Por Steven Dudley / Insight Crime
*Este artículo hace parte de una serie de siete partes que describe la evolución del crimen organizado en la política guatemalteca.
Los bloques criminales y corruptos que operan actualmente en Guatemala tienen sus orígenes en la guerra civil que vivió el país entre 1960 y 1996. El ejército rigió el país durante la mayor parte del conflicto. Su poder culminó en marzo de 1982, cuando el general Efraín Ríos Montt tomó el control del gobierno tras un golpe militar. Su dictadura duró apenas 17 meses, en los cuales el ejército asesinó o desplazó a miles de civiles.
Para 1985, cuando el gobierno hizo una transición para volver al mandato civil, el control del ejército se había extendido a casi todos los sectores del gobierno, incluido el ministerio de finanzas, aduanas, la registraduría, el sistema penitenciario y todos los asuntos de seguridad e inteligencia. La armada también tenía su propio banco, y numerosos oficiales habían usurpado tierras en todo el país. Ellos fueron lo que se ha llamado con frecuencia élites burocráticas, en su mayoría de origen urbano y de clase media. Tenían influencia dentro del gobierno mientras ocupaban cargos públicos y muchas veces seguían ejerciéndola después de dejar el gobierno, en ocasiones por medio de su respaldo a candidatos o partidos políticos.
Fase I: Los CIACS
Las redes militares se transformaron en redes criminales a las que unían las experiencias de guerra comunes, el trabajo de oficina y su paso por la academia militar. El modelo de estas redes se conoció como La Cofradía. Esta se remonta a los años 70, cuando sus miembros criminalizaron la oficina de aduanas, entre otros entes de gobierno, poniéndola bajo el control de la milicia con el pretexto de defender el país del ingreso ilícito de armas. Su nombre, La Cofradía, que significaba un compromiso de protegerse entre ellos, se dio después del asesinato de uno de sus fundadores.
Surgieron otros bloques criminales y corruptos, incluido un grupo asociado con Ríos Montt, quien llegaría a convertirse en presidente del Congreso, donde su hija, Zury Ríos, se haría un nombre primero como diputada en el congreso. Un grupo liderado por el general Otto Pérez Molina, conocido como El Sindicato, eventualmente ganaría la presidencia. También había un grupo vinculado a Álvaro Arzú, el presidente que devino alcalde eterno de Ciudad de Guatemala, quien estrechó vínculos con varios agentes de inteligencia y otros operadores militares.
Estas redes posteriormente se conocerían como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Los CIACS eran más un sobrenombre que la realidad. Eran una forma útil para entender cómo se crearon y organizaron algunas poderosas redes criminales, pero se enfrentaban entre sí, cambiaban de bandos con frecuencia y evolucionaban según las cambiantes circunstancias políticas. Sin embargo, por algún tiempo, estos CIACS originales parecieron turnarse para dirigir partes del gobierno en los más altos niveles. A comienzos de los 90, por ejemplo, el general Luis Francisco Ortega Menaldo, líder nominal de La Cofradía, fue nombrado jefe del servicio de inteligencia denominado Estado Mayor Presidencial (EMP). El EMP era el centro neurálgico de los CIACS, y Ortega Menaldo se valió de él para institucionalizar sus maquinarias corruptas y criminales.
Arzú ganó la presidencia en 1996 y selló un acuerdo de paz con la guerrilla ese mismo año. Aunque redujo considerablemente el tamaño del ejército, también creó fuertes lazos con numerosas redes militares poderosas, muchas de las cuales le sirvieron por muchos años. Entre los aliados de Arzú mientras estuvo en el poder se contaba Pérez Molina, quien se convirtió en la cara de los militares progresistas que trabajaron para promover el proceso de paz.
Pérez Molina también dirigió un grupo de soldados leales que trabajaron estrechamente con la guardia presidencial y una unidad antisecuestro creada por Arzú. Posteriormente, cuando Arzú se convirtió en alcalde de Ciudad de Guatemala, algunos de estos aliados militares montaron un sofisticado aparato de inteligencia en el sótano de un edificio municipal que dio lugar a su apodo, el sótano. Este grupo secreto ayudó a Arzú a imponer un cerrojo virtual sobre la alcaldía por las dos décadas siguientes y colaboró en muchos de los entramados de corrupción y delincuencia relacionados en el centro político y económico del país.
En el 2000, Ríos Montt —que había fundado un partido político, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG)— llegó a la presidencia del Congreso. Ríos Montt fue polémico pero popular: el FRG tuvo el bloque de votación individual más grande, y el candidato designado por Ríos Montt, Alfonso Portillo, ganó la presidencia, en parte, con financiación de los esquemas de corrupción de Ortega Menaldo. Esta corrupción pronto se extendió. Algunos de los aliados más cercanos a Ríos Montt saquearon el sistema de pensiones del ejército. Y Ortega Menaldo mantuvo un fuerte control sobre los puertos y oficinas de aduanas del país, donde él y sus aliados de La Cofradía podían continuar sus variados fraudes criminales.
El gobierno Ríos Montt-Portillo (2000-2004) también desafió a las élites económicas tradicionales del país de formas sin precedentes. Esas élites habían regido el país por largo tiempo como señores feudales, usando los recursos generados por sus monopolios protegidos para ejercer influencia y controlar las políticas de gobierno. Estos canalizaron dichos intereses mediante una poderosa asociación conocida como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que actuó como una especie de gobierno paralelo, especialmente en temas económicos. Aunque se trataba más de política que de corrupción, la coalición de Ríos Montt desafió el CACIF, al abrir la puerta a la importación de azúcar, pollo y bebidas gaseosas, entre otros productos.
El ascenso del bloque de Ríos Montt y sus asociados llevaron al CACIF a forjar una fuerte alianza en torno a su propio candidato, Óscar Berger, quien ganó la presidencia en 2003, al derrotar a Ríos Montt y otros. Desde el comienzo, la presidencia de Berger (2004-2008) fue un asunto más tradicional, de élites. Delegó al vicepresidente Eduardo Stein, quien venía de una familia de élite más tradicional para que entablara conversaciones con las Naciones Unidas, antiguos funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales y destacados reformistas judiciales para crear un nuevo tipo de ente judicial que enfrentara a los CIACS. La idea, irónicamente, se había planteado durante la administración de Portillo, y el mismo Portillo fue su proponente. Pero fue archivada cuando se topó con la oposición política, y bloqueada por la Corte de Constitucionalidad.
Entre tanto, surgió un nuevo tipo de CIACS, este con una conexión más cercana con la policía y el ministro de gobernación Carlos Vielman, quien venía de una familia importante con nexos con las élites económicas. Los nuevos CIACS adoptaron medidas extremas contra sospechosos de pertenecer a pandillas callejeras, grupos secuestradores y narcotraficantes. En 2006, por ejemplo, Vielman y su entonces director del sistema penitenciario, Alejandro Giammattei, entraron a una prisión con un gran contingente de policías bajo el pretexto de controlar un motín. En medio del caos, la policía ejecutó a siete internos en circunstancias no esclarecidas. En otro caso, la policía ejecutó a varios miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) e incineró el vehículo en el que se desplazaban, al parecer para robar un gran alijo de dinero en efectivo que llevaban los políticos. Días después, los sospechosos, todos pertenecientes a la policía, fueron asesinados en prisión. (Aunque inicialmente implicados en la masacre carcelaria, Vielman y Giammattei fueron luego exonerados).
Fase II: La CICIG
Los dramáticos casos forzaron a la administración de Berger a tomar medidas. Con el liderazgo de Stein, y con ayuda del gobierno de Estados Unidos después del asesinato de los miembros del Parlacen, la administración convenció al Congreso de aprobar una provisión que dispusiera la creación de un ente judicial internacional, al que se daría el nombre de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que sería patrocinada por las Naciones Unidas y que trabajaría muy de cerca con el Ministerio Público del país. Su misión, como lo dejaron en claro los documentos de creación, era la persecución de los CIACS. Muchas élites económicas vieron en este una oportunidad de debilitar a sus rivales en ascenso. Nunca esperaron que un día esta fuera por ellos, según un reportaje de elPeriódico.
En 2007, el mismo año en que se dio inicio a la CICIG, Álvaro Colom fue elegido presidente, al derrotar al exgeneral Otto Pérez Molina en una reñida contienda. Colom —un discreto e intelectual dueño de una fábrica de ropa— se forjó un camino distinto de las demás élites. Como primer jefe del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), organismo creado a comienzos de los noventa para mitigar la pobreza y la desigualdad, trabajó con los pobres y los marginados, principalmente en zonas rurales. En esa labor, conoció a su tercera esposa, Sandra Torres, partidaria política ambiciosa e incondicional por derecho propio. Juntos crearon la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que es hasta el día de hoy el único partido de la actualidad que ha llegado a la presidencia sin ganar el codiciado voto de Ciudad de Guatemala.
Sin embargo, otras fuerzas criminales se gestaban dentro del palacio presidencial y fuera de él. El jefe de gabinete de Colom era un hombre llamado Gustavo Alejos, presidente de una de las farmacéuticas más grandes del país, J. I. Cohen, quien también se había convertido en consultor político y financista de numerosos partidos políticos, entre ellos la UNE. Al llegar al poder, Alejos consolidó un fuerte control del Estado y de los contratos de medicamentos suministrados por el gobierno. Posteriormente el mismo Alejos se instituiría como una especie de CIACS desde fuera del gobierno, promoviendo la corrupción y los manejos ilícitos dentro de la administración de Pérez Molina.
La guardia presidencial de Colom actuaba bajo las órdenes de Carlos Quintanilla, quien luego se vería vinculado a un caso de corrupción y narcotráfico por la CICIG e involucrado con el robo de cerca de US$9 millones del aeropuerto de Ciudad de Guatemala. Colom destituyó a Quintanilla después de descubrir que este lo espiaba. Quintanilla fue detenido posteriormente por fraude y coerción, pero su legado sigue arraigado en el palacio presidencial: él militarizó la guardia presidencial, creando una especie de poder paralelo que recuerda al EMP, según una investigación de elPeriódico.
Por fuera de la capital, los aliados de la UNE incluían a políticos y narcos. Uno de ellos era Otoniel Turcios, quien ayudó a financiar la campaña de Colom. Más adelante fue capturado, extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Otro de ellos era un político llamado Manuel Baldizón, congresista por UNE del departamento de Petén, al norte del país. Baldizón crearía luego su propio partido político y, pasadas sus campañas presidenciales, purgaría 28 meses en una prisión de Estados Unidos tras declararse culpable de lavado de dinero con aportes de campaña entregados por narcotraficantes.
FASE III: Haciendo enemigos
Mientras tanto, la CICIG comenzó a colaborar con el Ministerio Público para llevar a los CIACS viejos y nuevos ante la justicia. Esto incluyó a Vielman y Giammattei por la presunta masacre de siete reclusos. El caso duraría años, se extendería por dos continentes y derivaría en el encarcelamiento temporal de Giammattei, el futuro presidente. Otros casos apuntaron al bloque Ríos Montt, entre ellos Portillo; y partes de La Cofradía (aunque nunca a Ortega Menaldo, quien siempre logró salir indemne). Aparte del caso Vielman, el cual fue para las élites económicas un ataque directo contra uno de los suyos, la CICIG trabajaba para debilitar los CIACS, pero también varios entramados de corrupción conectados con políticos y élites emergentes.
Sin embargo, los CIACS volvieron al poder, esta vez con Otto Pérez Molina, quien fue elegido con un margen cercano a los 10 puntos en 2011 sobre Manuel Baldizón. Por años, Pérez Molina se había forjado una reputación de reformista. El exgeneral había, por ejemplo, respaldado la aprobación de la CICIG y había sido proponente del acuerdo de paz con la guerrilla. Y después de tomar posesión, Pérez Molina mantuvo en su cargo a Claudia Paz y Paz, fiscal general pro derechos humanos y partidaria de la CICIG. Al comienzo, esto pareció jugar a favor del presidente, pues Paz y Paz siguió varios casos históricos contra el ejército, incluido uno contra el general Ríos Montt por crímenes de guerra en los años ochenta. El caso debilitó los CIACS rivales y fortaleció la imagen de Pérez Molina, pero también movió a la acción a exoficiales del ejército y élites económicas de extrema derecha, algunas de las cuales, a instancias de la hija del general, Zury Ríos, tomaron partido públicamente por el acosado exgeneral.
Es más, la fachada de Pérez Molina como reformista de avanzada también comenzaba a derrumbarse. Su Partido Patriota había creado, de muchas formas, lo que un analista del crimen llamó “los CIACS perfectos”. Su vicepresidenta, Roxana Baldetti, creó un escuadrón de vigilancia para los puertos y las oficinas de aduanas. Su ministro de gobernación, también un condecorado exoficial del ejército, monetizaron el ministerio con coimas por todo, desde el papel higiénico hasta las cámaras de seguridad. El jefe de cartera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) vendió los servicios estándares de su oficina por una sobretasa. El presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) —también un antiguo oficial del ejército— canalizó contratos hacia candidatos no calificados por un precio y usó el IGSS como departamento de caja menor para manipular la votación de los jueces a las altas cortes. Como un capo de la mafia, Pérez Molina cobraba una tajada de todo eso.
La CICIG, bajo la dirección de su nuevo comisionado, el juez colombiano Iván Velásquez, vigilaba. A partir de 2015, casi un año después de la llegada de Velásquez, la CICIG y sus aliados del Ministerio Público comenzaron a revelar una pila de casos de corrupción que habían estado recogiendo. Para sorpresa y consternación de la élite económica, los casos no se dirigían únicamente a los CIACS —también se dirigían a ellos y a sus aliados más cercanos en algunos de los mayores conglomerados industriales, agroindustriales y de telecomunicaciones del país, así como a bancos, hoteles y puertos. El aluvión de acciones judiciales se vio como una señal de que al fin prevalecería la justicia en Guatemala. Velásquez se convirtió en una especie de héroe popular, y las expectativas en torno al anuncio semanal de los casos se volvió casi un juego, tipificado por el numeral #JuevesdeCICIG.
Algunos de los casos eran más sólidos que otros, pero con el anuncio de cada nuevo caso, la comisión parecía estar acercándose más a los bloques criminales y corruptos que por largo tiempo habían poblado el panorama político de Guatemala. En mayo de 2015, la CICIG anunció cargos contra la vicepresidenta Baldetti por orquestar un elaborado esquema de corrupción en agencias de aduanas de todo el país y le pidió al Congreso que retirara la inmunidad a Pérez Molina para investigarlo. Incluso antes del anuncio de los cargos contra Baldetti, los manifestantes comenzaban a inundar las calles, en particular la plaza frente al palacio presidencial. Las protestas culminaron a finales de agosto y obligaron al Congreso a despojar de su fuero a Pérez Molina. Este renunció, fue acusado de corrupción y llevado a prisión junto a su vicepresidenta. Ese fue el apogeo del poder de la CICIG.
Fase IV: La respuesta
Un gobierno interino mantuvo en orden el Estado durante las tumultuosas elecciones que siguieron. Los tres principales contendores eran el antiguo diputado de la UNE, Manuel Baldizón; el ministro de CIV de Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, y la ex primera dama Sandra Torres. Sinibaldi pronto se daría a la fuga por denuncias de corrupción; Baldizón se desvanecería, en parte por su cercanía con el narcotráfico; Torres era fuerte pero tenía un techo. La novedad se presentó en la forma de un comediante de televisión convertido en político, con la esperanza de que su única incursión en política aparte de esta había sido una fallida campaña a la alcaldía de un suburbio de Ciudad de Guatemala. No importó: en octubre de 2015, Jimmy Morales derrotó a Sandra Torres en la segunda vuelta por un margen de más de 30 puntos.
Pero si Guatemala clamaba por algo nuevo, lo que consiguieron fue más de lo mismo. Respaldaba a Morales el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), un partido fundado y financiado por antiguos militares que parecían algo semejante a los CIACS. Muchos de ellos tenían conexiones con la red de Vielman conectada con delitos anteriores. Uno de los consejeros más cercanos a Morales era el general Ricardo Bustamante, quien trabajó durante años cerca de Otto Pérez Molina; detrás de Bustamante había una cantidad de otros oficiales del ejército activos y en retiro. Es más, entre los financistas de Morales había miembros prominentes del CACIF, entre otras élites económicas, algunos de los cuales presuntamente desviaron dinero ilegalmente a la campaña de Morales en el último minuto.
La CICIG, aún con el éxito de haber derrocado el régimen de Pérez Molina, puso la mira en casos más recientes. En septiembre de 2016, la comisión anunció que seguía un pequeño caso de corrupción que a la larga entrampó al hijo y al hermano de Morales que precedían el tiempo de Morales como candidato presidencial. Ambos fueron a prisión por un breve periodo por ese caso a comienzos de 2017. Y aunque la comisión no podía investigar judicialmente a los patrocinadores militares de Morales, sí podía hacerlo con las élites del CACIF que lo financiaron en la segunda vuelta electoral, al igual que al presidente. El caso era relativamente pequeño en términos económicos, pero monumental en términos simbólicos, en especial porque, después de que ocho de los acusados admitieron su culpabilidad en una dramática conferencia de prensa, incluso algunos miembros de las familias más renombradas y adineradas del país, la CICIG los acusó de delitos insignificantes de financiación electoral. En una campaña por mostrar que investigaba a todos los partidos políticos, la CICIG también abrió casos contra miembros del Congreso, el expresidente Colom de UNE, y Álvaro Arzú, el presidente convertido en alcalde.
Para entonces, había ganado bastante fuerza una campaña coordinada de relaciones públicas para desacreditar a la CICIG en la prensa y las redes sociales. Esa campaña fue orquestada, en parte, por Ricardo Méndez Ruiz, cuyo padre había sido ministro de gobernación durante el breve periodo de Ríos Montt como presidente a comienzos de los 80. Méndez Ruiz fue un empresario que creó una organización no gubernamental llamada la Fundación contra el Terrorismo (FCT) en 2013. Esta se creó al parecer para defender a exoficiales del ejército que enfrentaban cargos por abusos contra los derechos humanos, pero su alcance se ampliaría con el tiempo. En 2018, una nueva fiscal general, Consuelo Porras, comenzó a entorpecer los casos de la comisión y a marginar a sus aliados en el Ministerio Público. Morales también puso a un ministro de gobernación, Enrique Degenhart, que había trabajado con la administración Arzú en Ciudad de Guatemala y rápidamente se movilizó para cancelar cualquier cooperación con la comisión.
La prensa llamó a estas fuerzas un Pacto de Corruptos, pero era menos un pacto y más un acuerdo tácito por la necesidad de trabajar de manera concertada para impedir que el Ministerio Público abriera más casos y para cerrar la CICIG. Morales declaró persona non grata al colombiano Velásquez y comenzó a negar visas a los investigadores de la comisión. En agosto de 2018, en un exaltado discurso, el presidente declaró que no renovaría el mandato de la CICIG. Poco más de un año después, el 1 de septiembre de 2019, la CICIG empacó la última de sus cajas y salió del país.
Desde entonces, el Pacto de Corruptos ha pasado de la defensiva a la ofensiva. Una coalición que incluyó a destacados miembros de los CIACS, narcotraficantes, políticos corruptos, lobistas de intereses especiales y un pequeño número de élites empresariales se unieron detrás del exdirector del sistema penitenciario y exrecluso, Alejandro Giammattei, para catapultarlo a la presidencia en 2020. Para 2021, comenzaron a tomar forma los esfuerzos del establecimiento político para garantizar la impunidad y perseguir a cualquiera que hubiera ayudado a la CICIG.
Muchos otros se han unido a esta campaña, en especial Méndez Ruiz y la fiscal general Porras, pero también numerosos jueces de apelaciones y de las altas cortes, así como destacadas élites económicas que financian discretamente iniciativas de cabildeo en Washington D. C. Lo que ha seguido ha sido una purga implacable de fiscales y jueces, algunos de los cuales huyeron del país y otros enfrentan cargos penales en Guatemala.
Este es el convulsionado ambiente en medio del cual Guatemala irá a las elecciones presidenciales en 2023. Cumplido su principal objetivo, es posible que el Pacto se divida en facciones, pues cada una tiene distintos orígenes, prioridades y mecanismos para seguir ejerciendo influencia en el sistema judicial tanto a favor como en contra de quienes percibe como enemigos. Algunas de estas facciones son las que describiremos en los próximos capítulos.
*Alex Papadovassilakis, Edgar Gutiérrez, y Jody García contribuyeron en esta investigación.
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