Guatemala el país de la muerte

Por Haroldo Sánchez

El asesinato de niñas y adolescentes, de mujeres de todas las edades, es ya una forma de práctica criminal que, cada año, aumenta en Guatemala, mientras el Estado se muestra incapaz de frenar y castigar estos hechos. La última manifestación de mujeres este pasado sábado, con la presencia de decenas de niñas, dejó una imagen para la reflexión: enfrente de niñas, jóvenes y adultas con sus bicicletas, se colocó un sólido muro de policías civiles nacionales, como protección del Palacio Nacional. Así, este gobierno protege más un edificio, que la vida de un ser humano.

Con el ministro de Gobernación que tenemos, existe cero empatía hacia las y los guatemaltecos que exigen respuestas a un gobierno silencioso, incapaz, mediocre y corrupto, donde sus ministros y sus allegados se forran y se convierten en los millonarios emergentes que con cada administración terminan codeándose con las élites económicas que los ven con recelo, pero que terminan aceptándolos.

El Ejecutivo no ha dado respuesta a ninguna de las demandas de la población, y solo resaltan las denuncias de corrupción de un Gabinete que, hasta el momento, demuestra muy poco en relación a los enormes retos que tienen delante. Ahora no está el opaco Centro de Gobierno, pero sigue notándose la ausencia y la autoridad de un vicepresidente, que pasará sin pena ni gloria en la historia nacional por aceptar ser tan solo una pieza de adorno en el entramado oficial.

Si es en el Congreso, la mayoría de diputados está allí para permitir que se hagan negocios donde solo ganan los mafiosos de siempre y cuyas decisiones le favorezcan a sus bolsillos y a sus financistas, aunque sea perjudicial para la ciudadanía. Este organismo ha creado toda una plataforma de congresistas que aprendieron a manejar esta institución para su provecho y de quienes representan, que no son precisamente, las personas que votaron por ellos.

Con una Corte Suprema de Justicia que baila al son que le toquen, sin respetar los principios básicos de su función. Con magistrados sin escrúpulos, ni respeto por la misma ley que deben defender y prestigiar, han dado muestras de su total entrega a quienes ostentan el poder político y quienes se han convertido en sus principales socios para burlarse de la misma Constitución.

Entonces, si los tres poderes del Estado se encuentran bajo la sospecha que su trabajo está vinculado a las mafias, a la poca responsabilidad con la sociedad guatemalteca, ¿qué se puede esperar de los delincuentes a todo nivel, que ven que sus actos no tienen castigo? Esa indefensión para las víctimas mortales entre las niñas, las adolescentes y las mujeres en general, tiene responsables en un Estado a todas luces fallido en la defensa de sus habitantes.

A los organismos del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, se suma un inoperante y muchas veces silencioso Ministerio Público (salvo la FECI) que, con una Fiscal General acomodada, opaca y sin ninguna credibilidad, tampoco ayuda a mejorar la confianza de la población en esta institución, que debería ser la principal en combatir contra quienes han hecho de este país su finca privada para asesinar, robar, secuestrar y medrar sin miedo alguno.

Después está la Corte de Constitucionalidad, donde con sus distinguidas excepciones, ha sido  cooptada por un grupito de magistrados más comprometidos con las mafias que con el pueblo de Guatemala. Es otra de las instituciones que están en la mira de los corruptos políticos, que han decidido darle la espalda a este país y se han entregado a los negocios turbios del crimen organizado y del narcotráfico.

Todo el Estado de Guatemala está coludido con el crimen organizado que lo tiene maniatado al usar los mismos instrumentos del gobierno, para erosionar, minar y apoderarse de las instituciones que se encuentran a su servicio, porque conocen las debilidades de los políticos los que se entregaron a esos poderes paralelos que los tienen prisioneros, sucumbiendo a los placeres del dinero y del poder efímero que hoy detentan.

Este es el doloroso panorama donde transita este país y sus habitantes. Aquí ya hay gente que no le tiene miedo a nada, porque ve que, desde lo más alto de la pirámide política, no parece que importe el derrumbe de la sociedad. No hay principios ni valores, menos entrega y responsabilidad de quienes gobiernan. No existe una línea de trabajo para sacar a Guatemala del profundo pozo donde los políticos la han hundido.

Pregunta: ¿Qué cambió para los guatemaltecos desde el 14 de enero de 2020, cuando asumió el gobierno de Giammattei? La respuesta la tienen las personas en cualquier lugar donde se encuentren. Es de esperar que cada uno haga su propio análisis y exprese si su vida cambió o no. Si este gobierno colocó en los despachos ministeriales a los más capaces e idóneos. Si en el Congreso los diputados trabajan para olvidar a la anterior legislatura. Si en el Organismo Judicial, los magistrados y jueces decidieron tener como principal objetivo la aplicación justa y cumplida de la ley.

LA REALIDAD. Desde finales del año pasado, el número de niñas y adolescentes, unas asesinadas y otras desaparecidas, es una noticia que se convirtió en una constante. La inseguridad es una cruz sobre la ciudadanía, que ve con desaliento que en el ministerio de Gobernación han pasado ya tres ministros y el último ordenó sin despeinarse que la policía atacara a hombres, mujeres y personas de la tercera edad, que participaron en una manifestación pacífica.

Esta “película de terror” que es Guatemala, es el marco perfecto para que las mujeres de todas las edades se conviertan en víctimas fáciles en todos los rincones del país. Las muertes, extorsiones, secuestros, desapariciones, violaciones, abusos y acoso a que son sometidas las mujeres, no encuentran un freno ante la desidia de las autoridades que, cuando hay denuncias, tan solo revictimizan a quien ha sido objeto de un ataque en la calle, la oficina, la universidad, la casa.

Cuando una nación es gobernada por hombres sin respeto por la vida, la dignidad, la honradez, el compromiso, el resultado es lo que se vive en Guatemala. ¿Qué se puede esperar cuando incluso un jefe de la policía dice “desconocer” el acoso que sufren sus propias compañeras? Eso a pesar de las constantes denuncias que se hacen en este gremio. O se hace que lo ignora, o es tan solo que lo permite. Quizás ni le importe en su posición de “macho”.

Estos cuadros de costumbres de la Guatemala de hoy, es la que desmoraliza a una población harta de políticos mentirosos y más comprometidos con la corrupción, que con el afán de crear las condiciones para que se solucionen los más urgentes problemas que aquejan a la sociedad, porque aquí no hay el más mínimo respeto por las niñas, las jóvenes ni las mujeres. No hay políticas públicas donde se pueda empezar el andamiaje de soluciones para este sector de la población, que queda sin la esperanza de ver que las cosas cambien en este gobierno.

Cualquiera podría decir que lo ocurrido con Sharon Yasmín, de 8 años, en Melchor de Mencos, Petén, no es responsabilidad del Gobierno. Directamente, no. Pero institucionalmente, sí. Al ser un país con ministerios fallidos, este tipo de situaciones se hacen presentes para recordar que aquí, la vida no vale nada. La familia masacrada en el caserío El Pinar, aldea Liquidambar, Concepción Las Minas, Chiquimula, es otro de los hechos terribles en contra de la niñez. Allí murieron los padres y sus tres hijos: Alejandra de 11 años, Yulissa de 9 años y Juan de 4 años.

La saña con que fueron asesinados, es otro ejemplo de lo enfermo que está un sector de la población: unos por cometer los hechos, y muchos más, por quedarse callados ante tanta barbarie. Estos días el mandatario habló de la pena de muerte, en lugar de hablar de mejorar la vida de la población, sobre todo, aquella que vive en condiciones de pobreza y miseria extrema. No dijo de darle al pueblo salud, educación, vivienda, agua potable, trabajo y seguridad. Tampoco que el dinero del presupuesto del Estado, será utilizado de manera honrada y que no se permitirá más ladrones en los ministerios, menos en el hemiciclo, y que la aplicación de la justicia será transparente. De eso, no habla.

Mientras el gobierno y sus instituciones estén manejadas por personas no aptas, nada cambiará. Ya esta administración agotó su primer año de gestión y las cosas no parecen mejorar. Al contrario, el desencanto es grande al haber prometido cambios profundos que quedaron en eso: en promesas que se perdieron con el paso de los días. Para el ciudadano que no posee guardaespaldas, para el que no tiene como pagar un sanatorio, ni un colegio o universidad privada, que no tiene trabajo, que apenas le alcanza para comprar comida, la situación que vive es dramática y dejó de creer que su vida cambiará con el actual gobierno.

El mandatario no parece entender que negociar con las bancadas de diputados en el Congreso, solo sirvió para entregar su administración a hombres y mujeres corruptos que, desde el chantaje político, lo obligan a que su gobierno sea igual o peor, del que se vio con Jimmy Morales. El aceptar el juego de magistrados de la CSJ y de jueces venales, marcará su gestión a fuego. Aceptar, permitir y promover que a la CC lleguen personas dispuestas a pasar por encima de la Constitución, también será una huella difícil de borrar.

Dicen que el segundo año de un presidente es el más importante. Ya pagó en el primer año de su gobierno, los compromisos con familiares, amigos y financistas. El segundo año debe ser para consolidar con energía su propuesta y dejar de lado esos oscuros compromisos. El tiempo se le acaba, porque el tercer año deberá ser el de consolidar por lo menos, una o dos de sus tantas promesas, y el cuarto año se perdió porque se inicia la lucha por la sucesión presidencial.

Los presidentes guatemaltecos no entienden que para cambiar este país deben luchar cada día rodeados de los mejores cuadros, de profesionales calificados, de hacer propuestas realizables, de honestidad en el trabajo de la cosa pública y abandonar a los que ellos mismos saben que solo llegan para robar sin importarles absolutamente nada. Son los que buscan recuperar la inversión que hicieron al apoyarlo. Que deben tener un compromiso con la gente, no con los caciques políticos ni sus peones. Tampoco con los empresarios corruptos que se aprovechan de sus debilidades para sacar más tajada de sus administraciones. Deberían luchar contra quienes pisotean la justicia y la ponen al servicio de las mafias, el crimen organizado y el narcotráfico.

Si un presidente no es un verdadero estadista, se convierte en responsable de que Guatemala se encuentre entre las naciones más corruptas del continente, donde no se respeta la vida de las mujeres, donde el sistema de salud esté entre los peores de América Latina, la seguridad falla a nivel individual y colectivo, sin escuelas públicas suficientes, que la extrema pobreza gane cada día más familias, que mueran migrantes a manos de grupos violentos en México y llenen de luto hogares humildes de familias agobiadas y sin salidas económicas. Giammattei debe saber que pasará a la historia como uno más, cuando él mismo proclamó a gritos, que sería diferente.