodio de peligro. El Ministerio Público (MP) allanó centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios durante la elección de magistraturas titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).
Este operativo, ejecutado bajo reserva judicial, fue denunciado por personas defensoras de derechos humanos como una maniobra de impunidad para seguir subordinando a este tribunal ante los poderes fácticos, un tribunal cuyo desempeño en 2018 permitió condicionar el funcionamiento de proyectos extractivos que omitieron consulta previa, como la mina Escobal.
La experiencia latinoamericana
América Latina no es solo un escenario de crisis institucionales; es el escenario de la disputa por materias primas y bienes que definirán el siglo XXI, en cuyo reparto antagonizan EEUU y China. Guatemala es ahora — por lo grave y reciente — el centro de una situación que es tendencia en la región y que destaca por el debilitamiento de salvaguardas ambientales en favor de la feroz actividad extractiva.
En Argentina, el ejecutivo presiona por desregular la Ley de Glaciares para favorecer la minería de litio y cobre en zonas periglaciares ambientalmente sensibles.
Protesta Buenos Aires, Argentina 4 de febrero de 2026 contra la reforma de la Ley de Glaciares. Se llevaron a cabo protestas simultáneas en todo el país con el fin de proteger el agua de cualquier actividad extractiva.CAROLINA JARAMILLO/NURPHOTO/GETTY IMAGES
En Chile, haciendo coro a la «ley de permisología» o motosierra ambiental, la industria exige agilizar permisos ambientales ante el ciclo electoral de 2026. Han incluido un nuevo reglamento para el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).
Bolivia acelera el extractivismo de litio bajo esquemas de inversión externa, mientras en Ecuador el desmantelamiento institucional ralentiza el cierre del Yasuní ITT, incumpliendo mandatos populares. En Brasil avanza la perforación de la Margen Ecuatorial, una contradicción con sus compromisos climáticos hacia la COP30.
En el Perú, el Estado Peruano reactivó lotes petroleros en la Amazonía y en zonas marinas de alta riqueza pesquera ignorando la deuda histórica de remediación. El próximo proceso electoral no solo ocuparán curules representantes de la minería ilegal, sino que discursos como los de la ultraderecha anuncian medidas para que el Banco de la Nación blanquee el oro sucio.
Territorios en alerta
Finalmente, la crisis en Guatemala encontró un respiro gracias a la reserva democrática del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), cuya firmeza institucional actuó como el último dique de contención del Estado de derecho frente a la arbitrariedad del Ministerio Público. Sin embargo, este desenlace no debe mirarse con complacencia. Mientras la justicia guatemalteca resiste, el resto de la región sigue bajo una ofensiva coordinada desde la «motosierra ambiental» y la desregulación que pretende normalizar el despojo.
Estamos muy lejos de que la región articule una política común del lado correcto de la historia. Aquí se extiende el tablero donde otros juegan, convirtiendo nuestros ecosistemas en zonas de sacrificio para alimentar una guerra tecnológica ajena, sostener hábitos de consumo y mantener abominables privilegios.
Sin embargo, podemos fortalecer la fe en la articulación de los defensores territoriales y la vigilancia internacional, más urgentes que nunca; la resolución de un conflicto puntual no detiene la vorágine extractivista y solo la acción sostenida podrá evitar un mapa de América Latina consolidado como un laberinto de zonas de sacrificio.