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Reportaje

Priorizar la prevención del delito. (Parte 2 reportaje «violencia sexual y niñas embarazadas»)

7 Min de lectura

Por Haroldo Sánchez

Apoyo de Hivos a OSAR. “Para Hivos lo importante es priorizar la prevención del delito, hay poca inversión en este tema y con respecto al marco de atención, definitivamente es necesario que se priorice la atención de calidad y que exista una reparación digna para las niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual,  ya que hasta cierto punto no se está poniendo en el centro a estas niñas y existen limitaciones para que ellas puedan acceder a los programas que el Estado promueve. Además, que estos programas del Estado, tienen sus propias limitaciones. En este sentido el Estado debería garantizar la prevención y que estos delitos nunca se queden sin castigo. Sin embargo, en este contexto, la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes, es algo que se sigue dando y por lo tanto es necesario brindar garantías de atención a niñas embarazadas y hacer una reparación digna a quienes han sufrido estos abusos y según los datos, se siguen dando en el país. Básicamente por ser poblaciones vulnerables, lo que pretende Hivos es facilitar el diálogo y el discurso que estas organizaciones (como Osar) manejan, pero sustentado en evidencia y en este caso con evidencia que puede ser basada en datos”. Daniel de León, Consultor de Datos Abiertos de Hivos Guatemala.


El presupuesto asignado al Programa Vida del Mides es insuficiente para cubrir a las niñas embarazadas que viven en pobreza. A pesar de esto, únicamente se ha ejecutado un 85% y un 67% en los años 2018 y 2019.  Reducir la brecha de niñas cubiertas por el programa, implica ampliar el presupuesto al programa Vida dentro del Ministerio de Desarrollo y hacerlo accesible para las niñas víctimas de violencia sexual, reestructurar criterios de inclusión a niñas y analizar el ciclo de implementación del programa.

El objetivo de Osar en torno al Portal de Datos: Programa Vida, que consiste en la transferencias condicionadas a las niñas embarazadas víctimas de violencia sexual, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), es evidenciar cuántas niñas son beneficiadas y hacer un ejercicio de datos abiertos que permita tomar decisiones, para que las personas puedan ingresar a este sistema de información de la plataforma y que puedan evidenciar por departamento cuántas niñas, cuántos casos hay, cuántas personas han sido beneficiadas, cómo es que el Programa Vida es una transferencia condicionada y cómo es que llega en beneficio de las niñas.

Victoria Maldonado, coordinadora de proyectos de Osar, dijo a Factor 4 que “esa es la intención general de haber seleccionado dentro de las muchas actividades que hacemos dentro de Osar, el poder analizar el Programa Vida, que al final lo que nosotros vemos es una asignación presupuestaria de ese programa que no llega a cubrir nunca, ni siquiera un 15 o 20 por ciento, de la asignación del presupuesto asignado. Entonces, resulta que este programa tiene presupuesto asignado que regresa finalmente al fondo común, debido a que no incluyen a las niñas como beneficiarias y eso tiene muchos obstáculos. Al final ese es nuestro objetivo: poder utilizar esta plataforma de datos abiertos y para ello fuimos acompañadas por Hivos”.

«Lo que nosotros vemos es una asignación presupuestaria de ese programa que no llega a cubrir nunca, ni siquiera un 15 o 20 por ciento, de la asignación del presupuesto asignado. Entonces, resulta que este programa tiene presupuesto asignado que regresa finalmente al fondo común, debido a que no incluyen a las niñas como beneficiarias«

Para Osar la debilidad del Programa Vida del MIDES, es que es un proceso burocrático, porque pide en uno de los criterios de inclusión, que el caso de la niña esté judicializado, con lo cual se entiende que haya una denuncia por parte de la familia, que el Ministerio Público inicie una investigación, y sobre todo, que cuente con las medidas de protección y seguridad. “Si a eso se agrega que esas medidas de protección y seguridad no las da el MP, sino un juez competente, en este caso un juzgado de la niñez y a adolescencia y si este juzgado no da las medidas sino las solicita la PGN, y en este caso si la PGN no solicita las medidas de protección y seguridad, al indicar que no hay conflictos de interés, el cual es interpretado porque el agresor no está dentro de la casa. Entonces, es una ruta poco entendible, porque es una interpretación legal”.

Maldonado señala que es todo un desafío en las familias, en las comunidades, tener que decir que el agresor es el papá, el hermano, un tío, así como decidir presentar la denuncia y tener los recursos económicos para mantener la misma ante los tribunales. Este es uno de los principales hallazgos de Osar, por los cuales el programa se tarda tanto en incluir a las beneficiarias. “Por eso es que el portal de datos hoy nos presenta que no hay niñas de 10, ni de 13 años, a pesar de que el programa dice que deben ser en menores de 14 años. La evidencia nos muestra que, por el mismo proceso, que es tan largo porque puede durar de dos, tres o hasta 4 años para que ingresen al programa, y al final, ellas cumplen una edad que las deja fuera del parámetro que ofrece el programa”.

Ante la consulta a la coordinadora de proyectos de Osar, sobre el por qué este tipo de programas del Estado siempre tienen estas sombras que no permiten que su accionar sea realmente efectivo, señaló que en principio no tienen los protocolos atinados, pertinentes ni contextualizados. Ella cree que “el temor mismo los hace por un lado ser tan burocráticos y por el otro, tener desconfianza en el caso de este tipo de apoyo que se tiene que dar”, y eso hace que tengan una serie de criterios bastante minuciosos que lo que hacen es excluir, por no conocerse realmente cómo es que funciona.

 “Se mezcla un poco el trabajo que hace el Ejecutivo, con el trabajo que hace el Judicial y deberían ir de la mano o responder uno del otro, pero en la practica no lo es. Mientras que unos piensen que se cumpla la ley tal cual está escrita, otros interpretan de manera errónea cómo se debe actuar. Ese podría ser un punto de vista de partida, donde consideramos que no concuerda el programa con la respuesta que debe de dar. Hay una serie de inconvenientes desde que la niña no cuente con un DPI o con un documento legal que ellos quisieran y que luego los responsables fueran los mismos agresores, que en este caso pueden ser los papás. O sea que hay una serie de obstáculos administrativos que no permiten a las niñas ser beneficiadas del Programa Vida del Mides”, destaca Maldonado.

La experta de Osar afirma que en Guatemala uno de los grandes problemas que afectan a las niñas y adolescentes y que es un factor determinante en su vida, es el acceso a las escuelas. En el área rural si hay escuelas están muy lejanas, o no la tienen. “En tanto la niñez no logre llegar a la escuela, en cuanto la niñez esté alejada de ese derecho a la educación, ha de ser difícil que se puedan tener el conocimiento de ciertos derechos, tener el conocimiento básico de información y por ello se asume, se cree y se sigue aceptando y normalizando el embarazo en las niñas”.

Al ser consultada sobre las propuestas de Osar para ayudar y apoyar de mejor manera a las niñas víctimas de violencia sexual en el país, Maldonado propone que haya una coordinación traducida en una voluntad efectiva de atender a las niñas. “Lo que hay hoy por hoy, es que existe la ruta, que cada quien sabe lo que toca hacer, pero que no lo hace como debería de hacerse. Ponemos un ejemplo: una niña de 12 años, asiste al parto en el hospital de Cobán. Nace su bebé, se complica su cuadro clúnica, ella se queda en intensivo, el bebé debe salir del hospital, y para ello debe ser inscrito y Renap, que está en el mismo hospital de Cobán, no inscribe al bebé porque requiere la presencia de la madre. En este caso, hay que actuar para decir: Miren es una niña, tiene 12 años, está en intensivo, el bebé no puede salir sino es registrado, cuál es el protocolo que deberíamos de seguir, porque ese bebé no va a ser registrado mientras la mamá siga en el intensivo, considerando que es una niña. Aquí hay que pedir a la PGN que se apersone, pero la PGN dice ‘hoy no puedo, estoy en diligencias, podría ser mañana…’ O sea, ese tipo de cosas que se complican y al final la ruta está, pero las instituciones involucradas, no hacen lo que deberían de hacer”.

 “¿Qué es lo que proponemos en Osar?, que cada quién haga lo que le corresponde hacer de acuerdo a la ruta establecida; pero que lo haga con voluntad de encontrar la solución y no de sumar más problemas para las niñas. Y, por el otro lado, que Osar está una vez más enfatizando, es que el sistema de justicia condene a los responsables. Un agresor que no es condenado, es un mensaje claro para la comunidad, para la sociedad, que no pasa nada, que los padres pueden abusar de las niñas, los tíos, los pastores, los curas, o sea que pueden abusar porque no hay una sentencia, y luego cuando lo que vemos es una sentencia que sí puede ser condenatoria pero que de alguna manera no resarce el daño a las víctimas, de igual manera la gente se pregunta en las comunidades si valió la pena hacer la denuncia. Al final es todo un desafío”, afirma Victoria Maldonado, coordinadora de proyectos de Osar.

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