Por Daniela Sánchez Lemus
La pandemia de Covid-19 visibiliza aún más la fragilidad social y la desigualdad en Guatemala, un país en donde hay miles de niños en condición de riesgo. En el corredor seco el ayuno no cesa, una madre está anémica, otra no tiene leche para su bebé y le da agua o té, algunos niños con suerte comen tortilla con sal. La propagación del coronavirus no reconoce fronteras, afecta a los más pobres y sobre todo, a los niños. La crisis actual se vuelve incierta para niñas y niños que habitan una Guatemala en donde según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo, en enero de este año era de 2.5% (179,000 personas de una población laboral de 6.9 millones).
La falta de salud, alimentos, agua e ingresos fijos, inaccesibles desde antes de la pandemia, así como la ausencia de información, dificulta afrontar el día a día para las miles de familias aisladas en comunidades lejanas, instaladas en asentamientos, en barrios sin accesos a recursos de primera necesidad. El Covid-19 no discrimina a nadie, de igual forma el Estado no debería obstaculizar la ayuda y escuchar a los sectores más vulnerados y olvidados; seguir dándoles la espalda es negar la vida a los niños que tienen que sobrevivir a las frustraciones de un núcleo que no puede proveerles sus necesidades más básicas.
Para proteger a la niñez que no tiene la oportunidad de acceder a sus derechos más elementales, los cuales empeoran durante la pandemia, se hace prioritaria la ayuda de emergencia durante el tiempo que dure el confinamiento. Se debe asegurar que el agua, energía eléctrica, alimentos y atención en materia de salud, no falten. Además el Estado y las autoridades locales no deben limitar la información a protocolos de higiene imposibles de seguir según su realidad. Solo la inclusión podrá garantizar que los menores en riesgo, en un futuro, no sean estadísticas olvidadas de un virus que arrasa a su paso sin ver origen socioeconómico. El sistema de salud guatemalteco y el Gobierno, deben prestar atención a los niños en comunidades alejadas, en barrios marginales; a los pequeños en situación de calle, incluirlos dentro de la detección de síntomas de Covid-19.
Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas, habla de un “aumento global estremecedor de la violencia doméstica vinculada con el Covid-19”. Los expertos estiman que la cantidad total de muertes por COVID-19 a nivel mundial podría llegar a ser entre 10 y 40 millones de personas, e ineludiblemente muchos niños y niñas perderán a uno o ambos padres u otros tutores. En el mundo hay a la fecha, millones de niñas y niños detenidos en los sistemas de justicia, en “custodia y resguardo” por motivos migratorios, orfanatos o instituciones de rehabilitación. En Guatemala el hacinamiento dentro de estas instituciones no es raro, poco acceso a agua y por tanto a medidas de higiene adecuadas, esta situación podría facilitar la propagación de enfermedades infecciosas como el Covid-19. En este sentido, Human Rights Watch exhorta a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de las niñas y los niños, incluidas las siguientes:
· Asignar prioridad a las acciones tendientes a dar continuidad a la educación de todos los niños y niñas, empleando para ello todas las tecnologías disponibles.
· Brindar asistencia económica, incluidas las transferencias de efectivo, las familias de bajos ingresos que serán las primeras consecuencias y las más seriamente golpeadas, para que puedan tener necesidades básicas sin verse obligadas a recurrir al trabajo infantil.
· Reducir al mínimo la negativa al acceso de niñas y niños a servicios de atención de la salud esenciales y vitales.
· Intensificar los esfuerzos para identificar niñas y niños que tuvieron problemas humanos a causa del COVID-19 y ampliar las redes de familias extendidas y de acogida.
· Ampliar la educación pública, las campañas de sensibilización, los servicios de atención telefónica y otros servicios para niños y niñas con riesgo de violencia sexual en el hogar o explotación sexual en línea.
· Traslado a niños y niñas privadas de la libertad a una situación de cuidados familiares y seguros, medidas adecuadas de albergue y saneamiento para los niños y niñas refugiados, migrantes y desplazados internos.
Velar por que el Estado cumpla, elabore y refuerce políticas en pro de la niñez guatemalteca, especialmente la más vulnerada, es una tarea que en tiempos de pandemia se hace vital. Ningún sector debe hacerse el desentendido ante un tema que tiene raíces profundas en el tiempo, y que bien puede agudizarse durante la crisis sanitaria que atraviesa el país.
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