POR ALEX PAPADOVASSILAKIS. Insight Crime
El 5 de julio de 2019, uno de los casos de corrupción más infames de Guatemala cayó en el espinoso terreno de la corte de apelaciones del país.
El caso había comenzado cuatro años antes, cuando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contrató a una empresa farmacéutica llamada Droguería Pisa de Guatemala (DPG) para proporcionar un delicado tratamiento a pacientes renales de alto riesgo, a pesar de que una corte menor había declarado que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para hacerlo, y después de que supuestamente la misma empresa había pagado un soborno millonario para obtener el contrato.
El escándalo que se desató (al menos 150 pacientes al parecer enfermaron y más de 50 murieron entre el momento en que Pisa comenzó a tratarlos, a principios de 2015, y mediados de 2018) llevaría al histórico arresto y a la condena de varios miembros de las élites políticas y económicas, entre ellos el expresidente del IGSS, líderes empresariales y bancarios, y el hijo de una poderosa magistrada de la Corte Suprema, la cual también había enfrentado cargos en un caso diferente por tratar de alterar la investigación.
*Esta investigación examina un polémico acuerdo entre una importante empresa farmacéutica y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Tras dicho acuerdo, docenas de pacientes renales murieron y muchos más adquirieron infecciones. El caso finalmente llegó a las altas cortes del país, donde los implicados en el caso habían comprado lo que algunos describieron como una póliza de seguro que los blindaría para que nunca fueran enjuiciados.
Decididos a revocar el fallo, los culpables recurrieron a las cortes de apelación. Aquel era un terreno seguro: las cortes de apelación habían sido utilizadas por mucho tiempo por influyentes operadores políticos y por criminales que buscaban alinear a las cortes con sus aliados, transformándolas en una pared de impunidad dirigida por jueces que tenían la capacidad de descartar incluso los casos más sólidos mediante débiles justificaciones.
Y cuando el acusado ingresó ese 5 de julio al lóbrego tribunal del imponente edificio de concreto de la corte en el centro de Ciudad de Guatemala, tenía razones para estar optimista: de los tres jueces que decidirían su destino, al menos uno había sido elegido a dedo por operadores vinculados al expresidente de la junta directiva del IGSS, y otro tenía estrechos vínculos con varios aliados importantes.
De hecho, de alguna manera, los resultados habían sido manipulados antes de que el caso comenzara.
La manipulación de las altas cortes de Guatemala
A finales de septiembre de 2014, apenas dos meses antes de que a Pisa se le adjudicara el contrato con el IGSS, una docena de magistrados que eran candidatos a las elecciones en las altas cortes de Guatemala asistieron a un brunch en un lujoso hotel con extensas vistas a Ciudad de Guatemala. La reunión fue una especie de audición, un momento para dar la mano a los furtivos padrinos que les habían ayudado a llegar tan lejos en el proceso.
Uno de los que supuestamente invitó a los magistrados al brunch fue Juan de Dios Rodríguez, un hombre delgado y musculoso, de pómulos altos, mandíbula definida, mirada penetrante y cabello gris cuidadosamente peinado. Era además el presidente de la junta ejecutiva del IGSS.
Rodríguez había alcanzado prominencia política mediante el influyente ejército de Guatemala. Después de una brillante carrera en este campo, a principios de la década de los noventa se vinculó a una importante división de los servicios de inteligencia del ejército, conocida como D-2. Dirigido por un oficial ambicioso e inteligente llamado Otto Pérez Molina, el D-2 era un lugar donde se forjaban carreras tanto en el ejército como en la vida civil desde esa época. Con el tiempo, Rodríguez supuestamente se ganó la confianza del director del D-2, lo que más tarde le ayudaría a avanzar hacia los altos niveles del poder.
Pérez Molina entró en la política en 1996, al finalizar la guerra civil de Guatemala. Rodríguez continuó trabajando para los servicios de inteligencia estatal y más tarde incursionó en los negocios; a principios de la década de 2010, su empresa de construcción ganó casi US$400.000 mediante contratos estatales. Los dos hombres nunca se distanciaron, y Rodríguez continuó mostrando lealtad a su antiguo jefe. En 2008, por ejemplo, cuando Pérez Molina fue objeto de escrutinio por presuntamente malversar fondos del gobierno cuando era congresista, Rodríguez supuestamente lo encubrió. Según una investigación de elPeriódico, Rodríguez le compró un terreno a su exjefe, lo que constituyó una coartada útil para una supuesta transacción mediante la cual Pérez Molina devolvió casi US$90.000 a las autoridades guatemaltecas.
Cuatro años más tarde, cuando Pérez Molina se convirtió en presidente del país, eligió a Rodríguez como su secretario privado. Luego, en abril de 2013, lo nombró presidente de la junta ejecutiva del IGSS y lo puso a cargo de miles de lucrativos contratos estatales, lo que terminó por convertirlo en una de las figuras más poderosas del país.
El IGSS es una de las instituciones más grandes del Estado. Entre otras funciones, adquiere medicamentos y contrata empresas para realizar procedimientos médicos y reparar instalaciones del sistema de salud. Su voluminosa cartera también lo hace susceptible a la corrupción. Fue en ese contexto que Rodríguez supuestamente asumió un papel no oficial, aunque complementario, como el principal cabildero del Partido Patriota (PP) de Pérez Molina en la batalla por manipular la Corte Suprema del país y sus tribunales de apelación.
Una parte central de estos intentos era la meticulosa tarea de negociar quién quedaba en las codiciadas “Comisiones de Postulación”, las cuales presentan la lista final de candidatos que son elegidos por votación para el alto tribunal. Para las elecciones a la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones hay dos comisiones distintas, cada una con 34 escaños. Cuantos más escaños controle alguien, más aspirantes a magistrados podrá incluir en la lista de candidatos y contará con finalistas con más posibilidades de pasar a elecciones en el Congreso, que es el que tiene la última palabra.
Lo ideal es establecer una separación entre los comisionados y los intereses políticos de alto nivel, de manera que aquellos puedan seleccionar candidatos únicamente con base en sus méritos. Pero en la realidad, la pugna por los escaños ha sido durante mucho tiempo un asunto muy politizado, dominado por operadores como Rodríguez, que reparten cientos de miles de dólares con el fin de ubicar aliados en las comisiones. Esta es una inversión pequeña, si se tienen en cuenta los potenciales rendimientos: la oportunidad de ganar millones de dólares despojando las arcas del Estado, a la vez que se garantiza la propia impunidad.
En el período previo a las elecciones a la Corte Suprema en 2014, Rodríguez supuestamente se reunió con abogados y políticos para negociar a quiénes ubicarían en las comisiones y cómo harían las votaciones. Rodríguez refutó esta afirmación en una entrevista con InSight Crime, diciendo que “no valía la pena comentar” dichas acusaciones. De todos modos, a fines de septiembre de 2014, los llamados “bloques de intereses” estaban en condición de realizar esas votaciones, según una investigación previa de InSight Crime.
Fue entonces cuando se llevó a cabo el brunch, cuyos invitados eran candidatos a la Corte Suprema. En muchos sentidos, aquella era la póliza de seguro definitiva. Los jueces no solo tienen la última palabra en muchos casos importantes, sino que además tienen gran influencia en las carreras de otros jueces y contactos políticos profundamente arraigados que les han ayudado a llegar a esos puestos.
Se llevaron a cabo otras reuniones similares para discutir las selecciones de los tribunales de apelación. Para entonces, los aspirantes a magistrados tanto para la Corte de Apelaciones como para la Corte Suprema habían pasado varias semanas diciéndoles a las comisiones de postulación que eran funcionarios independientes e imparciales de la ley y la Constitución del país. Además, habían actualizado y presentado sus hojas de vida y respondido preguntas en una encuesta que equivalía a una especie de examen judicial final.
Pero el proceso, diseñado para asegurar la independencia de los aspirantes, estuvo plagado de corrupción. Además de los intentos de manipular la comisión de postulaciones, algunos de los magistrados habían presionado durante mucho tiempo para obtener estos puestos. Entendían que ser juez de un tribunal superior significaba acceso al poder, y que el poder significaba recompensas.
Estas recompensas no eran solo en dinero sino además en favores: un trabajo para un aliado, un contrato en el gobierno para un pariente, una garantía de que las autoridades fiscales no revisarían las ganancias financieras que carecían de fundamento… Y con ese fin, muchos de estos jueces ya se habían reunido con operadores como Rodríguez.
A cambio, estos operadores esperaban lealtad y protección. Y ahora, cuando el Congreso estaba a punto de hacer las votaciones de la lista de magistrados propuesta por las comisiones de postulación, era el momento de sellar el pacto entre ellos.
“Básicamente era acerca de un consenso que se hiciera entre todos si surgía cualquier situación [legal], que se recordara que quienes los habían puesto eran los que estaban en esa reunión”, diría más tarde, en una declaración escrita ante la Fiscalía, Manuel Baldizón, uno de los asistentes, quien en ese momento era líder de un prominente partido político, Líder.
Específicamente, dice Baldizón, les pidieron a los magistrados que juraran lealtad al presidente Pérez Molina y a quienes estaban en la reunión. Los jueces así lo hicieron, y más tarde, ese mismo día, el Congreso cumplió con su parte del acuerdo, eligiendo a los candidatos que habían tomado el brunch con Rodríguez para que hicieran parte del máximo tribunal del país.
La Sala Tercera ‘de Impunidad’
Cuando llegó el momento de evaluar la decisión de 2018 de condenar a los involucrados en el caso IGSS-Pisa, la responsabilidad recayó en la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.
Los tres jueces permanentes de la Sala Tercera habían pasado por las elecciones de la Corte Suprema de 2014, la misma que, en parte, había sido orquestada por Rodríguez y otros operadores. Hasta cierto punto, estos tratos bajo cuerda ya habían dado sus frutos. Antes de que se le asignara el caso IGSS-Pisa, la Sala Tercera ya aparecía como un tribunal de apelaciones muy ineficiente, pues había resuelto solo el cuatro por ciento de sus casos entre 2015 y 2018, según un informe de Impunity Watch Guatemala.
Dicha sala también fue acusada de ser una de las más corruptas. En 2015, anuló una condena por corrupción contra dos militares, y en 2018, la Sala Tercera llevó a cabo unas votaciones para mantener la inmunidad de un expresidente y exalcalde de Ciudad de Guatemala investigado por presuntamente usar las arcas municipales para financiar su propio partido político.
Entre los que se beneficiaron de los fallos de la Sala Tercera en ese periodo se encontraba Blanca Stalling, madre de Otto Molina Stalling, quien fue asesor del IGSS y supuestamente ayudó a establecer el acuerdo entre el IGSS y Pisa. Según una investigación de Plaza Pública, Blanca Stalling también hacía parte del bloque de operadores de Rodríguez que buscaba influir en las elecciones de la Corte Suprema de 2014, al mismo tiempo que se preparaba para un puesto en la Corte Suprema.
“Blanca Stalling y Juan de Dios Rodríguez fueron operadores muy fuertes en la elección de magistrados [de la Corte Suprema]”, dijo Alejandro Rodríguez, coordinador del programa de justicia de Impunity Watch Guatemala, en comunicación con InSight Crime. “Una gran cantidad de magistrados les deben favores”, afirma Rodríguez.
Ambos enfrentarían serios problemas legales en los meses y años posteriores a las selecciones del alto tribunal. Rodríguez estuvo involucrado en una serie de escándalos de corrupción y fue condenado en los tribunales inferiores por fraude en el caso IGSS-Pisa, y Stalling fue arrestada en 2017 después de supuestamente tratar de convencer a un juez de que liberara a su hijo de la cárcel durante el primer juicio del caso IGSS-Pisa.
Esta es exactamente la razón por la que, según los informes, habían puesto a sus aliados en los tribunales de apelación. En 2017, la Sala Tercera le concedió arresto domiciliario a Stalling, a pesar de que ella había intentado evadir la captura. Por su parte, Rodríguez tenía conexión directa con uno de los jueces que presidió la audiencia IGSS-Pisa en julio de 2019. Según la prensa local, Jaime Amílcar González Dávila, presidente de la Sala Tercera, había obtenido el tercer mayor número de votos del bloque Partido Patriota-Líder en el Congreso cuando se pasó a la votación final para los jueces de la Corte de Apelaciones en 2014.
Otra magistrada de la Sala Tercera, Beyla Estrada, al parecer tenía su propio conflicto de intereses en el caso: estaba casada con el secretario de comunicaciones del entonces presidente Jimmy Morales, Alfredo Brito.
En cierto momento, la administración Morales hizo todo lo posible por desacreditar al órgano judicial internacional, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que había ayudado a dirigir la investigación IGSS-Pisa.
Aquello significaba un cambio radical. Apenas cuatro años antes, los arrestos de docenas de personas involucradas en el caso IGSS-Pisa habían coincidido con el inicio de una era dorada en la lucha de Guatemala contra la corrupción, que le permitió a la CICIG poner en evidencia a más de 80 redes criminales, en las que se vieron implicados a más de 1.000 personas, incluidos altos funcionarios del gobierno y miembros de las élites empresariales.
Y si bien los esfuerzos de la CICIG y el Ministerio Público por detener la impunidad fueron respaldados por la gran mayoría de guatemaltecos, sus incursiones en los asuntos de la élite provocaron una reacción violenta de las personas que estaban siendo investigadas. Entre ellas se encontraban el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales (2016-2020), cuyo partido político fue investigado en 2017 por presuntamente recibir contribuciones de campaña ilegales de parte de algunas de las principales élites empresariales de Guatemala, y cuya familia estaba siendo investigada por la CICIG por corrupción.
Dado que la inmunidad de Morales en su calidad de jefe de Estado estaba amenazada, este le declaró una guerra total a la comisión, señalándola como un agitador extranjero e intentando expulsar del país al presidente de la comisión y a varios de sus integrantes. En agosto de 2018, Morales anunció el fin del mandato de la CICIG, y le dio a la comisión un año para que abandonara el país. Un mes después, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente criticó a la CICIG, refiriéndose a la comisión como una “amenaza para la paz” y acusándola de sembrar el “terror judicial” con “justicia selectiva”.
Según una investigación de Nómada en 2018, el esposo de Beyla Estrada hizo parte de esta campaña pública y también estuvo involucrado en los planes bajo cuerda del presidente para desmantelar el trabajo de la CICIG y el respaldo que la comisión recibía de Estados Unidos.
Pero Estrada no recusó cuando el tribunal otorgó arresto domiciliario al hermano y al hijo del presidente, tras ser investigados y detenidos por la CICIG por presuntamente usar fondos del gobierno para financiar eventos políticos. Tampoco recusó cuando el mismo tribunal otorgó arresto domiciliario a un colega cercano de uno de sus hermanos, quien estaba relacionado con una estafa de corrupción, según una investigación de Plaza Pública.
“Beyla Estrada ha sido una de las magistradas de impunidad”, afirma Álvaro Montenegro, miembro fundador del grupo de defensa guatemalteco JusticiaYa.
La CICIG finalmente salió del país, luego de que muchos de los casos que había ayudado a enjuiciar recayeran en las cortes de apelación, entre ellos el caso IGSS-Pisa.
Libres de culpa
Desde el principio, el caso IGSS-Pisa fue uno de los casos de corrupción más emblemáticos y bien documentados del país. A diferencia de muchos otros casos, este involucró a algunas de las figuras intocables de Guatemala. Los fiscales sostienen que su negligencia llevó al IGSS a contratar a una empresa incompetente para ofrecer un delicado tratamiento renal a pacientes vulnerables. Docenas de personas que recibieron el tratamiento murieron o enfermaron. Los culpables estuvieron encarcelados durante años a la espera de juicio, y sus condenas en 2018 enviaron advertencias por todo el país.
Sin embargo, a medida que el caso se abrió camino por las altas esferas del sistema de justicia guatemalteco, salió en gran medida del ojo público. Ello ocurrió en parte por fatiga: hubo tantos casos de corrupción durante tantos años, que era difícil hacerles seguimiento y mantener la atención del público.
Pero también se dio en parte por el sistema. El sistema judicial guatemalteco es lento en sí, y suele estancarse aún más por maniobras legales, como medidas cautelares o peticiones especiales para cambiar de juzgado, cuya intención es doblegar la voluntad incluso de los fiscales más decididos.
Por eso no era extraño que las siguientes grandes decisiones del caso IGSS-Pisa se anunciaran en salas de audiencia casi vacías. La primera se produjo el 5 de julio de 2019, solo nueve meses después de la sentencia de culpabilidad contra los acusados.
Uno de los condenados en el caso fue Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la junta directiva del IGSS. Rodríguez todavía continúa negando que hubo alguna mala acción en el caso IGSS-Pisa, y le dijo a InSight Crime que la decisión de la junta directiva de otorgarle el contrato a Pisa fue un “proceso limpio” y que “no había cura” para los pacientes renales que recibieron el tratamiento de la compañía. Entre los acusados también se encontraban Max Quirin, un destacado productor de café que hacía parte de la junta en ese momento, y Otto Molina Stalling, asesor del IGSS que, según los fiscales, había hablado abiertamente con un representante de Pisa para organizar el soborno que condujo al contrato del IGSS. Cada uno fue condenado a más de seis años de prisión.
Sin embargo, ese día no había fiscales presentes; tampoco había víctimas ni sus familiares, y pocos medios de comunicación. Lo que había era un puñado de asistentes reunidos en una estrecha sala, que contaba con una cerca de madera que separaba a la audiencia de una plataforma donde el trío de jueces miraba a la sala del tribunal, el presidente de la corte, González Dávila, acompañado de Estrada y otro colega, y una bandera de Guatemala recogida detrás de ellos. Un pequeño grupo de acusados, menos Rodríguez, que estaba en la cárcel a la espera de otros cargos, fueron llevados a la sala.
El veredicto fue unánime.
En consideración del tribunal, Rodríguez y su junta directiva, originalmente condenados por fraude, habían actuado de acuerdo con sus funciones al aprobar el contrato de Pisa. Cualquier error cometido en el proceso de licitación podría atribuirse a errores administrativos, no a intenciones delictivas.
Según la Sala Tercera, tampoco había evidencia de que Rodríguez y la junta directiva hubieran actuado de manera deshonesta al aprobar el contrato de Pisa —uno de los prerrequisitos para comprobar fraude, según el código penal de Guatemala—. Esto fue un alivio para los miembros de la junta ejecutiva y sus abogados, quienes desde el principio habían minimizado cualquier potencial anomalía en el proceso de adjudicarle el contrato a Pisa.
No se tuvo en cuenta que el IGSS le hubiera asignado el contrato a Pisa incluso después de que la empresa, según el Ministerio Público, hubiera violado las condiciones de la licitación cuando firmó un acuerdo de subcontratación con otra empresa que aportaría las clínicas y el personal requerido para el tratamiento. Tampoco se tuvo en cuenta que Pisa al parecer no tenía experiencia en la prestación del tratamiento.
En una carta a InSight Crime antes de la publicación de esta serie, Pisa cuestionó fuertemente esta afirmación. Señaló que en sus más de 20 años de historia en Guatemala: «La empresa ha destacado por su transparencia, calidad y pericia dentro de la industria farmacéutica, sin mediar sanción o pena judicial alguna, incluyendo, dicho sea de paso, el caso al que se refieren en su amable misiva».
Al igual que en los juzgados menores, los jueces principales no mencionaron el alto costo humano. En cambio, consideraron el incidente como una falla administrativa.
“No había anomalías en la prestación del servicio”, dijo más tarde a InSight Crime el exintegrante de la junta directiva Max Quirin, repitiendo el veredicto de la Corte de Apelaciones. “Si nosotros hubiéramos cometido una falta ahí, era una falta administrativa. No era un delito penal”.
Molina Stalling también salió indemne. El tribunal revocó su condena, sin mencionar el presunto soborno por el que había sido condenado inicialmente.
En su caso, los jueces también se centraron en los detalles administrativos. Como asesor del IGSS, Molina Stalling no era como tal un funcionario público, lo que significa que no podía ser juzgado por negociar sobornos a instancias del Estado, dictaminó la Sala Tercera.
El fallo fue contencioso, si se tiene que a Molina Stalling se le pagó alrededor de US$4.000 al mes mientras estuvo en la lista de asesores del IGSS, y que esos asesores habían sido contratados por el expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez. Además, sus conversaciones telefónicas muestran que tuvo frecuentes contactos con funcionarios del IGSS en los días y semanas antes de que a Pisa se le adjudicara el contrato.
Una última corte
En julio de 2019, pocos meses antes de que la CICIG saliera del país, emitió un informe sobre las comisiones de postulación. Su principal argumento era que el proceso de selección de los jueces de las cortes superiores y otros funcionarios judiciales había sido sesgado por agentes externos. Fue un buen final para la CICIG: uno de los primeros informes que la comisión produjo también era sobre las comisiones de postulación.
En el intermedio, la CICIG ayudó a construir casos contra lo que la comisión llamó el “sistema clientelar” que socava el estado de derecho en Guatemala. Se refirió a estos casos como “comisiones paralelas”, y en la segunda serie de cargos contra personas que, según la comisión, habían subvertido ilegalmente el proceso de selección de 2014, los investigadores detallaron las numerosas juntas, desayunos y cenas que tuvieron los posibles candidatos a la Corte Suprema con operadores políticos.
En la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia en 2014 surgieron repetidamente los nombres de Josué Felipe Baquiax y José Antonio Pineda Barales. Los investigadores afirman que ellos estaban entre las personas que se habían reunido con la red de agentes de Rodríguez, incluido Manuel Baldizón, el mencionado candidato presidencial. Más tarde, Baldizón los identificó como parte de lo que, como les dijo a los investigadores, eran sus “candidatos preseleccionados”.
La votación del Congreso que llevaría a Pineda Barales y a Baquiax a ocupar puestos en la corte, señalan los investigadores, tomó poco más de una hora. En todo ese tiempo, los líderes del Partido Patriota, del que Rodríguez hacía parte, estuvieron en constante comunicación con sus diputados para hablar sobre la votación, y así asegurarse de que sus candidatos preseleccionados también ocuparan puestos en el máximo órgano judicial del país.
De manera que, quizá fue cierto fatalismo el hecho de que el Ministerio Público apelara el fallo de la Sala Tercera para revocar el caso IGSS-Pisa ante la Corte Suprema. El caso fue asignado a la Sala Penal, anteriormente encabezada por Blanca Stalling, la madre de Molina Stalling. Pero ahora estaba liderada por Josué Felipe Baquiax y José Antonio Pineda Barales.
Recientemente, ambos también fueron relacionados con la siguiente generación de operadores judiciales. En junio de 2021, el Ministerio Público solicitó que se les quitara la inmunidad a ambos jueces por posiblemente abusar de sus posiciones en la comisión de postulaciones de la corte de apelaciones. Pero las acusaciones no les impidieron presidir el caso IGSS-Pisa unos meses después.
Esta vez no hubo audiencia pública. En su lugar, a mediados de octubre, los abogados defensores recibieron la noticia de que la Corte Suprema había ratificado el fallo, argumentando que no hubo errores en la interpretación de la ley por parte de la Sala Tercera.
Aunque fue declarado inocente en el caso IGSS-Pisa, Rodríguez todavía está a la espera de juicio por otras demandas de corrupción, en una prisión de Ciudad de Guatemala donde se encuentran los criminales de cuello blanco más infames del país. Allí, Rodríguez se ha convertido en pastor evangélico, encerrado en un pequeño, aunque cómodo apartamento, adornado con consignas religiosas. Cada noche pronuncia un sermón en una lujosa capilla dentro de la cárcel, con decoración de piedras y equipada con un altar de madera, guitarras eléctricas, tambores y amplificadores. Cuando InSight Crime visitó a Rodríguez en noviembre de 2021, él dijo que los seis años en la cárcel habían sido una “bendición” que le había otorgado sentido a su vida y le había permitido dedicarse a la religión.
En cuanto a Otto Molina Stalling y su madre, Blanca, ambos se libraron de pasar más tiempo en prisión, por orden de la Sala Tercera. Sin embargo, sus problemas legales no han terminado. Ambos fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su presunta participación en graves actos de corrupción, y Blanca Stalling sigue a la espera de juicio en un caso de obstrucción a la justicia que ha estado estancado por más de cuatro años.
No existe un recuento definitivo del número de pacientes que murieron entre el momento en que Pisa comenzó los tratamientos y el tiempo que tardó el caso en pasar por los tribunales. Algunos cálculos realizados por la prensa local y un líder de las familias afectadas consultado por InSight Crime estiman que hubo más de 60 muertes. Muchas de estas fueron terribles y dolorosas; una víctima perdió todos sus dientes y otra se quedó sorda antes de sucumbir ante la enfermedad. Casi todas las muertes dejaron angustia en las familias, quienes lentamente han tratado de reconstruir sus vidas.
Por su parte, Pisa, la empresa acusada en el caso, ha salido prácticamente indemne. En un principio, fue condenada a pagar indemnizaciones a las víctimas y a sus familiares por US$400.0000, pero el fallo de la Sala Tercera absolvió a la empresa de cualquier responsabilidad civil en el caso, incluidas las indemnizaciones. Para ajustar, Pisa no enfrenta ninguna responsabilidad legal por las muertes.
En su carta a InSight Crime, la empresa afirmó con orgullo que «nunca dejó de operar durante los procesos legales, y tampoco hizo bajas de personal derivado de lo mismo, puesto que siempre confió en la calidad de sus productos/servicios, y también en el sistema judicial guatemalteco».
A Pisa aún se le están adjudicando más contratos con el Estado: en 2021, la compañía supuestamente ha recibido más de US$1,8 millones en contratos estatales. Uno de sus principales clientes es el IGSS.
* Mattia Fossati, Mark Wilson y Olivia de Gaudemar contribuyeron con el reportaje para esta investigación.
*Esta investigación examina un polémico acuerdo entre una importante empresa farmacéutica y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Tras dicho acuerdo, docenas de pacientes renales murieron y muchos más adquirieron infecciones. El caso finalmente llegó a las altas cortes del país, donde los implicados en el caso habían comprado lo que algunos describieron como una póliza de seguro que los blindaría para que nunca fueran enjuiciados.
Publicación original: https://es.insightcrime.org/investigaciones/impunidad-para-todos/