Por Daniela Sánchez Lemus / F4GT
Con información de la denuncia ciudadana de Sergio Vega / Púchica Muchá
Durante más de cinco meses, miles de familias en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala respiraron, sin saberlo, un pesticida de alta toxicidad que afecta el sistema nervioso central y puede causar convulsiones, parálisis o incluso la muerte. Las autoridades confirmaron que el químico es terbufós, y que era almacenado de forma irregular por Almacenadora del País, S.A. (ALPASA). Sin embargo, no hay sanciones públicas ni responsables judicializados.
Desde el 6 de febrero, vecinos de Ciudad Real I y II, Reformita, Miles Rock, Villas de la Colina y otras colonias cercanas a la Avenida Petapa comenzaron a reportar un olor químico sofocante que se intensificaba en la madrugada. Presentaban síntomas como náuseas, ardor en los ojos, dificultad respiratoria y dolor de cabeza.
Frente al silencio institucional, el ciuadano Sergio Vega, desde la página de Facebook Púchica Muchá, hizo pública la denuncia el 16 de junio. “La zona sur de la Ciudad de Guatemala estaba siendo envenenada”, escribió. Su publicación, acompañada por testimonios comunitarios, encendió las alarmas en redes sociales y obligó a las autoridades a pronunciarse.
El MARN identifica el químico y señala a ALPASA
El 28 de julio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó que, tras una serie de inspecciones realizadas entre el 16 de junio y el 4 de julio, se identificó el producto como terbufós, un pesticida clasificado por la OMS como “Clase Ia”: la más letal. Inhibe el sistema nervioso, afecta la respiración y puede ser mortal incluso por inhalación o contacto con la piel.
El MARN inspeccionó las bodegas de ALPASA, ubicadas en un almacén fiscal alquilado por la empresa, donde encontró contenedores deteriorados con residuos de terbufos. La sustancia había permanecido allí por más de 26 años, sin licencia ambiental para su almacenamiento.
El Ministerio coordinó con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA) para tomar muestras del producto y del agua en la zona afectada. Se exigió a ALPASA tomar medidas para aislar los contenedores y detener las filtraciones. Finalmente, el 11 de julio se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP).
“¿Quién envenenó a miles?”, pregunta la comunidad
Para Vega, este caso no se trata de un incidente ambiental más, sino de una agresión química que debe ser tratada como una tentativa de homicidio colectivo. Aunque el nombre de la empresa fue finalmente revelado por el MARN, ningún funcionario ha informado si ALPASA será sancionada, clausurada o investigada penalmente más allá de la denuncia formal.
“El veneno estuvo en el aire cinco meses y medio. El silencio institucional es encubrimiento. Y el encubrimiento es complicidad”, advirtió Vega. También señaló la ausencia de respuesta del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y las autoridades municipales de Villa Nueva y Petapa, que ignoraron las alertas iniciales.
El riesgo continúa, sin atención médica ni justicia
Aunque el MARN asegura que las emanaciones han sido contenidas, vecinos reportan que el olor persiste, aunque en menor intensidad. No se han desplegado brigadas médicas, ni existe un protocolo de diagnóstico para las personas expuestas al terbufos. “Un solo contacto puede alterar el sistema nervioso de forma irreversible”, alertó Vega.
El tratamiento médico requiere antídotos como atropina, monitoreo bioquímico constante y soporte respiratorio. Ninguna de estas medidas ha sido ofrecida a las comunidades afectadas.
La responsabilidad identificada, pero sin consecuencias
Hoy, la evidencia es clara:
– El químico es terbufós.
– La empresa es ALPASA.
– El almacenamiento era ilegal.
– El daño fue real y masivo.
Pero no hay clausuras, capturas ni reparaciones. El Ministerio Público no ha informado avances del caso. Y mientras tanto, las comunidades siguen sin saber si el aire que respiran está libre de toxinas.
“El veneno no puede quedar en el olvido, ni la impunidad puede ser la norma”, advirtió Vega. Y finalizó con un llamado claro: “No hay democracia si el pueblo respira veneno. Y no hay justicia mientras el criminal siga operando como si nada.”