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BERTA CÁCERES: LEGADO DE LUCHA Y RESISTENCIA

14 Min de lectura

Por María López

Hace 65 meses, Berta Cáceres fue asesinada en su casa de La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. No fue la primera, y tampoco sería la última. Ella y sus compañeros enfrentaban desde mucho tiempo atrás diversos ataques, amenazas, intimidaciones y acoso. En la mañana del lunes 5 de julio del presente, la justicia alcanzó a uno de los autores de este crimen. Que, lamentablemente, no es un hecho aislado, sino todo lo contrario. En Honduras, así como en Guatemala, la criminalización de defensores de derechos humanos es una cruda realidad que devela los horrores de un sistema represor, capitalista, racista y patriarcal. Ahora más que nunca, nos incumbe entender por qué estos actos delictivos suceden, así como las complejas estructuras políticas y militares que lo permiten. El caso particular de Berta Isabel Cáceres Flores y la lucha que libra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) contra los intereses extractivistas de poderes económicos globales, es emblemático y ejemplar.

La lucha por la vida y el territorio

Nombrarla es necesario. Mujer indígena Lenca, feminista y defensora de la humanidad. Hija de Austra Bertha: mujer partera, enfermera y alcaldesa de su comunidad, que acogió a refugiados de El Salvador durante el conflicto armado de ese país. Desde joven, Berta se formó en los valores populares de su pueblo, y con el ejemplo de su madre forjó un carácter firme en sus ideales. En 1993 co-fundó el COPINH, como una organización pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia a nivel nacional. Las tareas del COPINH se basan en facilitar la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas Lencas y de Honduras.

Asimismo, es un espacio generador de debate y análisis constante de la coyuntura regional y nacional, que impulsa acciones y propuestas de manera permanente. Ejemplo de ello, es la iniciativa planteada al gobierno de Honduras, para que firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; logrando su ratificación en 1995. Sin embargo, no ha habido una efectiva aplicación del convenio, pues a la fecha, no se ha tomado en cuenta la participación de los pueblos originarios en la formulación, ejecución y evaluación de iniciativas de desarrollo, mucho menos en lo que respecta a consultas comunitarias.

Sus luchas más feroces han sido por la disputa del territorio, organizando plantones para evitar el ingreso de maquinaria en sus comunidades y cerrar el paso a intereses de empresas extractivas. Han promovido campañas masivas contra megaproyectos que violan los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Sobre todo, después del año 2009, cuando en plena crisis política, tras el golpe de Estado, se aprueba la Ley General de Aguas, que permitió la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. Simultáneamente, se convocó el proceso de Licitación ENEE No. 100-1293/2009 para 47 proyectos de generación eléctrica en todo el país. Debido a ello, en el mes de junio de 2010, se aprobaron a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de concesión para generación de energía hidroeléctrica en Honduras (CESPAD y Fondo ACI-ERP, 2014).

Representación de las comunidades de Río Blanco, La Cuchilla, el Achiotal, San Pedrito, Yase, La Esperanza, Candelarita, Rorruca, San Juan (Ceguaca), Piraera, Guise y otras en 2018 se reunieron para conmemorar los 18 meses de ‘la siembra de la hermana Berta’ / Fotografía COPINH

Berta Cáceres introdujo al COPINH una manera de ejercer resistencia, construyendo el poder en las comunidades desde la visión de los pueblos indígenas. Entre los ejes de lucha del COPINH destaca la defensa de la territorialidad relacionada a biodiversidad, a los derechos culturales, y soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, incluyen prácticas ancestrales, como ceremonias en ríos, ocupando pacíficamente los sitios donde están instaladas industrias madereras, mineras, represas, etc. Así es como han logrado varias victorias. En casi tres décadas, el COPINH ha expulsado a más de 30 industrias explotadoras y ha detenido alrededor de 15 megaproyectos hidroeléctricos, dirigidos por grandes transnacionales y empresas oligárquicas del país; entre ellos la represa hidroeléctrica de El Tigre. También lograron detener proyectos de explotación minera en Erandique, en Piraera, en San Francisco (Lempira), en otras zonas fronterizas y de Intibucá.

“Hemos aprendido también a luchar con alegría, con esperanza, con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con música, con ceremonias, con espiritualidad. Donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros Nahuales, nuestros espíritus. Eso es. Creo que eso es lo que nos alienta.”

Berta Cáceres

El proyecto de Agua Zarca y la defensa del Río Gualcarque

En el 2010, con la Ley de Aguas y los 25 decretos aprobados ese mismo año sobre generación de energía renovable, a partir de la operación de proyectos hidroeléctricos, se hace la concesión del Río Gualcarque. Su nacimiento se encuentra en un área montañosa de la reserva biológica Opalaca, en el noroccidente del departamento de Intibucá, fluye hacia el noreste por el departamento de Santa Bárbara, y desemboca en el Río Otoro. Este es sagrado para el pueblo Lenca, ya que es parte de sus medios de vida y subsistencia. La concesión fue dada a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la cual contrató a SINOHYDRO Corporation Ltd., con sede en China, para la construcción del plantel y de la infraestructura de la represa Agua Zarca (CESPAD, FLM/DSM, COPINH, 2016). La comunidad de Río Blanco, donde empezaba a asentarse el proyecto, fue la primera en acudir a su defensa.

En un principio, como suele suceder con proyectos mineros o hidroeléctricos, las empresas transnacionales irrumpen con promesas de ejecutar proyectos de desarrollo que no son acordes a las necesidades reales de las comunidades o peor aún, que no se cumplen. En el caso de las aldeas de Río Blanco, esto significaba la esperanza de obtener el derecho de electrificación, hasta entonces negado por el Estado. No obstante, a medida que la constructora avanzaba en la zona, los pobladores se dieron cuenta de la amenaza y del despojo territorial que representaba la hidroeléctrica a sus bienes e intereses colectivos. Se restringió el libre acceso a ciertas áreas del río, se destruyeron cultivos, cooptaron a las autoridades locales, falsificaron actas de cabildos abiertos, entre otras situaciones que llevaron a la comunidad a organizarse. El COPINH fue parte de ello, documentando y registrando las reuniones, los acuerdos, así como las disputas entre la población, los representantes de DESA y las autoridades municipales.

La lucha por la defensa territorial que desarrolló la comunidad de Río Blanco complicó el avance de DESA en su pretensión de construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Por lo que pusieron en marcha estrategias de criminalización de la protesta y militarización de la zona para detener a la comunidad. Berta Cáceres se enfrentó a cargos falsos de posesión ilegal de un arma de fuego, usurpación de tierras, y coacción, acusándola de poner en peligro la seguridad del Estado de Honduras. También fue acusada de provocar más de 3 millones de dólares americanos en daños y perjuicios a DESA. Aun con medidas de prisión preventiva, ella jamás desistió en la lucha del COPINH y la comunidad de Río Blanco. Menos cuando, líderes y lideresas fueron asediados, incluso asesinados, como ocurrió con Paula Gómez y Tomás García. Este último hecho tuvo un fuerte impacto a nivel mediático, provocando la salida de SINOHYDRO del proyecto. En su informe anual de 2016, Front Line Defenders denunció que el 45% de las muertes de defensores de derechos humanos en todo el mundo, estaban vinculadas a la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas.

En el 2015, Berta Cáceres recibió el premio Goldman, un galardón que es el máximo reconocimiento mundial para activistas que protegen el medio ambiente, conocido como el “Nobel Verde”. Lo que aumentó la visibilidad de la lucha del pueblo Lenca por el Río Gualcarque. El 20 de febrero de 2016, Berta encabezó protestas de Río Blanco en contra de la reinstalación de DESA en San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. Tan solo 12 días después, fue cobardemente asesinada en su casa de La Esperanza, Intibucá. Al momento de su asesinato, también fue herido el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien la acompañaba en ese lugar. Dos integrantes más del COPINH, Nelson García y Lesbia Janeth Urquía, fueron asesinados, en marzo y julio de 2016 respectivamente.

El arduo camino por la justicia

“Un país sin justicia no tiene la oportunidad de salir adelante”, expresó Bertha Zúñiga, hija de Cáceres, en un breve video sobre el caso. Y es que, en un país como Honduras, la realidad es desalentadora. A groso modo, Honduras es un Estado con altos índices de inestabilidad política y fragilidad institucional, lo cual se refleja en una tasa de homicidios por encima de la media mundial, alta desigualdad (un Coeficiente de Gini de 0.52 en 2018 según el Banco Mundial), mientras 60.9% de la población nacional se encuentra en condiciones de pobreza (PNUD, 2018). Según el Índice de Percepciones de Corrupción de 2018 (Transparency International, 2019), en una escala de 0 a 100 -donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio-, Honduras obtuvo un promedio de 29 puntos, ubicándose en el puesto 132 de 180 países a nivel mundial. En Honduras, como en otros países centroamericanos, existe una fuerte correlación entre la corrupción del sector público y el debilitamiento de las instituciones y normas democráticas; cediendo paso a la impunidad. La cual va más allá de la visión reduccionista de verla únicamente como el número de crímenes que son investigados, procesados y juzgados; también concierne el funcionamiento de los sistemas de seguridad, de justicia, y la protección de los derechos humanos.

Casi tres años tomó materializar el recurso interpuesto por el Ministerio Público para someter a juicio a las personas señaladas de cometer el asesinato contra Berta Cáceres. El día 29 de noviembre de 2018, siete personas fueron condenadas por el delito de asesinato en calidad de autores materiales. El Ministerio Público solicitó por el delito de asesinato una pena de privación de la libertad de por vida, y por asesinato en su grado de ejecución de tentativa, solicitó una pena de 25 años de reclusión. Al final, el Tribunal condenó a cuatro de los ocho acusados, a 34 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen. Entre ellas se encontraba, Douglas Bustillo, ex militar, jefe de seguridad de DESA y líder del grupo sicarial. Su papel fue determinante para continuar con la búsqueda de justicia. Pues dos años después, se somete a juicio a Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos, S. A., acusado de ser el autor intelectual del crimen.

El proceso contra Castillo inició el 6 de abril de este año, tras ser aplazado en once ocasiones debido a recursos interpuestos por su defensa. A finales de ese mismo mes, se presentaron los primeros peritajes del caso. La Dra. guatemalteca Gladys Tzul Tzul expuso el informe titulado “Análisis de la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de Derechos Humanos: El Caso de Berta Cáceres y la defensa del río Gualcarque.” Su tesis principal aborda el asesinato de Berta Cáceres como un femicidio territorial, es decir que fue asesinada por ser una mujer indígena, defensora de derechos humanos (DDHH), del territorio ancestral y de la vida. La condición de vulnerabilidad de las mujeres, hace posible su agresión, hostigamiento y eliminación, para hacer posible la instalación del proyecto hidroeléctrico a cualquier costo. La acusación privada defendió que el juicio debía tener una perspectiva de género y DDHH.

De igual manera, el Tribunal aceptó un “Análisis de las frecuencias de las telecomunicaciones de los integrantes de la estructura organizativa que planificó, coordinó y ejecutó los operativos para asesinar a Berta Cáceres”, realizado por el perito Andrés Arrieta. Pero uno de los más decisivos en el proceso judicial, fue el peritaje que dictaminó Harald Waxenecker, denominado “Análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial–institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores.” En este, se establece que Castillo contaba con recursos económicos y relaciones de poder importantes, así como círculos de seguridad y capacidad efectiva de ejercer violencia que lo sitúan como una pieza clave, al ser intermediario entre la estructura sicarial y los supuestos autores intelectuales del crimen. Asimismo, se muestra prueba de comunicación constante mediante el grupo de WhatsApp “Seguridad PHAZ”, en el cual participaron el David Castillo, Daniel Atala, Sergio Rodríguez (gerente del proyecto Agua Zarca condenado previamente), Jorge Ávila, así como otras cuatro personas del nivel directivo y ejecutivo. En el grupo se informó constantemente sobre las medidas de vigilancia en contra de Berta Cáceres.

Bertha Zuñiga, hija de Berta Cáceres tras el veredicto que declaró culpable a David Castillo. Fotografía COPINH

“No me temblará la voz ante el asesino.”

Fueron las palabras que escribió Bertha Zúñiga en su Twitter antes de presentar su testimonio en el juicio contra David Castillo. En su declaración descartó la tesis de la defensa del imputado, quienes aseguraban que Cáceres y Castillo eran amigos. Zúñiga reafirmó la sospecha de su madre, quien antes de ser asesinada le había advertido que, si algo le pasaba, sería responsabilidad de Castillo. Y que, al momento de su muerte, él jamás le mostró a su familia muestras de condolencia. Por su parte, la defensa del imputado rechazó todas las acusaciones, y expuso su propia pericia. El perito Shaun Vodde realizó extracciones telefónicas a los teléfonos de David Castillo, Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y de Berta Cáceres. Entre sus hallazgos encontró que dos celulares de David Castillo, un Iphone 7 y un IphoneX se encontraban borrados y bloqueados, por lo que no se logró obtener información de chats. La defensa intentó desvirtuar los medios de prueba, alegando un vínculo entre Berta Cáceres y el narcotráfico, buscando estigmatizarla y deslegitimarla. Sin embargo, sus intentos fueron fallidos, ya que la evidencia mostrada por Vodde coincidía con la de los otros peritos. Destacan los mensajes del grupo de WhatsApp “Seguridad PHAZ”, donde se envían fotografías de Cáceres, mencionan una misión abortada, un posible pago, y una reprogramación de la misión. Las extracciones de los teléfonos también confirmaron que David Castillo dio información para el ataque a la radio de Río Blanco, como parte del ataque integral contra Cáceres y el COPINH.

“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia.”

Berta Cáceres

El lunes 5 de julio 2021, el Tribunal leyó el fallo contra el acusado Roberto David Castillo Mejía. Fue declarado culpable por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores; el cual fue cometido en calidad de coautor, que tiene diferentes grados de participación, igual al autor o partícipe. Según el Artículo 25 del Código Penal hondureño vigente, se pena con 20 a 25 años de prisión. El Tribunal declaró sin lugar las inmunidades interpuestas por la defensa. Como consecuencia del fallo condenatorio, el imputado debe seguir cumpliendo las medidas cautelares de prisión preventiva, hasta el día 3 de agosto del 2021, para hacer lectura de la sentencia. Tomó cinco años y más de 60 evacuaciones de prueba, para encontrarlo culpable. La evidencia era contundente, y la presión nacional e internacional también. El clamor popular exigía justicia, que se respetara el Estado de Derecho, y que se pusiera fin a la impunidad del poder en la causa Berta Cáceres. Y es que, hacer justicia para Berta es hacer justicia para los pueblos, para las y los defensores de derechos humanos. Es sentar un precedente contra el sistema que perpetúa la impunidad.


Miembros del Copinh celebran la sentencia contra David Castillo, responsable del asesinato de Berta Cáceres, en Tegucigalpa, Honduras, el 5 de julio de 2021

¡Berta no murió, se multiplicó!

Frente a la Corte Suprema de Justicia, las hijas de Berta Cáceres, su equipo legal, y representantes de varias organizaciones celebraron la victoria con júbilo de rebeldía. No es para menos, la causa de Berta Cáceres nos recuerda que, así como en Honduras y en otras partes del mundo, existe una lucha constante por hacer cumplir las demandas de los pueblos. Una lucha contra poderes reales, que no es fácil, que es dolorosa y que debe pelearse con esperanza, alegría y dignidad. La comunidad de Río Blanco y el COPINH lograron advertir que una agresión contra el Río, era un acto contra la comunidad, contra su libre voluntad y su autonomía. El Río, como un lugar de importancia espiritual para el pueblo lenca, es fuente de agua, alimento, medicina e identidad. Eso es lo que defendía Berta Cáceres. Y su legado vive, permanece, ha trascendido el tiempo y el espacio. Ha empoderado a comunidades enteras a luchar por sus tierras y medios de vida, a luchar contra la explotación colonial y capitalista. Con sus ideas y acciones, demostraba la interseccionalidad de las luchas contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado; la necesidad de construir alianzas entre las distintas agendas de lucha y movimientos populares, del papel de las mujeres en esas luchas y de los retos diferenciados que enfrentamos por ser mujeres.

Berta vive. Vive en su legado: sus hijas, su hijo, su madre, el COPINH, los defensores de derechos humanos en todo el mundo. El COPINH, ahora coordinado por su hija Bertha Zúñiga, seguirán trabajando junto a las comunidades por recuperar sus titulaciones comunitarias, lograr la expulsión de proyectos de privatización de los bienes comunes de la naturaleza, por la creación de municipios indígenas, por procesos de formación, búsqueda y construcción de autonomía, por la garantía de los derechos indígenas y de las mujeres. Seguirán promoviendo ese proceso liberador que hace frente a la maquinaria del estado, a sus engranajes cargados de discriminación, desprecio, racismo y patriarcado. Permanecerán firmes contra toda forma de dominación, violencia o control territorial, ya sea impuesta a través de la tala excesiva, la minería o las hidroeléctricas. Berta no murió, se multiplicó en todas las personas y movimientos que se fortalecerán con su legado y seguirán construyendo un mundo nuevo.

Las organizaciones presentes el día del fallo hacen constantemente un llamado a la no repetición de estos hechos. Que jamás el desarrollo tenga que emprenderse a costa de la vida de las personas, que jamás los intereses imperialistas de estados poderosos se pongan sobre el bien común de los pueblos. Porque las amenazas y riesgos a la seguridad personal de activistas defensores de la tierra y el territorio en Honduras -y Centroamérica- siguen siendo parte de la realidad cotidiana. Este fallo histórico, como enfatizó el abogado de la causa, Víctor Fernández, nos recuerda que “no es un mérito del sistema de administración de justicia, no hay por qué agradecerle, el fallo de culpabilidad contra Roberto David Castillo es una construcción que viene desde aquí, cuando empezó esa disputa en contra de esa concesión en el pueblo Lenca… nos enseñaron la práctica de resistir, defender el territorio, defenderlo en el resto de las instituciones del estado.” Los peritajes realizados señalan una relación entre poderosos intereses políticos, corporativos y militares de alto nivel, que van mucho más allá de las personas arrestadas. Aún quedan muchas preguntas acerca de quién ordenó y pagó por el asesinato de Berta Cáceres. Su familia y equipo legal señalan a la Familia Atala Zablah como los autores intelectuales, al ser dueños de la empresa DESA. Esta es una batalla de tres frentes. La lucha por la justicia continúa. Así como la lucha contra las políticas colonialistas, capitalistas, racistas y patriarcales depredadoras de recursos y derechos. La protección de los bosques y el agua son el estandarte.


REFERENCIAS

COPINH. (Sin fecha). Quiénes somos. Disponible en su página web https://copinh.org/quienes-somos/

CESPAD, FLM-DSM & COPINH. (2016). Río Blanco: la reconstrucción histórica de la lucha por la defensa del Río Gualcarque. Disponible en http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/02/Rio-Blanco-Final.pdf

CESPAD & Fondo ACI-ERP. (2014). Represas hidroeléctricas y exclusión: el conflicto social en los valles del norte de Santa Bárbara. Disponible en http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/06/Informe-de-represas.pdf

Frontline Defender. (2016). Asesinato de la defensora de derechos indígenas Berta Cáceres. Disponible en https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/indigenous-rights-defender-berta-caceres-murdered

PNUD. (2018). Índices e indicadores de Desarrollo Humano. Actualización estadística de 2018. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf

Transparency International. (2019). Corruption Perceptions Index 2018. Disponible en https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_Summary_EN.pdf

Ulloa, S. & López, B. (8 de diciembre de 2019). A 30 años de la ratificación del Convenio 169 de la OIT: Entre el incumplimiento del Convenio y una reglamentación que resguarda los intereses extractivistas en Honduras. Disponible en https://cespad.org.hn/2019/12/08/coyuntura-desde-los-territorios-a-30-anos-de-la-ratificacion-del-convenio-169-de-la-oit-entre-el-incumplimiento-del-convenio-y-una-reglamentacion-que-resguarda-los-intereses-extractivistas-en-hondu/

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