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La ley del más rico

En Latinoamérica, desde 2020, la riqueza de los milmillonarios ha crecido un 21%. Han emergido treinta milmillonarios en este tiempo, cuya fortuna en conjunto ha crecido a un escandaloso ritmo de 68 millones de dólares por día.

Por Daniela Sánchez Lemus 

La semana pasada, OXFAM, un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia de la pobreza junto a organizaciones socias, llevando a cabo programas de desarrollo, haciendo campaña e incidencia política y proporcionando ayuda humanitaria durante desastres y conflictos, publicó el informe “La ley del más rico”. En dicho informe se encuentran herramientas que podrían  permitir que los gobiernos del mundo atiendan problemáticas de raíz que no permiten el desarrollo integral de sus  poblaciones. 

El informe detalla de qué forma coincide el aumento de ingresos de las élites con más recursos económicos en el mundo con la caída de los impuestos sobre la renta en  personas que obtienen mayores ganancias dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Más de 1,700 millones de personas trabajadoras vieron su salario disminuido durante el año pasado, en razón de que el mismo no aumentó a la par de la inflación, dificultando su sobrevivencia. En Guatemala por ejemplo, la canasta básica aumentada es mayor al salario mínimo, en contraposición a  la riqueza del  1% más rico del mundo, quien vio crecer su fortuna, desde el año 2020, a razón de 2,700  millones  de dólares diarios en un mundo en donde más de 800 millones de personas viven en pobreza alimentaria.

Para paliar la desigualdad generalizada, Oxfam propone aplicar a multimillonarios un impuesto de hasta 5 % sobre su riqueza, lo cual según la organización significaría una recaudación de 1.7 billones de dólares anuales. 

La separata del informe dedicada a Latinoamérica evidencia que:

  • Los salarios reales han perdido un 10% de valor.
  • 201 millones de personas (32,1%)de la población mundial vive en la pobreza.
  • 82 millones de personas (13,1%)se encuentran en situación de pobreza extrema.
  • La recaudación por rentas corporativas y riqueza han caído en 5% mientras que el aumento (aunque mínimo) de recaudación tributaria en América Latina y el Caribe ha sido a costa de que el esfuerzo fiscal recaiga esencialmente sobre las y los trabajadores a través del impuesto sobre la renta personal, las contribuciones a la seguridad social o el consumo.

Oxfam propone una batería de medidas que pone a disposición de los Gobiernos, encaminadas a gravar la riqueza extrema para reducir las desigualdades y avanzar hacia un mundo que sostenga la vida, en donde los derechos de las personas y de la naturaleza sean garantizados:

  1. Es vital aplicar medidas tributarias de emergencia, temporales y excepcionales, como los impuestos a las sobre ganancias empresariales, que permitan generar recursos adicionales para ser reinvertidos en planes de contención y mitigación para quienes más lo necesitan.
  2. Aplicar impuestos al patrimonio en todos los países, para reducir sistemáticamente la riqueza extrema, la concentración del poder y las desigualdades.
  3. Elevar la tributación sobre las rentas del capital y ganancias financieras para equipararse al menos a las rentas del trabajo en su nivel de tratamiento fiscal.
  4. Incrementar la tributación sobre la renta del 1% más rico, incluyendo tanto las rentas del trabajo como las del ahorro; aplicando, por ejemplo, un tipo impositivo cercano al 60%. En cambio, es vital eliminar cualquier exoneración que beneficie al 1% más rico.
  5. Por cada dólar recaudado en ingresos fiscales en el mundo, únicamente cuatro centavos proceden de gravar la riqueza. La mayor parte de los ingresos de las personas más ricas no se derivan de su trabajo, sino que son esencialmente rentas de capital sobre sus activos.
  6. Promover un gran acuerdo fiscal latinoamericano con el objetivo de ampliar la cooperación y la coordinación de políticas tributarias entre los países de la región, con medidas para afrontar la evasión y los paraísos fiscales, así como impulsar la revisión de los beneficios tributarios ineficientes. Este acuerdo deberá servir de impulso a la construcción de un sistema fiscal global y regional más incluyente, sostenible y equitativo.

El informe propone y enfatiza que los gobiernos deben utilizar los instrumentos fiscales a su disposición, para revertir el aumento de las desigualdades, garantizando a su vez que los ingresos recaudados con mayor progresividad se enfoquen en un incremento sustancial del gasto público social y ambiental, en sectores como la salud pública, la educación pública, la seguridad alimentaria y nutricional y los sistemas públicos de cuidados, así como a financiar transiciones justas.