Por Haroldo Sánchez
–¿Vos has hablado alguna vez con la señora Consuelo Porras? –la pregunta surgió luego de comentar las denuncias que hacen los periodistas sobre los funcionarios públicos.
–Nunca le he hablado en persona, ¿por qué? –respondí.
–Porque entonces, no tenés derecho a escribir sobre ella –fue la respuesta inmediata.
–Pues resulta que tampoco he hablado con Giammattei, ni como candidato, menos como Presidente; ni con los ministros ni los diputados, tampoco con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y los del Tribunal Supremo Electoral. Eso no me impide escribir sobre su accionar como funcionarios públicos. Los periodistas no escribimos de la persona, sino de su trabajo público, porque ellos devengan un sueldo pagado con los impuestos de los guatemaltecos y deben responder por sus actos.
–Bueno, si lo planteas así, retiro lo dicho –afirmó, quien inquiría sobre el proceder periodístico.
El trabajo de un comunicador no es meterse con la vida privada del funcionario, menos su vida íntima, siempre y cuando ellos no provoquen el escrutinio hacia esa parte de su existencia, involucrando a su familia, a sus parejas y sus amigos en los negocios turbios que luego se hacen públicos. Lo que hay que aclarar es que todos los trabajadores del Estado están sujetos al escrutinio de su trabajo público, y cuando hacen mal uso del presupuesto que manejan o toman decisiones que son perjudiciales para el resto de la sociedad, hay que denunciarlos y no callar.
En el caso de la Fiscal General del MP, Consuelo Porras, el último caso que la involucra merece ser tocado por la prensa y los periodistas independientes. Es la responsable directa de todo lo que se hace en esa institución, y debe responder, incluso, por las decisiones de sus subalternos. Como la cabeza del MP, debe saber que toda decisión que se haga en nombramientos, ella es la gran responsable, y que de nada vale echar la culpa a otros, porque nadie le va a creer.
Desde que se fue CICIG, la lucha en contra de la corrupción recayó en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), más aún, en el fiscal Juan Francisco Sandoval. El trabajo de la FECI ha permitido mantener al MP como el único eslabón capaz de enfrentar las estructuras creadas para saquear al Estado. Tan solo en los últimos meses ha dado dos golpes claros: el primero con la captura de más de 122 millones de quetzales en una casa de la Antigua Guatemala, por la que está prófugo José Luis Benito, ex ministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, y la otra, la investigación realizada en contra del ex ministro de Energía y Minas, Erick Archila, del gabinete de Otto Pérez Molina.
Para una sociedad ávida de ver cómo se acaba con la corrupción, el fiscal Sandoval representa lo único creíble del MP (con respeto hacia otros fiscales que hacen bien su trabajo, pero que son menos mediáticos por los casos que llevan). Atacar a este fiscal, es atacar a los buenos fiscales, además a los ciudadanos honrados. Y hacerlo a través de funcionarios menores, aceptando una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo, ha colmado la paciencia de la población, que ahora exige y pide la renuncia de la señora Porras.
Destaca en este caso, el nombramiento de una Fiscal Especial, Karin Orellana, para “investigar” al fiscal Sandoval. Ella fue asesora de Benito, en el ministerio de Comunicaciones, y ante la presión que se dio luego de conocerse de dónde había trabajado, obligó a la Fiscal General a dar marcha atrás en su nombramiento. Y para colmo, días después, se hace publico que Orellana es la pareja de Erasmo Martínez Díaz, requerido en extradición por trasiego de drogas hacia Estados Unidos y quien, al momento de su captura, se encontraba precisamente, acompañado de la persona que la jefatura del MP había puesto para investigar al fiscal de la FECI.
El pasado 4 de septiembre, Porras declaró “procedente la solicitud de nombramiento de Fiscal Especial para que conozca y promueva la investigación de las denuncias y querellas presentadas por la Fundación contra el Terrorismo”. Este nombramiento, es única y exclusivamente, responsabilidad de la jefa del MP y de nadie más. Ella designó a la persona para que investigara a Sandoval y por ello, en lugar de responder de las implicaciones, se limitó a justificar el nombramiento de la Fiscal Especial Orellana, ante los medios de comunicación.
Cuando se le preguntó sobre ese nombramiento, en la conferencia de prensa de este lunes, la señora Porras, con prepotencia, malestar y enojo, respondió que no era su responsabilidad sino de quien la había contratado. “Se hizo una evaluación psicométrica y cumplió con todos los requisitos formales que el puesto requiere, evaluación de confiabilidad el resultado fue favorable con un 88%”, y “yo no puedo adivinar qué persona está involucrada”, se justificó ante las preguntas de los periodistas.
No hubo autocrítica, tampoco responsabilidad en la equivocación de ese nombramiento, menos aceptar de que cualquier persona se puede “infiltrar” en el MP y responder a intereses de las mafias y del narcotráfico. Tampoco dijo que se iba a investigar a quien recomendó a Orellana, y la avaló. Ni siquiera se sabe quién le dijo a la Fiscal General, que era la persona indicada. Con ese nombramiento, se puso en peligro no solo el trabajo de la FECI, sino la vida del fiscal Sandoval. ¿Cuánta información no pudo soltar en la intimidad esta señora, al narco capturado? ¿A cuántos documentos tuvo acceso Orellana, mientras tenía la confianza de las más altas autoridades del MP? De eso nada dijo, doña Consuelo…
En la vida el resultado que tienen algunas situaciones, son pura percepción. Y en relación al trabajo de Porras al frente del MP, lo que se percibe es que ella no ha hecho nada por continuar la lucha en contra de la corrupción y acabar con la impunidad. Que, al ponerla Jimmy Morales en el cargo, pactó para no seguir con el trabajo de investigación de su antecesora, Thelma Aldana. Desde el 14 de enero de este año, no hay un solo funcionario del actual gobierno que haya sido investigado, a pesar de todas las denuncias que se hacen en torno a ¿dónde está el dinero? aprobado por la pandemia del coronavirus.
Cuando se indaga en el MP, las respuestas son que existe una orden de que nadie del gobierno de Giammattei sea investigado, es más, ni siquiera la FECI tiene autorización. Esto se hace real cuando, efectivamente, no hay ninguna investigación en marcha de las denuncias en los ministerios que han sido señalados: Salud, Comunicaciones, Desarrollo Social. Al preguntar las razones, por allí se escapa que todo se debe al gran interés de Consuelo Porras, que Giammattei la confirme en el cargo el próximo año.
Y para escribir lo que ocurre en el MP, ningún periodista necesita sentarse a platicar con doña Consuelo, antes de hablar de su trabajo como Fiscal General, al frente del MP y lo que hasta hoy se ha visto, demuestra que allí, como ocurre en otras instancias del Estado, hay más retrocesos que avances. Al MP solo lo salva el trabajo del fiscal Juan Francisco Sandoval, al frente de la FECI.