Por Haroldo Sánchez
Guatemala va camino a un precipicio sin fondo. La presencia del narcotráfico, ya nadie la niega. Es un cáncer que carcome de manera eficaz, todas las esferas de la sociedad y golpea en lo político, lo social y lo económico. Cada día aumentan las pruebas de esa terrible presencia en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. El narcotráfico y la corrupción, van de la mano y hacen un camino paralelo que tiene en vilo a la comunidad internacional, y sobre todo a Washington.
La cooptación del Estado por grupos de políticos más cercanos a la corrupción, la impunidad y el narco, hacen que la justicia sea más un aliado de ellos que de la sociedad guatemalteca. La presencia de los dineros del narco en los distintos gobiernos, es un hecho probado. En cada campaña electoral, ese dinero sucio se convierte en limpio, al permitir a los carteles el lavado de dinero. La clase política decidió, desde hace décadas, que no importa con quién haga alianzas si el fin último es alcanzar cuotas de poder dentro del Gobierno.
Lo peor es que uno de los sectores que más podría influir en esos políticos es la clase empresarial, las grandes empresas, las grandes familias que a través de las cámaras (CACIF principalmente), dan la sensación que, a nivel gremial, hacen oídos sordos y se tapan los ojos ante esa realidad que tarde o temprano, terminará por arrollarlos porque un narcoestado jamás aceptará tardíos reclamos al tener totalmente controlado el Estado.
La preocupación de Washington es latente. Todas las oficinas que tienen que ver con América Latina, están con sus ojos puestos en este pequeño pero importante país de tránsito de la droga a su territorio. Saben que el narcotráfico está presente en alcaldías e incluso, señalan a altos militares de su involucramiento, así como elementos de la Policía Nacional Civil. Las advertencias de estos organismos, preocupados por lo que aquí ocurre, han llegado a Casa Presidencial, sin que, al parecer, se tomen medidas para frenar lo que la Casa Blanca señala.
Ante la captura de los capos y posterior extradición, la DEA y el FBI conocen los nombres de muchos personajes políticos denunciados por quienes buscan una reducción de pena en las cárceles estadounidenses. Dicen que es cuestión de tiempo que caigan los señalados, como ocurre en Honduras, donde el nombre del presidente Juan Orlando Hernández, es mencionado de haber recibido dinero del narcotráfico.
Al ver el empoderamiento que tienen los políticos para cooptar las instituciones, sin importar los reclamos de los guatemaltecos, las preguntas son: ¿Qué se puede hacer para cambiar el rumbo que lleva el país? ¿Quiénes tienen el poder de la presión real para obligar al gobierno y sus instituciones a detener el deterioro político que se vive actualmente? Una respuesta rápida podría ser la presión de la administración Biden. La otra, el sector privado. Todo, unido a la sociedad civil y el reclamo en las calles.
La primera es que Washington decida ir más allá de advertencias y empiece a tomar medidas en contra de la corrupción, la impunidad y el narcotráfico. Pasar de las advertencias directas, claras y oportunas a las medidas de hecho (algo así como hicieron en el 54), no de invasión militar, pero sí de sanciones que aíslen al país y lo castiguen en donde más le duele: en la economía y la deshonra pública nacional e internacional.
La segunda es el sector privado guatemalteco. Si un sector es realmente poderoso es el de los empresarios. Un grupo que vivió las dos caras de la lucha anticorrupción. Primero, fueron los grandes aliados de CICIG contra el gobierno de Otto Pérez Molina. Pero después, se dieron vuelta y terminaron por unir esfuerzos contra la Comisión de Naciones Unidas apoyando, alentando y promoviendo su expulsión por otro de los gobiernos señalados de corrupción, como lo fue el de Jimmy Morales.
Después está la sociedad civil, los distintos grupos organizados y los pueblos indígenas que pueden tomar las calles como escenario del rechazo que les genera ver cómo el Estado se convierte en un aliado de la impunidad, la corrupción y el narcotráfico. De cómo la cooptación de la justicia termina por favorecer a las mafias enquistadas en los tribunales, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el hemiciclo. El rechazo popular, es otra línea de presión.
Pero ante este escenario, si Estados Unidos endurece su política hacia Guatemala, el grupo más perjudicado será el sector privado. La mayoría de empresas del país hace negocios en el mercado estadounidense y saben que, si cierran esa puerta, más otras medidas que pueda implementar Washington, las consecuencias serían terribles para sus negocios, sus empresas y sus bienes colocados en los bancos de esa nación del Norte.
¿Entonces? Llegó el momento de que el sector privado tome medidas urgentes y se alinee al lado de los guatemaltecos honrados que exigen más transparencia en la vida política, económica y social del país. No se puede seguir callando y con el silencio avalar lo que están haciendo los políticos en los tres poderes del Estado. Los empresarios deben darse cuenta que una nación de rodillas ante el narcotráfico y la corrupción, termina afectando a todos por igual.
Dejar de lado ese discurso de “comunistas” e “izquierdistas” que durante décadas han manejado para rechazar a quienes piensan diferente. Que Guatemala es una sola y que no se puede seguir dividiendo a la ciudadanía, porque al final, se quiera o no, los efectos de estar dominados por políticos corruptos y carteles de la droga, les terminará pasando factura tarde o temprano.
Aquí hay que pausar ese argumento de las luchas ideológicas y buscar más el bien común. Nadie niega que los empresarios generan empleo y que su aporte es importante en el desarrollo del país. De igual forma, no pueden seguir apoyando un gobierno donde les interesa más llegar a ser sus próximos socios, que buscar el bien de Guatemala. No darse cuenta a tiempo de este peligro, los llevará, junto al resto de la población, a revivir los peores años de Colombia y lo que hoy pasa en México.
El narco y la corrupción no tienen ideología política, pero sí intereses económicos al generar sumas millonarias que terminan en los bolsillos de políticos, militares, policías y empresarios emergentes que luego se codean con las riquezas tradicionales. Los narcos usan la política como herramienta para incrustarse en las instituciones donde ponen a su servicio a presidentes, ministros, secretarios, diputados, alcaldes, jueces y militares.
Tal como ocurrió en Colombia, los narcos coquetean con la política, compran voluntades y de pronto, aparecen en las papeletas electorales para ser elegidos para ocupar importantes cargos en el Estado, se vuelven diputados, alcaldes y desde allí amplían su círculo de influencia. Esto ya no es una utopía, esto ocurre hoy en día en Guatemala, como se da en Honduras un país con intereses comunes y que son los grandes generadores de caravanas migrantes hacia Estados Unidos.
Al plantear este panorama la pelota rebota en el patio de los empresarios. Les agrade o no, tienen una gran responsabilidad frente a Washington, donde la administración Biden desea verlos como un aliado más en la lucha anticorrupción y un sector que puede hacer causa común contra la mafia política. Para eso será necesario que este sector deje de hacerle el juego a los políticos corruptos, presione para que la justicia no esté en manos de las mafias y que se una ante los grandes enemigos que son el narcotráfico y la corrupción.
Para lograr este cambio, los empresarios deben dejar de lado a quienes hablan a su oído y les meten el miedo en el cuerpo con la mentira de que la corrupción y el narco es solo una estrategia de los comunistas que los quieren destruir, que Biden es socialista, que la prensa está al servicio de la izquierda (a Cuba ya no la mencionan), que solo el apoyo a Giammattei podrá defender a sus empresas y que gente como Felipe Alejos, son sus mejores aliados. Sino apartan a esas sanguijuelas captadoras de su dinero, no del cielo, sino de Washington, les llegará el castigo divino.