Por Haroldo Sánchez
Con el fin de monitorear y fiscalizar la implementación de políticas públicas relacionadas con la salud reproductiva, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez, el Instituto Universitario de la Mujer de la USAC, la Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres, el Colegio de Médicos y Cirujanos, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala junto al Congreso de la República de Guatemala, en alianza, impulzaron en 2008 la formación de un Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR). El cual, “como foro permanente es una oportunidad para la participación de mujeres, sociedad civil, profesionales e investigadores, que contribuyan a generar información para reducir las desigualdades en el sistema de salud, principalmente en la salud reproductiva.”
https://osarguatemala.org/embarazo/datos
En 2010 se emitió el Decreto 32-2010 en el cual se aprueba la Ley de Maternidad Saludable. Ese mismo año OSAR lanzó el Sistema de Información en Salud Sexual y Reproductiva, firmando un convenio para el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica de la muerte materna. Cuentan con un convenio con el Ministerio de Educación para el impulso del contenido de la Carta Prevenir con Educación, el cual fue pensado para ser inmplemenado en todos los centros educativos del país. En julio de 2010, fue invitado por SEGEPLAN para formar parte del Informe Alternativo de las Naciones Unidas sobre el avance de las mujeres dentro de las metas del milenio.
Este año, en conmemoración del 11 de Octubre, Día Internacional de la Niña, en el ejercicio ciudadano de datos abiertos y acceso a la información para la toma de decisiones, con el apoyo de Hivos ( organización de ayuda al desarrollo, con sede en los Países Bajos, con representación en Guatemala), OSAR presentó el portal: Programa Vida, transferencia condicionadas a las niñas embarazadas víctimas de violencia sexual, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
De acuerdo a datos estadisticos, en los primeros 8 meses de este año, en Guatemala se han reportado 77,890 embarazos en niñas y adolescentes, entre 10-19 años. De estos 1,095 deben considerarse delitos de violencia sexual con agravación de la pena, embarazos en niñas menores de 14 años. A partir del año 2013, se cuenta con una ruta de atención integral a estas niñas víctimas de violencia sexual, con acciones específicas que corrresponden a los ministerios de Salud, Educación, Desarrollos Social; instituciones como RENAP, PGN, MP, OJ, cuyo objetivo es procurar la protección y el bienestar de estas niñas, restituirles sus derechos y disminuir el daño.
Desde el 20015, OSAR ha monitoreado el cumplimiento de esta ruta de atención integral, acompañado algunos casos de niñas embarazadas en Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz. Las condiciones de vulnerabilidad, pobreza, revictimización y no acceso a la justicia, han sido constantes en los casos acompañados.
Principales hallazgos de Osar: -El programa Vida no da respuesta a la protección social que necesitan las niñas víctimas de violencia sexual. Durante los años 2018 y 2019, únicamente se han incluido 179 niñas VVS al Programa Vida, de 3,475 denuncias reportadas en el mismo período.
-El programa excluye a niñas entre 10-12 años. Los criterios de inclusión al programa conllevan procesos burocráticos y de interpretación que retrasan el apoyo a la niña. Por ejemplo, si el presunto violador está fuera del círculo familiar, las medidas de protección dictadas por un juez pueden no aplicar, y este es un requisito solicitado por MIDES. El ingreso al Programa Vida, es la protección social que se brinda a la niña, el embarazo es un estado vulnerable, que requiere esa protección.
-El Programa no prioriza departamentos de mayor incidencia de embarazos en niñas. Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén presentan los mayores índices de embarazo en niñas, sin embargo, no son priorizados por el Programa Vida.
-El presupuesto asignado al Programa Vida es insuficiente para cubrir a las niñas embazadas que viven en pobreza. A pesar de esto, únicamente se ha ejecutado un 85% y un 67% en los años 2018 y 2019. Reducir la brecha de niñas cubiertas por el programa, implica ampliar el presupuesto al Programa Vida dentro del ministerio de Desarrollo y hacerlo accesible para las niñas Victimas de Violencia Sexual (VVS).
-La niña y sus derechos debe ser el centro de todas las acciones y decisiones. El Programa Vida debe contribuir a resarcir los daños, promover la atención física, psicológica y social que necesitan las niñas, devolverles sus derechos y facilitar su plan de vida.
Recomendaciones:
1. La prevención y atención de las niñas víctimas de violencia sexual o embarazadas menores de 14 años, debe ser prioritario en la agenda del Estado de Guatemala, traducido a planes y acciones concretas, debe utilizarse la información para priorizar los departamentos, enfocar grupos vulnerables y la atención inmediata, procesos eficientes para el ingreso al programa, colocando en el centro a las niñas y sus derechos.
2. Existe un protocolo de atención integral a niñas embarazadas menores de 14 años, el cual involucra a MSPAS, MINEDUC, MIDES, SVET, PGN, RENAP el cual debe implementarse eficientemente, para proteger a las niñas, y reducir su vulnerabilidad a nuevas violencias. La mesa interinstitucional para la ruta de atención integral a las niñas VVS liderada por SVET, debe incluir el monitoreo al cumplimiento de la protección social. (Programa Vida del MIDES).
3. Un total de Q.1,500,000.00 han sido destinados anualmente para el programa VIDA del ministerio de Desarrollo, con esa cantidad se cubren 125 niñas anuales, es decir el 6% de los casos reportados. Es necesario analizar si solo ese 6% de los niñas embarazadas necesitan estar dentro de este programa, por las condiciones de vulnerabilidad en que viven.
4. El marco conceptual del Programa Vida, carece de indicadores que permitan el monitoreo del beneficio directo a las niñas víctimas de violencia sexual. La única corresponsabilidad de la familia es de salud, llevar al control de crecimiento y desarrollo al bebé. La restitución de derechos de la niña, como el acceso a la escuela, no es considerada.
El sistema no protege a las niñas víctimas de violencia sexual
Para la doctoraMirna Montenegro, directora de OSAR Guatemala, el elevado número de niñas víctimas de violencia sexual (NVVS), está asociado a pobreza, al poco acceso a la escuela para las niñas, sobre todo en la población indígena, en el área rural y a un sistema patriarcal que coloca a las niñas como ciudadanas de segunda categoria, sin derechos.
Doctora Montenegro, ¿cuál es el objetivo de la presentación del Portal de Datos Abiertos: Programa Vida del Mides? Se busca brindar información para la toma de decisiones, el promover la cultura de la participación ciudadana en su función de auditoria social, así como tener acceso a la información, análisis y rendicion de cuentas. En los jóvenes, que puedan realizar análisis secundario al contar con las bases de datos, que podría servir para una tesis o estudio que aporte a la discusión del tema.
¿En qué consideran ustedes que reside la importancia de este Portal de Datos Abiertos? En cambiar las prácticas de participación, así como tener una base o un sustento para la rendición de cuentas.
¿Cuales son los datos más destacados de este estudio realizado por Osar? El tema abordado es sobre el Programa Vida (transferencias condicionadas para las niñas embarazadas menores de 14 años, victimas de violencia sexual), del Ministerio de Desarrollo (MIDES). Este surge a partir del año 2013, para dar una respuesta a la situación de pobreza y vulnerabilidad en que viven las niñas VVS (Víctimas de Violencia Sexual) embarazadas.
Los hallazgos que se encontraron son: -Los trámites burocráticos que solicita el Mides, son inalcanzables para las familias; el proceso de inclusión en el Programa Vida puede durar 2 años; no se encuentran niñas de 10 y 11 años dentro del programa. Por ejemplo, pide medidas de seguridad, y el juez no otorga estas medidas si el agresor está fuera de la familia, es una cuestión de interpretación.
-En los años 2018 y 2019, unicamente se encuentran 179 niñas incluidas en el programa. La ejecución del programa es de 83% (2018), y 79% (2019). Es insuficiente el presupuesto y tiene una deficiente ejecución.
-El programa no prioriza los departamentos donde se encuentran el mayor número de niñas VVS. Por ejemplo en Huehuetenango de 489 NVVS, únicamente se encuentran 2 niñas en el programa, en Alta Verapaz de 400 niñas VVS, solo 12 de ellas están incluidas en el Programa Vida.
-El presupuesto del Programa Vida es de 1,5 millones de quetzales y está definido para entregar 8 transferencias de Q1,500.00 para la niña embarazada (el tutor/a es el beneficiario) con la corresponsabilidad de llevar al bebé al servicio de salud para control de crecimiento y desarrollo.
¿Cómo hacer más efectiva la Ruta de Atención Integral a las niñas victimas de violencia sexual? Se debe fortalecer el monitoreo a cargo de la Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Persona (SVETP), que facilita la mesa interinstitucional para la atención integral de las niñas embarazadas menores de 14 años. Hay que definir metas de cobertura en base a los datos de años anteriores, priorizando los departamentos y municipios de mayores casos.
Doctora, ¿quñe departamentos son los que más incidencia presentan en los embarazos de niñas? ¿Y cuál puede ser la causa de esa incidencia? En los últimos 5 años, los departamentos de Huehuetenago, Alta Verapaz, Petén, Quiché, Guatemala, San Marcos presentan altos índices. Estos casos son asociados a pobreza, poco acceso a la escuela para las niñas, población indígena, ruralidad y sistema patriarcal que coloca a las niñas como ciudadanas de segunda categoria, sin derechos. También el Estado ejerce violencia al no promover el empoderamiento de las niñas, que asistan a la escuela, y el sistema de justicia al permitir que los casos se queden impunes, se colocan las denuncias y si avanzan, se quedan en la orden de captura.
¿Que se hace con las niñas victimas de violencia sexual en sus comunidades? Hemos acompañado varios casos. El sistema no protege a las niñas y sus derechos. A través de la Ruta de Atención Integral (2013), que conforman los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo, SVET, Procuraduría General de la Nación (PGN), Ministerio Público (MP), Organismo Judicial y Renap se define el protocolo de atención. Cada niña menor de 14 años embarazada que es detectada por un servicio de salud, se coloca una denuncia en el MP y una notificación en la PGN, lo que puede generar un tema de conflicto de interé s. El Ministerio de Educación debe ofrecer programas alternativos para que las niñas continúen con su proceso educativo, que es parte de la restitución de derechos. El MIDES a través del Programa Vida (transferencias condicionandas), como la protección social que las niñas requieren para reducir su vulnerabilidad y revictimización.
¿Cómo se puede reducir la violencia sexual en contra de las niñas? Como país se ha avanzado en la desnaturalización del embarazo en niñas o en las uniones tempranas. Se elevó la edad del matrimonio a la mayoria de edad (sin excepciones), existe el protocolo de atención a estos casos. Es necesario trabajar en la prevenciòn, y eso es educación integral en sexualidad, programas de empoderamiento, prevención de la violencia sexual infantil (Libro de Tere y Libro de Sebas). El trabajo con las comunidades y las familias para la prevención. El tema de fortalecer el sistema de justicia, es parte de la prevención.
Este año 2020 con la pandemia, aumentó el número de niñas y adolescentes embarazadas, ¿cómo se pudo evitar esta situación? Es dificil el sistema de información en salud, en este caso del MSPAS para los embarazos en niñas y adolescentes. Por ejemplo, existe un 42% de subregistro en el Renap de los niños/as que han nacido de madres adolescentes, (comparación de julio del 2019 con julio del 2020). Como resultado del COVID 19, las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual embarazadas, enfrentan mayores retos: no acceso a controles prenatales, los partos son atendidos en el domicilio (miedo al contagio), no asisten a las terapias psicológicas, mayor pobreza, hambre y violencia. Es necesario que se incluya la educación sexual en los procesos de educación en casa, como está establecido en el Curriculo Nacional Base. Realizar campañas de prevención de violencia sexual infantil y campañas para reconocer que la violencia sexual es una emergencia médica. Cumplimiento de la Ruta de Atención Integral para las niñas embarazadas menores de 14 años. Es importanet la justicia pronta y cumplida, que incluya la reparación digna y restitución de derechos.
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