POR: ALEX PAPADOVASSILAKIS / Insight Crime
Jody García y Edgar Gutiérrez han colaborado en la elaboración de este artículo.
Este artículo hace parte de una serie de siete partes que describe la evolución del crimen organizado en la política guatemalteca.
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es uno de los partidos políticos más duraderos de Guatemala y ha sido durante mucho tiempo una potencia en el Congreso de la nación, abriendo la puerta a la corrupción y la impunidad. El bloque, encabezado por la candidata presidencial en serie y ex primera dama, Sandra Torres, aprovecha su considerable coalición en el Congreso, donde los votos pueden intercambiarse por el acceso a contratos estatales y puestos de trabajo en el gobierno, para construir alianzas mutuamente beneficiosas con otras facciones políticas y actores influyentes en el sector judicial. Esto último ha protegido a Torres y a sus aliados de acusaciones de corrupción que podrían poner en peligro su carrera.
Aunque tener las llaves del Congreso convierte a la UNE en un aliado codiciado, la vulnerabilidad del bloque radica en su dependencia de los trueques y en el aparente techo de su aspirante presidencial. Forjar alianzas que favorezcan los intereses de la UNE ha requerido que el partido, que se presenta como un grupo de oposición, se alinee con el poder ejecutivo y, por extensión, con la alianza horizontal de élites emergentes y tradicionales que dominan el acceso a los recursos del Estado. Y aunque Torres es la candidata con mayor renombre, conserva una sólida base política y se espera que llegue a la segunda vuelta, a pesar de que nunca ha obtenido el apoyo de más de un tercio del electorado en una competición cara a cara. No obstante, dada la naturaleza impredecible de esta carrera, es posible que este sea el momento en que rompa esa barrera.
El carrusel de la UNE en el Congreso
El bloque de la UNE gira en torno a un grupo clave de operadores políticos, entre los que se encuentra Torres, que negocian favores con otras facciones políticas y posicionan aliados en poderes clave del Estado. Estas negociaciones se centran en una delicada relación entre altos funcionarios de la UNE y el Poder Ejecutivo, además de un constante intercambio de favores entre representantes de la UNE y otras coaliciones parlamentarias.
Intermediarios del Congreso
En los últimos años, se ha producido una importante alineación de intereses entre los respectivos bloques legislativos de Torres y el presidente Alejandro Giammattei. Esto ha eliminado cualquier oposición factible a la aprobación de proyectos de ley en el Congreso, incluyendo aquellos que podrían haber facilitado la corrupción. Los dos bloques han generado una relación de interdependencia, donde Giammattei se beneficia de los votos de la UNE —oficialmente el partido tiene algo menos de un tercio de los escaños del Congreso, aunque algunos representantes han desertado a otros partidos— y Torres recibe ayuda para superar los obstáculos legales y sobrevivir a una rebelión dentro de su propio partido. La distensión ha allanado el camino para que los principales operadores de la UNE en el Congreso fomenten vínculos mutuamente beneficiosos con el presidente y sus aliados.
El principal intermediario de la UNE en el Congreso durante este período ha sido Estuardo Vargas, quien hasta hace poco dirigía la bancada del partido. Vargas mantiene una relación amistosa con el principal asesor de Giammattei, Miguel Martínez, según dos diputados entrevistados por InSight Crime. El bloque de la UNE también tiene una gran influencia en las comisiones de trabajo de la legislatura, que deciden si una iniciativa legal propuesta llega o no al pleno del Congreso para su votación. Los representantes de la UNE ahora encabezan 11 de las 37 comisiones de trabajo, siete más que cualquier otro partido, lo que le da al bloque un importante poder de negociación en sectores estatales asociados con la corrupción, como vivienda, asuntos electorales, seguridad alimentaria, trabajo y la oficina que emite los documentos nacionales de identidad (conocida por sus siglas RENAP).
El control de los puertos
Vargas dirigió anteriormente el puerto estatal de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, y se cree que, a día de hoy, entre sus contactos se encuentra el conocido empresario Axel Arturo Samayoa Camacho, alias «Castor». Las múltiples empresas navieras de Samayoa han recibido millones de dólares en contratos estatales para prestar servicios cruciales de verificación de contenedores de transporte —incluida la videovigilancia— en los puertos estatales y privados de Guatemala. El Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a Samayoa por «conspirar con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos portuarios».
Los contactos en los puertos pueden manipular la infraestructura portuaria —incluidos los escáneres, las cámaras y el suministro eléctrico— para permitir que determinados contenedores de transporte, llenos de drogas o contrabando, pasen por los puertos sin control. La autoridad de Vargas en los puertos también se extiende a los contratos estatales y a los puestos de trabajo en el gobierno, que pueden aprovecharse para obtener beneficios personales y mejorar su posición política. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Vargas en 2022 por presunta corrupción, algo que parece haber hecho retroceder a Vargas, que no se presentará como candidato al Congreso en las próximas elecciones. En su lugar, aspira a un escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Preparado para tomar el papel de Vargas está Ervin Adim Maldonado, un influyente operador del Congreso que se ha unido a las filas de la UNE para las elecciones de 2023. La familia de Maldonado es propietaria de una red de empresas de cable que operan en más de 200 municipios (dos de estas firmas recibieron contratos estatales del Tribunal Supremo Electoral, o TSE, para difundir material de campaña durante las elecciones de 2019). Las empresas permiten a la familia promover a determinados candidatos, una estrategia que sirve de inversión para poder asegurarse el poder en el Congreso.
Anteriormente, Maldonado fue diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido del expresidente Jimmy Morales. Ahora encabeza la lista de candidatos de la UNE al Congreso para las elecciones de junio. Si resulta elegido, probablemente encabezará la coalición parlamentaria del partido y, según las declaraciones de un diputado a InSight Crime, se convertirá en «el nuevo Vargas».
Caciques, élites e iglesias evangélicas
Históricamente, La UNE se ha apoyado en una red de operadores regionales, también conocidos como caciques, para movilizar fondos para hacer campaña fuera de Ciudad de Guatemala. El enfoque de la UNE se remonta a la década de los 2000, cuando los operadores del partido supuestamente establecieron vínculos con caciques regionales y narcotraficantes, incluidos miembros de la organización narcotraficante mexicana Zetas, para financiar la campaña ganadora del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). La viabilidad electoral del partido parece depender de su capacidad para entregar recursos estatales a estos caciques, a menudo miembros experimentados del Congreso o alcaldes prominentes, que buscan contratos y puestos en el gobierno como pago por financiar campañas políticas.
Los vínculos más visibles del bloque con las élites tradicionales se dan a través del yerno de Torres, Rudy Guzmán. Guzmán es candidato presidencial por el partido político Nosotros, registrado ante las autoridades electorales en 2022, entre cuyos candidatos al Congreso figura la hija de Torres, y esposa de Guzmán, Nadia Lorena de León Torres. Guzmán es propietario de empresas de seguridad privada a las que se han adjudicado millones de dólares en contratos estatales y, al parecer, es el principal financiador de Nosotros, según la prensa local y fuentes entrevistadas por InSight Crime.
Otros miembros de la familia inmediata de Torres también forman parte del proyecto político, entre ellos su hija Lourdes de León Torres (candidata a diputada por la UNE) y su hijo Edgar de León Torres (candidato de la UNE al Parlacen).
La elección de Torres como compañero de lista, un ex pastor evangélico, representa un alejamiento de la postura ideológica de centroizquierda del partido. A primera vista, el objetivo parece ser ganarse a los votantes conservadores de la capital, donde la UNE ha obtenido históricamente malos resultados. Pero más allá de asegurar votos, la red de iglesias evangélicas puede ayudar a financiar la campaña electoral del partido. La alianza también llamó la atención porque las iglesias evangélicas han sido utilizadas para lavar dinero. Algunas fuentes señalaron a Sergio Enríquez, candidato al Congreso por la UNE, acusado anteriormente de lavado de dinero y fraude.
Protección judicial y supervivencia política
Las interacciones del bloque de la UNE con el sector judicial están orientadas principalmente a asegurar su propia supervivencia política en lugar de liderar el debilitamiento del edificio contra la impunidad del país. El bloque se ha beneficiado de sentencias judiciales favorables en casos de corrupción de alto perfil y parece haber aprovechado sus alianzas políticas para montar bloqueos legales destinados a sofocar las rebeliones internas del partido.
Intercambio de favores: Los tribunales, la Fiscalía General y el Congreso
La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, ha estado en el centro de los esfuerzos de este bloque de poder político por conseguir protección judicial. La líder de la UNE fue encarcelada en septiembre de 2019 después de que la Comisión Nacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ente judicial respaldado por las Naciones Unidas, la acusara de no reportar millones de dólares en contribuciones de campaña para las elecciones de 2015. Desde entonces se ha beneficiado de una serie de sentencias favorables. En enero de 2020, fue puesta bajo arresto domiciliario. En octubre de 2022, la jueza que envió a Torres a juicio, Claudette Domínguez, revocó una medida que le impedía hacer campaña política y le concedió la libertad condicional, facilitando su regreso a la vida política. Luego, un mes después, Domínguez archivó el caso contra Torres y la supuesta financiación ilícita de la campaña de la UNE, liberando a Torres de cargos penales pocas semanas antes de que se inscribiera como candidata presidencial para las elecciones de 2023.
Domínguez, que preside casos de corrupción de alto impacto en los tribunales penales de más alto nivel de Guatemala, ha fallado anteriormente a favor de élites militares y políticos de alto nivel acusados de corrupción. Y su decisión de archivar el caso de Torres se produjo pocas semanas después de que los votos de los diputados de la UNE ayudaran al bloque de Giammattei a lograr objetivos clave en el Congreso, incluida la reelección de la operadora de Giammattei en el partido Vamos, Shirley Rivera, como presidenta del Congreso y la aprobación de un presupuesto nacional reforzado para 2023. El precedente legal que se utilizó para justificar la decisión provino de la Corte de Constitucionalidad, que a finales de 2021 dictaminó por unanimidad que Torres no podía ser procesado por no registrar las contribuciones de campaña de 2015, ya que esto no era un delito según el código penal del país en el momento de la presunta infracción.
La Fiscalía General también ha fallado a favor del bloque de la UNE. En 2019, la Fiscal General Porras retrasó la imposición de cargos adicionales, por parte de los fiscales, contra Torres por financiamiento ilícito de campaña, dándole tiempo para inscribirse como candidata presidencial y, por lo tanto, obtener inmunidad política, según un exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que más tarde acusó a Porras de abusar de su autoridad. Los fiscales no han apelado la decisión de archivar el caso de financiación ilícita de campaña contra ella.
TSE: Entrar en la papeleta electoral
Torres también se ha beneficiado de sentencias favorables del TSE, la máxima autoridad electoral del país. El TSE ordenó a la UNE restituir a Torres como líder tras una rebelión interna que amenazó su control del partido. Funcionarios de UNE alegaron que la decisión del TSE formaba parte de un pacto entre Giammattei y Torres para asegurar la reelección del entonces presidente del Congreso, Allan Rodríguez (Vamos). Desde la ruptura, algunos de los rebeldes han pasado a formar otro partido político (Voluntad, Oportunidad y Solidaridad – VOS), mientras que los restantes representantes de la UNE han tendido a votar en línea con la coalición del presidente.
El TSE y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también han rechazado los recursos que pretendían impedir que Torres se presentara como candidata presidencial en las elecciones de 2023 alegando que su compañero de fórmula era un ministro de la Iglesia (la Constitución guatemalteca prohíbe que los ministros se presenten a las elecciones). Algo que ha supuesto un cambio de suerte para Torres, ya que, en 2011, el TSE y la CSJ le impidieron presentarse a las elecciones, alegando la prohibición constitucional de que el cónyuge del actual presidente se presente a las elecciones.
Los magistrados de la CSJ también han protegido a otros funcionarios de la UNE de ser procesados. Por ejemplo, votaron en contra de un amparo de 2019 que buscaba despojar a Estuardo Vargas de su inmunidad parlamentaria y permitir que los fiscales lo investigaran por presunto financiamiento ilícito de campaña. Tal y como le declaró un diputado a InSight Crime, el principal contacto del bloque en el TSE parece ser Mynor Franco, uno de los cinco magistrados permanentes del tribunal. Anteriormente, Franco formó parte de la CSJ y, en 2011, fue el único magistrado que votó a favor de permitir que Torres se presentara como candidata.
Siguiente: